La gobernadora Jenniffer González Colón tiene ante sí una decisión que pondrá a prueba su compromiso con la justicia y el sentido común: decidir si concede o no un indulto a Melvin Camilo Mathews Medina, convicto por la muerte de una joven en un accidente que él mismo provocó al conducir ebrio y luego huir de la escena como todo un cobarde. Cualquier intento de excusar su conducta con un perdón adelantado no sólo sería una ofensa directa a la memoria de Lara Camila González Ortiz, sino también una afrenta al país que exige consecuencias reales para actos tan graves.
Los hechos no están en disputa. En septiembre de 2023, Mathews Medina conducía en estado de embriaguez cuando chocó violentamente en Vega Baja. Su acompañante, de apenas 21 años, salió expulsada del vehículo y murió en el acto. Él, lejos de enfrentar las consecuencias, optó por huir a pie y abandonar el cuerpo de su amiga. Fue arrestado después, y en noviembre de 2024 se declaró culpable. A pesar de que enfrentaba una posible condena de hasta quince años, fue sentenciado a solo dos años de prisión, además de multas, revocación de licencia y libertad supervisada. Ya desde entonces se le mostró una indulgencia considerable.
Ahora, a menos de un año de aquella sentencia, su padre ha acudido a La Fortaleza a solicitar descaradamente nuevamente un indulto, porque ya había solicitado uno durante la administración de Pedro Pierluisi. Y aunque la gobernadora ha aclarado que no ha concedido ninguno desde que asumió el cargo, la sola posibilidad de considerar esta petición merece una respuesta clara por parte de todos: no se puede premiar la cobardía, la irresponsabilidad ni la muerte impune.
Mathews Medina ya recibió un trato generoso del sistema. La fiscalía y el tribunal le ofrecieron una oportunidad de redención con una sentencia reducida. Pero ese gesto no parece ser suficiente para su familia. Ahora se pretende que la Primera Ejecutiva borre lo poco que quedó de esa responsabilidad legal. ¿En nombre de qué? ¿Del arrepentimiento tardío? ¿De la presión de un padre dolido que, como cualquier padre, busca lo mejor para su hijo, sin medir el daño que eso representa para la familia de la víctima?
No podemos olvidar que aquí murió una joven. No fue un accidente sin consecuencias. Alguien perdió la vida. Alguien que tenía sueños, familia, futuro. Alguien que no está aquí para pedir justicia por sí misma. Si el Estado no defiende su memoria, si la justicia se convierte en un trámite más que puede anularse con llamadas a Fortaleza, entonces ¿qué mensaje estamos enviando como sociedad?
El indulto no fue creado para borrar delitos tan graves ni para deshacer sentencias que ya son bastante benévolas. El indulto es una herramienta extraordinaria que debe usarse con extrema precaución, para corregir injusticias claras o excesos del sistema. No para aliviar culpas de quien ya recibió un trato favorable.
La gobernadora tiene el poder, sí. Pero también tiene la responsabilidad de utilizarlo bien. En este caso, ejercer ese poder sería un grave error. No solo dañaría su credibilidad como líder que promete orden y justicia, sino que abriría la puerta a que otros delincuentes, amparados en conexiones o presión mediática, pidan el mismo favor.
La justicia no puede depender de quién hace más llamadas o de cuán influyente es la familia del convicto. La justicia tiene que estar del lado de los que ya no tienen voz, como Lara Camila. Por respeto a ella, por respeto al dolor de su familia, y por respeto al país que exige consecuencias reales, Jenniffer González debe rechazar cualquier intento de indulto en este caso.
Este no es un asunto político. Es un asunto moral.