EL CAPITOLIO – La Comisión de Impacto Comunitario celebró hoy, miércoles, una vista pública sobre el Proyecto del Senado 788, que busca establecer el Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico.
Además, el proyecto de ley busca crear la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar; establecer el Consejo Directivo de la Oficina, su composición, definir sus facultades, responsabilidades y poderes; establecer el cargo de Coordinador de la Oficina, definir sus facultades, responsabilidades y poderes.
“Durante los últimos años hemos visto un aumento en la cantidad de personas sin hogar. Una mayoría de esta población se ha enfrentado a eventos que han marcado sus vidas, ya sea a nivel biológico, mental o social, y los confronta a una nueva realidad de vida”, sostuvo la presidenta de la Comisión, Lydia Méndez Silva.
A la audiencia pública compareció la secretaria auxiliar de la Secretaría de Desarrollo y Subsidio de la Vivienda del Departamento de Vivienda (DV), Nivia Díaz Pacheco, quien resaltó que en el 2022 se identificaron 1,026 personas sin hogar en Puerto Rico, entre las edades de 25 a 49 años y el 7.1% indicó deambular en núcleos o familias.
“Aunque esto representa una reducción en esta población, la cual se estimó en 1,345 personas para el año 2019 y 1,883 en el 2017, la carencia de hogar complica la recuperación de problemas sociales, abuso de sustancias, trastornos de salud mental y otros problemas de salud”, abundó la funcionaria.
Según Díaz Pacheco, la Administración de Vivienda Pública (AVP) administra el Programa de Vales para la Libre Selección de Vivienda (conocido como Sección 8), el cual provee un subsidio para el alquiler de viviendas en el mercado privado, y da asistencia a 12,875 familias de bajos recursos, con un presupuesto anual de aproximadamente $82 millones.
Además, el DV promueve aproximadamente 70 proyectos dirigidos a la población de edad avanzada con 5,300 unidades de vivienda alrededor de Puerto Rico. “Los programas bajo la agencia gubernamental son subvencionados con fondos federales y están sujetos a la reglamentación federal aplicable, cuyo cumplimiento pondría en peligro la asignación”.
Aunque la entidad gubernamental apoya la medida en discusión, ya que tiene como fin mejorar la calidad de vida y los servicios provistos a la población sin hogar, Díaz Pacheco recomendó a que se revise el proyecto de ley para “asegurar que no esté en conflicto con los requisitos aplicables de programas federales”.
Por otro lado, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) entiende que la solución al problema del sinhogarismo no es crear otra estructura gubernamental, sino fortalecer la planificación y política pública dirigida a la población a servir.
“Las circunstancias sociales a las cuales se circunscribe el fenómeno del sinhogarismo han estado presentes en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales”, aseveró la gerente de Alcance y Apoyo Comunitario de la Administración Auxiliar de Tratamiento de la ASSMCA, Yesenia Mojica Figueroa.
“Uno de los fines principales que debe suponer el esfuerzo del Estado para eliminar el fenómeno del sinhogarismo es la erradicación del estigma social que presupone la exclusión social, así como el reconocimiento de los retos, barreras y desafíos que inciden en la vida de las personas”, añadió.
Mojica Figueroa anunció ante la Comisión cameral que el Departamento de Vivienda Federal aprobó varias propuestas para servir a la población sin hogar en Puerto Rico. Las propuestas aprobadas fueron: Hogar Seguro para el Oeste; Vivienda Transitoria; y Jóvenes Estables de Cuidado Continuo.
“Recientemente nos llegó la carta de aprobación. Esperamos que en el mes de agosto esté listo para los ciudadanos sin hogar”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la directora de la oficina de asesoramiento legal del secretariado del Departamento de la Familia (DF), Carolina Guzmán apuntó que, aunque entiende que la medida tiene un fin loable, existen una serie de preocupaciones que tienen que ser atendidas para que sea viable.
“Como primer paso, la Asamblea Legislativa debería evaluar cómo la medida impacta los esfuerzos que lleva a cabo el Gobierno de Puerto Rico, el cumplimiento de otras leyes existentes y la otorgación de los fondos federales”, apuntó Guzmán, quien recalcó que es importante que no se ponga en riesgo el financiamiento con el cual se ayuda a la población sin hogar.
La directora de asesoramiento legal sostuvo que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con un marco legal que atiende a las personas sin hogar o en riesgo de perderlo, y un plan consolidado de las distintas agencias que reciben fondos federales para brindar soluciones de manera comprensiva en unión a las organizaciones sin fines de lucro y municipios.
“La medida que examinamos no parece reconocer los esfuerzos que durante las pasadas décadas han realizado los Sistemas de Ciudado Continuo (CoC’s) en conjunto con el Gobierno para lograr la meta común de erradicar el sinhogarismo”, apuntó.
De su parte, Sixto Marrero, subsecretario del Departamento de Rehabilitación y Corrección (DRC) destacó que según el “Perfil de la Población Confinada”, preparado en noviembre de 2019 por la Oficina de Desarrollo Programático de la Secretaría Auxiliar en Gerencia y Administración, solo el 15.32% de los confinados eran propietarios de sus viviendas.
Mientras, el 51.38% de los reos vivía en una residencia propiedad de un familiar, 17.55% en una residencia subsidiada por el gobierno, 11.99% residía en una vivienda alquilada, 1.97% estaba alojado con otros, 0.73% era deambulante, y 0.22% vivía en un hogar sustituto.
Ante esto, al llegar el momento en que estos confinados sean liberados, no necesariamente tendrán un hogar al que regresar.
La Orden Administrativa Núm. 2018-02 del DCR estableció un procedimiento para la identificación de las necesidades y los intereses de estos, como, por ejemplo, vivienda.
“Dicho procedimiento incluye la preparación de un Plan de Egreso, 180 días antes de la salida del confinado, que lo oriente e informe dónde acudir para cubrir sus necesidades una vez se reintegre a la libre comunidad y referidos a las correspondientes agencias de gobierno y organizaciones de la libre comunidad”, explicó Marrero.
Al concluir, la legisladora Méndez Silva adelantó que las vistas públicas respecto a este tema continuarán. “La calidad de vida es prioridad para todos los ciudadanos puertorriqueños. El asunto de las personas sin hogar es un tema de gran importancia en Puerto Rico”, subrayó.