La historia reciente de Miguel Ángel González Vargas ha captado la atención del país, por no tratarse de un criminal, y representar —a los ojos de muchos— un héroe, un padre harto de la indiferencia institucional. Aunque nadie debe aplaudir la violencia ni la toma de justicia por mano propia, este caso refleja una verdad incómoda: la frustración de una sociedad que ve cómo los derechos civiles parecen proteger más a los agresores que a las víctimas.
La imagen de este hombre tomando acción directa contra el que presuntamente abusó de su hija ha provocado reacciones encontradas. Mientras las autoridades insisten en que este tipo de actos no deben celebrarse, miles de ciudadanos lo ven como la única reacción humana posible ante un sistema que castiga más a quien se defiende que a quien destruye vidas impunemente.
Durante años, el aparato judicial ha operado con una lentitud exasperante, una ineficacia preocupante y una sensibilidad selectiva. Las denuncias de violencia doméstica se pierden entre papeleo, indiferencia de servidores públicos y protocolos que no llegan a tiempo. Las víctimas reales se transforman en estadísticas, y sus agresores, en fantasmas libres por la calle, amparados por tecnicismos legales y discursos sobre la rehabilitación, algo que parece más sarcarsmo que raya en cinismo.
En nombre de los derechos civiles —una bandera que nació para proteger la dignidad humana— se ha llegado al absurdo de garantizar más la protección al criminal, al que navega al margen de la ley y la moral, que a la persona decente, que trabaja, cría a sus hijos y espera justicia. ¿Dónde queda el derecho a vivir sin miedo? ¿Quién protege a las víctimas cuando el Estado falla?
La reacción social frente al caso González Vargas no es un apoyo ciego a la violencia, sino una señal de alerta. Es el reflejo de un pueblo cansado de ver cómo la impunidad se disfraza de legalidad, y cómo las instituciones olvidan que su función no es proteger sistemas o discursos populistas, sino a la población.
La comparación de la mayoría de los sistemas legales, incluído en el de nuestra Isla, con el modelo de seguridad adoptado en El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele no es casual. Allí, un enfoque firme contra el crimen —aunque polémico— ha logrado reducir drásticamente la violencia, recuperando la paz en zonas que antes estaban dominadas por el miedo. Aunque muchos pueden criticar su método, su eficacia parece ser incuestionable.
Puerto Rico no necesita convertirse en un Estado punitivo sin controles. Pero sí urge un cambio de rumbo. La ley, en especial la manera que se aplica, debe servir para garantizar justicia, no para proteger a los victimarios mientras las víctimas mueren esperando protección real, que vaya más allá de un papel sin valor real, que sólo sirve para que las autoridades se laven las manos.
Este caso nos obliga a mirar hacia adentro: ¿qué clase de sociedad estamos construyendo cuando un padre desesperado actúa más rápido que todo un sistema de justicia?
¡Es hora de devolverle el encanto a nuestra Isla!
* El autor es comunicador con más de 25 años de experiencia y posee un juris doctor.