(20 de julio de 2020 – La Fortaleza, San Juan) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó que convoca a la Asamblea Legislativa a reunirse en su Quinta Sesión Extraordinaria con el fin de atender importantes medidas de salud y retiro, entre otras.
“Tal como anticipé y como nos comprometimos con el pueblo, estoy convocando a una Sesión Extraordinaria para atender asuntos medulares para todos, en especial la salud. Durante mi Mensaje de Estado, me comprometí a velar por los pacientes. Cónsono con la política pública de procurar servicios de salud ágiles, accesibles y eficaces, y hacerle justicia social tanto a los pacientes como para los profesionales de la salud para que todos los ciudadanos reciban servicios de salud de calidad, estaremos radicando dos medidas de administración para enmendar el la Ley de Farmacias de Puerto Rico y el Código de Seguros con el fin de agilizar el proceso de adjudicación y pago de las reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras”, explicó la primera ejecutiva.
La medida 128 busca acortar el periodo de tiempo que tiene la aseguradora para contestar la reclamación de denegatoria de cubierta por servicio o tratamiento de salud de 72 a 48 horas, y en el caso de medicamentos controlados, se reduce de 36 horas a 24 horas.
Además, las aseguradoras, en la mayoría de las ocasiones, utilizan lo relacionado al cumplimiento de estos criterios por parte del profesional de la salud en el proceso de diagnóstico y tratamiento como subterfugio para detener el pago por servicios ya prestados de estos proveedores de salud. Para atender esta problemática, esta legislación aclara que en ninguna circunstancia la discreción médica al recetar un medicamento o proveer un servicio de salud reconocido por las normas generalmente aceptadas por la comunidad médica, puede ser alterada por los criterios de revisión clínica utilizados por la organización de seguros de salud o aseguradora.
“De ahora en adelante, será criterio rector y exclusivo para determinar el tratamiento a seguir en un paciente y no puede ser alterada por una aseguradora de salud. De ahora en adelante los tratamiento y servicios de salud los determina exclusivamente el médico y no la aseguradora”, destacó la gobernadora.
Mientras, la medida 129 pretende enmendar la Ley 5-2014, conocida como “Ley para Establecer la Política Pública del ELA Relacionada con la Interpretación de las Disposiciones del Código de Seguros de Salud y Emitir Prohibiciones” para esbozar unas guías más claras con el propósito de que los reglamentos que se promulguen sobre los procesos de revisión de utilización para los servicios médico-hospitalarios sean más precisos y eficientes.
También busca que se cumpla con la ley en cuanto al pago puntual por parte de las aseguradoras, que es un término de 30 días, y se enfatiza en que las guías de revisión clínica utilizadas en el proceso de revisión de utilización no podrán ser sustituidas por la discreción médica a la hora de proveerle los servicios de salud a los pacientes, siempre y cuando se ofrezcan dentro de los estándares reconocidos por la comunidad médica.
Una de las enmiendas es para definir lo que constituye factura limpia o “clean claim”, de manera que se pueda estandarizar el concepto factura limpia, haciéndolo obligatorio y vinculante para todo contrato entre aseguradora y proveedor de servicios de salud, proveyendo términos precisos y claros sobre el contenido mínimo que conforma una factura limpia tanto para la aseguradora como para el proveedor de servicios de salud.
También se atenderá el Proyecto del Senado 1528, que establece la “Ley de protección al paciente ante las facturas médicas sorpresa”, y enmienda el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico a los fines de atajar las llamadas “facturas sorpresa” en la facturación de los planes de salud, establecer protecciones al consumidor, transparencia, control de costos y responsabilidad, fuera de la red de proveedores.
La gobernadora también indicó que someterá un proyecto de administración para elevar a rango constitucional el Retiro de los servidores públicos.
“Nuestros servidores públicos merecen justicia. Por años trabajaron arduamente y se les descontó su retiro, para que ahora se vean afectados. No es justo y, por ende, merecen que el pago de su retiro se eleve a rango constitucional”, sostuvo Vázquez Garced.
Esta iniciativa propone celebrar un Referéndum el día de la Elección General, mediante el cual se le consulte al pueblo si desea que se enmiende la Constitución de Puerto Rico para: reconocer el derecho constitucional de todo servidor público y de todo retirado del gobierno a tener acceso a una pensión, y busca colocar el pago de las pensiones de todos los retirados, incluyendo a los del Sistema de Maestros y los de la Judicatura en el primer orden de jerarquía junto con el pago de los intereses y amortización de la deuda pública.
“Esto significaría un cambio profundo en el orden actual ya que, al presente, el pago de las pensiones está rezagado y solamente procede luego de que se paguen los intereses y amortización de la deuda, los compromisos contraídos en virtud de contratos legales en vigor, sentencias de los tribunales en casos de expropiación forzosa, entre otras obligaciones”, agregó la primera mandataria.
Otras medidas que se someterán para evaluación durante la Sesión Extraordinaria son la Resolución Conjunta de la Cámara 766 para asignar $536 millones a la Reserva de Emergencia para Título 3; la Resolución Conjunta de la Cámara 737 para asignar $20 millones en donativos legislativos para destinar a las organizaciones sin fines de lucro. Igualmente, la Resolución Conjunta del Senado 547 para autorizar al Secretario de Hacienda proveer Asistencia de Emergencia para otorgar un préstamo de hasta $185 millones al CRIM para atender los desafíos causados por la pandemia del COVID-19. Todas estas medidas fueron aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal.
Entre otras, se atenderá el Proyecto del Senado 1447, medida de administración para establecer la Ley de Responsabilidad en la Emisión de la Deuda, a los fines de crear una política de administración de deuda uniforme, transparente y responsable que regirá en la emisión de cualquier deuda futura que sea autorizada por el gobierno para que la deuda no salga de gastos operacionales, sino de infraestructura; el Proyecto de la Cámara 306 para prohibir el acoso laboral; evaluar los proyectos de la Cámara 2143 y 2144, que propone aumento de sueldo para enfermeras que trabajan tanto en el sistema público como en el privado a partir del 2022; y el Proyecto de la Cámara 2075, que pretende que el Negociado de Ciencias Forenses no sea parte del Departamento de Seguridad Pública para que pueda ser una agencia aparte e independiente, y pueda generar sus propios fondos.
Hay otros dos Proyectos del Senado, el 1648 y el 1649 que fueron solicitados por el Departamento de Hacienda, que son para modernizar el Seguro Obligatorio y permitir el uso de documentos electrónicos en la facturación del gobierno.
También relacionado a la salud, está el Proyecto de la Cámara 2546 para que Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) pueda monitorear los casos de sobredosis. Y el Proyecto del Senado 1223, que enmienda la Ley para Crear la Junta Examinadora de Quiroprácticos a los fines de permitir la práctica de los estudiantes de quiropráctica en la isla, entre otras medidas.
La primera ejecutiva anunció además que firmó la medida que permite que la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) transfiera viviendas reposeídas para los afectados por los terremotos. Este proyecto enmienda la ley orgánica de la AFV, lo que le permite transferir la titularidad de las viviendas reposeídas a los municipios y estos, a su vez, puedan proveer viviendas seguras a las personas que perdieron sus propiedades durante los temblores que se han registrado desde finales del año pasado.
“Esto permite que los municipios de Ponce, Guánica, Yauco, Utuado, Guayanilla y Peñuelas puedan donar o ceder en usufructo las viviendas a los que perdieron sus casas”, destacó Vázquez Garced.