EL CAPITOLIO — La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, presidida por la vicepresidenta senatorial del Senado, la senadora Marissa Jiménez Santoni, continuó hoy las vistas públicas relacionadas con la Resolución del Senado 2 que busca investigar la expansión y operación del vertedero del Municipio Autónomo de Carolina para evaluar el proceso de otorgación de permisos, así como los posibles efectos ambientales y de salud pública a raíz de esta expansión.
“Donde se están tirando los desperdicios de Carolina, es un área protegida… El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el municipio dicen que todo está bien… Esto no es político, esto es cuestión de salud. El Distrito de Carolina tiene cuatro vertederos, porque se suman los de Vieques y Culebra… Voy a tomar todas las recomendaciones que están en el plan de mitigación, para hacer nueva legislación, porque no podemos dejar que las leyes se vayan unas encima de otras, y más cuando se habla de temas de salud”, expresó la senadora Jiménez Santoni.
En primera instancia, los integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, Ada Monzón y Carl Soderberg se posicionaron con reservas ante estos espacios, considerando el reciclaje como una de las soluciones más viables. “Lo vertederos son la tercera fuente de gases de efecto invernadero en Puerto Rico… En vez de construir más vertederos, que se cambie el paradigma para intentar reducir la cantidad que se genera de basura”, comentó Soderberg. De modo que, recomendó adoptar la política de otros países en donde se han implementado proyectos de reciclaje impulsados por el gobierno. Sin embargo, reconoció que en Puerto Rico resulta más económico y viable, para los municipios, crear vertederos nuevos antes que centros de reciclaje.
A su vez, Soderberg hizo hincapié en la problemática que tienen los lixiviados, es decir los líquidos que se filtran de los vertederos y contienen sustancias peligrosas para la salud de los ciudadanos, en estos terrenos. Explicó que la mayoría de los 23 vertederos a través de Puerto Rico, de los cuales cuatro están en el Distrito Senatorial de Carolina, tienen el mismo problema en donde no se controla la cantidad de lixiviados que caen en cuerpos de agua que utilizan los puertorriqueños.
“Esto es bien preocupante, lo que está ocurriendo con todos los contaminantes para el pueblo de Puerto Rico… los vertederos están encima de cuerpos de aguas, y lamentablemente nuestros constituyentes están utilizando una técnica para extraer agua del suelo y el problema es que esas aguas están siendo contaminadas por los lixiviados que surgen del sistema de relleno sanitario del Municipio de Carolina”, sentenció el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez.
A preguntas de la senadora Wandy Soto Tolentino, la experta ambientalista Monzón indicó que la prioridad debe ser la salud de las personas en Puerto Rico, sobretodo en tiempos del cambio climático, “y todo lo que ponga en riesgo la vida de las personas, se debe tener siempre como centro, la vida, y para eso debemos tener siempre la empatía. Le pido a la Comisión que mire los temas de esta forma”.
El licenciado Carlos Santa, abogado de la Junta de Planificación de Puerto Rico, leyó la certificación firmada el 23 de junio por su secretario, Edgardo Vázquez Rivera, que determinó la clasificación actual del predio ubicado en la carretera 874 del Barrio Hoyo Mula, en Carolina. Según el Plano de Calificación de Suelo adoptado mediante la Resolución JP-PT-20-05, el terreno está clasificado como Conservación de Recursos Uno (53.5%), Conservación de Recursos Dos (4.1%), Conservación de Recursos Arqueológicos (22.2%), Conservación de Recursos (34.0%) y Área de Planificación Especial Restringida del Carso e Industrial de Industrias Pesadas Limitadas (20.2%). Además, el predio se encuentra dentro de un distrito sobrepuesto del Área de Planificación Especial del Carso (APE-RC), aprobado en 2014.
Históricamente, la parcela fue clasificada como Residencial de Baja Densidad (R-0), de acuerdo con los mapas de zonificación de 1966 y 1985. Posteriormente, el terreno fue reclasificado mediante resoluciones adoptadas en 1992, 2000 y 2007, lo que dio paso a su categorización actual, incluyendo la inclusión en la planificación especial del Carso.
Conforme al Mapa del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, adoptado mediante la Resolución PUT-2014, el terreno está clasificado hoy como Suelo Rústico Especialmente Protegido Ecológico (SREP-E) en un 65%, y Suelo Rústico Común (SRC) en un 35%. Los usos permitidos y los parámetros de diseño para este predio deberán ser evaluados de acuerdo con el Reglamento Conjunto 2023 y el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC).
Cuando se califica un terreno se hace con la asistencia del municipio y la orientación de la Junta de Planificación, el municipio determina las áreas que quiere recalificar estableciendo una explicación. En el caso de la celda que se está evaluando en la vista pública, este terreno no está calificado para dicho uso. Ante esto, el licenciado Santa especificó que, finalmente es la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y DRNA, quienes otorgan el permiso. “Es increíble que, para hacer buen uso, no puedan comunicarse el DRNA y la Junta de Planificación”, indicó la presidenta de la comisión senatorial.
En un turno posterior, el senador Sánchez Álvarez, hizo referencia a una querella en donde se pudieron constatar los lixiviados, mediante un informe que el mismo DRNA preparó; mientras, en vistas públicas anteriores se comentó que el vertedero contaba con excelentes condiciones. Por su parte, el jefe de permisos del DRNA, Pedro Guevara respondió que los brotes de lixiviados tienen diferentes grados de magnitud, y el evento comentado no es común en el sistema de relleno sanitario en Carolina. Aunque, la senadora Jiménez Santoni le dejó claro que, en los mismos informes del DRNA se demuestra que la constante problemática de lixiviados.
