SAN JUAN – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha refutado enérgicamente las acusaciones de haber impedido la aplicación de la Ley 91-2022, la cual decreta un incremento salarial para los oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, incluyendo a los agentes de los programas de Menores y de Investigación y Arresto Previo al Juicio.
En una comunicación oficial dirigida a Francisco Domenech Fernández, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Robert F. Mujica Jr., director ejecutivo de la JSF, afirmó que “la Junta nunca ha buscado ni ha tomado acción alguna para prevenir la implementación de la Ley 91”. Esta declaración busca aclarar las recientes alegaciones que señalaban a la JSF como responsable de un supuesto retraso en la materialización de los aumentos salariales establecidos en la legislación de 2022.
La Ley 91 estipula un salario base mensual de $2,350 para los mencionados oficiales. Mujica subrayó en la misiva, fechada el 31 de julio de 2025, que “varios presupuestos del Estado Libre Asociado certificados por la Junta han incluido los fondos necesarios para los aumentos provistos por la Ley”.
Sin embargo, la Junta también reafirmó la semana pasada que la Ley 156-2024, que otorga un aumento salarial a los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), no podrá implementarse sin cumplir con los requisitos del Plan Fiscal y las disposiciones de la Ley PROMESA. Dicha ley, firmada en agosto de 2024, establece una paga base de $2,600 mensuales para estos vigilantes, más un incremento adicional de $300. La JSF advirtió que esta ley impone gastos no presupuestados, estimados en $1.39 millones anuales, sin identificar fuentes de ingresos o ahorros para compensarlos.