La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico informó que no apoya la propuesta del Gobierno para emitir cheques de incentivos de hasta $500 a empleados y retirados del sector privado, e instó a la Mandataria a que, en vez de brindar ese apoyo incremental al segmento de la población que recibe salarios o ya recibió alguna ayuda económica sustancial mediante paquetes federales o locales de emergencia, el gobierno enfoque ahora su atención en quienes más necesitan la ayuda, incluyendo a las personas sin hogar; las familias de bajos ingresos, quienes carecen de suficiente alimento; los adultos y niños con discapacidades, al igual que los que carecen de servicio de internet, transporte y otros factores personales que impide el acceso a los programas existentes.
En declaraciones el ente fiscalizador indicó que el impacto de la pandemia ha tenido graves consecuencias, tanto para el pueblo de Puerto Rico como para la comunidad empresarial, particularmente porque varios municipios continúan en la lucha para salir a flote a pesar de los terremotos recurrentes. La Junta de Supervisión ha estado trabajando estrechamente con el Gobierno para ayudar a los más afectados por estos trágicos eventos.
El presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión, y la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, se reunieron con la Primer Ejecutiva, para discutir varios asuntos fiscales relacionados con el COVID-19, así como los esfuerzos requeridos para atender a la región suroeste afectada por los terremotos.
Asimismo, se informó que Carrión y Jaresko hablaron con la Gobernadora sobre la necesidad de un plan de redesarrollo integrado y abarcador para la reconstrucción económica a largo plazo de la región suroeste, centrado en una reconstrucción cuyo resultado sería mayor resiliencia. Esto tomaría en cuenta la economía post COVID-19, la emigración, los posibles riesgos permanentes a las poblaciones que han sido víctimas de los terremotos y la erosión, tras el huracán María, entre muchas otras desavenencias.
De igual manera, exhortó al Gobierno a expandir la propuesta de recogido de escombros y demoliciones con el fin de que incluya otros municipios afectados, como Ponce y Yauco. Además, la Junta indicó que está preparada para reunirse con los alcaldes; la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3); y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para delinear el camino a seguir.
La Junta de Supervisión aprobó $9 millones para la demolición urgente y el recogido de escombros en la región suroeste tras los terremotos recientes, lo que representa un prerrequisito para la reconstrucción.
En el día de hoy la Gobernadora anunció el desembolso de incentivos de $4,000 para personal de enfermería y de primera respuesta, así de $3,500 para policías municipales.
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