En un memorial escrito, firmado por el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, declaró que el Sistema de Relleno Sanitario del Municipio Autónomo de Carolina ha mantenido un nivel de operación satisfactorio, cumpliendo consistentemente con los requisitos establecidos en el Reglamento para los Sistemas de Relleno Sanitario. Además, todas las querellas recibidas han sido atendidas con diligencia.
De igual forma, recalca que la División de Cumplimiento de Desperdicios No Peligrosos del DRNA, junto con el operador del Sistema de Relleno Sanitario, ha tomado acción respecto a los señalamientos realizados en dichas querellas y observaciones de las visitas de inspección, las cuales han sido debidamente documentadas. En cuanto a los señalamientos sobre invasión o uso no autorizado de terrenos colindantes, se informó que estos están siendo atendidos en los tribunales, según indicó la representación legal del municipio de Carolina durante la vista pública.
Cabe destacar que, tanto el Municipio de Carolina como Landfill Gas Technology no asistieron a la vista pública, argumentando que estarían participando en una futura Comisión Total, aún sin anunciar, sobre este asunto.
Hacienda Campo Rico pide se protejan los recursos
Contrario a expresiones previas de representantes del Municipio de Carolina, el presidente de Hacienda Campo Rico aclaró que no persigue el cierre del vertedero de Carolina porque redundaría en un problema para la ciudad. No obstante, procuran que opere conforme a leyes y reglamentos y, que se detenga el depósito de basura en la zona de amortiguamiento por el impacto adverso a los recursos y a la economía de la zona.
Rivera Ortiz expresó que de las 35 cuerdas de terreno que constituyen la Zona de Amortiguamiento al norte del vertedero, ya han sido impactadas cerca de 20 cuerdas.
“Se debe frenar el depósito de basura en la zona de amortiguamiento y restaurarse cuanto antes porque ubica encima de un acuífero. En la zona y áreas aledañas además hay sumideros, mogotes, cuevas, petroglifos, humedales y especies en peligro de extinción como el Coquí Llanero”, explicó el portavoz.
Rivera Ortiz indicó que el Municipio de Carolina expropió esas 35 cuerdas de terreno a los antiguos dueños de la propiedad donde ubica la Hacienda Campo Rico, tras la aprobación de la Junta de Planificación (2003), para destinarlos como Zona de Amortiguamiento por su alto valor ecológico y arqueológico. Esa información consta en todas las acciones de la administración municipal ante las agencias estatales como el Memorial Explicativo a la Junta de Planificación de la entonces gerente del Área de Infraestructura y Uso de Terrenos, la ingeniera Mabel López, y en los propios estudios encomendados por el gobierno municipal.
No obstante, la operación del vertedero comenzó a extenderse al norte en la zona de amortiguamiento afectando a los vecinos sin instalar un ‘liner’ para contener los lixiviados de la basura. Todo ello sin la aprobación de una consulta de ubicación de la Junta de Planificación, sin emitir una Declaración de Impacto Ambiental y con la ausencia de vistas públicas. Mencionó que se obtuvo un permiso de la entonces Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) representando de manera falsa que no habría un impacto ambiental significativo y sin mencionar que los terrenos eran una zona de amortiguamiento delimitada por la Junta de Planificación.
Recursos Naturales justifica ampliación del vertedero sin consulta
Precisamente, en la vista pública del Senado hoy el jefe de la sección de Permisos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (Drna), Pedro Guevara, respondió que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) autorizó la ampliación del relleno sanitario en el 2012 porque la protección del karso fue posterior en el 2014. El funcionario no hizo referencia a otras leyes y reglamentos que protegen los recursos naturales y arqueológicos ni al hecho de la Junta de Planificación clasificó el área como la Zona de Amortiguamiento donde el vertedero no se expandiría ni que es parte del Área de Planificación Especial del Bosque de Piñones.
La senadora Jiménez Santoni cuestionó qué acción va a tomar el Drna ahora para que no se siga impactando la Zona de Amortiguamiento y expandiendo más la celda del vertedero. La respuesta de Guevara fue que uno de los mogotes se impactó, pero “el restante de la cordillera San José está protegida”.
Ante esas expresiones, el presidente de Hacienda Campo Rico recabó a las autoridades que hagan cumplir las leyes y reglamentos.
“El depósito de basura en la zona de amortiguamiento afecta recursos naturales y arqueológicos importantes y afecta el valor ecoturístico y económico del área poniendo en riesgo cientos de empleos y a otras empresas, incluyendo ecoturísticas”, puntualizó Rivera Ortiz.
En otra parte de la vista pública, Guevarra indicó que el vertedero opera satisfactoriamente. La senadora Jiménez Santoni se mostró escéptica al planteamiento y respondió que ante su consideración habían al menos cuatro informes del Drna con señalamientos e incumplimientos (10 de junio de 2024, 15 de julio de 2024, 27 de noviembre de 2024 y 14 de abril de 2025). Igualmente, cuestionó a funcionarios del Drna por mentirle cuando alegaron que no había querellas de la ciudadanía pese a que la Comisión de Turismo y Recursos Naturales tiene evidencia de lo contrario.
La senadora solicitó que se entregue a la Comisión un reporte sobre los monitoreos regulares que se hacen a los pozos de lixiviados (jugos de la basura), el registro de entrega de lixiviados a las plantas de tratamiento de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y una explicación detallada del proceso de recirculación de lixiviado que debe darse dentro de la celda.