EL CAPITOLIO – La Comisión de Salud continuó hoy, miércoles, el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1641 que busca enmendar la Ley 77-1957, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico” con el propósito de atender el problema de acceso a servicios de salud que actualmente existe en Puerto Rico por la falta de profesionales.
De igual forma, la medida busca detener el éxodo de médicos y proveedores de la salud a los Estados Unidos, que salen del país en búsqueda de mejores condiciones de empleo por sus servicios prestados.
‘’En nuestra Comisión, seguiremos trabajando consistentemente con este tema y buscaremos todas las opciones para detener el éxodo de profesionales en Puerto Rico. No vamos a permitir que esto continúe y nuestro compromiso se concentra en contribuir con mejorar las condiciones de empleo y hacerle justicia a nuestros profesionales de la salud’’, expresó la presidenta de la Comisión, Sol Higgins Cuadrado.
A la audiencia pública compareció la Lcda. Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), el Dr. Raúl Dámaso Ortiz, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) y el Dr. Antonio Otero, presidente de la junta de directores de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología (SPOT).
Por su parte, Otero informó que la dinámica de no regreso de los profesionales, predominan las dificultades en contratación y las tarifas ofrecidas por las aseguradoras.
Asimismo, el Doctor destacó que actualmente hay 125 cirujanos ortopedas en Puerto Rico representando 3.9 ortopedas por cada 100,000 habitantes. ‘’Esta es la cifra más baja comparado con los Estados Unidos. Además, más del 95 por ciento de los ortopedas son entrenados en el Recinto de Ciencias Médicas, a la vez que un 100 por ciento realiza subespecialidad. En esa etapa, se queda un 50 por ciento en los Estados Unidos’’.
‘’Los residentes del programa de ortopedia quieren regresar a Puerto Rico o quedarse aquí. No obstante, los ofrecimientos económicos, la contratación y compensación con las aseguradoras, son la razón principal de emigrar o no regresar a la Isla’’, sostuvo Otero.
En tanto, Otero avaló el estatuto y resaltó que es imperativo la acción legislativa para que se establezca un mecanismo efectivo que propicie la negociación colectiva de las tarifas de los proveedores.
Por otro lado, Dámaso Ortiz respaldó la legislación y recomendó que se debe impulsar la retención y atracción de profesionales de la salud en Puerto Rico.
‘’El Colegio de Dentistas está listo para colaborar en la adopción de medidas urgentes para mejorar nuestro sistema de salud, centrado en el bienestar del paciente y priorizando el trato justo y razonable a los proveedores de salud que luchan diariamente frente a condiciones de contratación y compensación injustas e inadecuadas’’, indicó Damaso Ortiz.
ACODESE se pronuncia en contra del proyecto
Por su parte, Pernas expuso que la fuga de talentos en Puerto Rico no está atada a los aseguradores y la clase médica. ‘’Existen otros elementos que impactan el desarrollo económico en general. La Isla tiene una población envejeciente cuyo costo de vida ha incrementado dramáticamente’’.
‘’Debemos destacar que, luego de la aprobación de la Ley 203-2008, el Gobierno ha incorporado legislación para promover la retención de médicos en Puerto Rico. Estas medidas no han demostrado un incremento en la retención de la clase médica puertorriqueña ni un retorno de los médicos que han emigrado’’, agregó.
De igual forma, la Directora Ejecutiva de ACODESE dijo que no endosan la medida, ya que pretende establecer una carta en blanca para la imposición de negociaciones colectivas de proveedores de salud ante los aseguradores. ‘’Este proyecto eliminaría el esquema regulador establecido en la Regla 91, que es lo que permite al Capítulo 31 del Código de Seguros mantener un balance en busca de mejores condiciones para la negociación para los proveedores de salud’’.
‘’De aprobarse esta medida legislativa, podría aumentar el número de personas no aseguradas y de patronos que desistan de ofrecer un plan médico a sus empleados. Esta medida tendría un efecto inevitable sobre el mercado de seguros en Puerto Rico lo que, a su vez, trastoca las operaciones de la industria en general, resultando en primas más altas para los consumidores’’, puntualizó Pernas.