EL CAPITOLIO – La industria bancaria advirtió este jueves que la población de adultos mayores estaría en una posición más vulnerable ante los delitos cibernéticos de implementarse una medida que busca obligar a las instituciones financieras a proveer a sus clientes la opción de realizar la totalidad de las transacciones en línea.
En vista pública de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, presidida por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, entidades públicas y privadas expresaron sus preocupaciones con el Proyecto de la Cámara 147, que enmendaría la Ley de Bancos de Puerto Rico (Ley 55-1933) para añadir este requerimiento.
“Es harto conocido que la población adulta mayor lleva a cabo muchas de sus diligencias y transacciones del diario vivir de manera presencial, ya que es parte de su desempeño psicosocial y el mantenimiento de su salud y movilidad. Existe un elemento humano en la atención personal que jamás podrá ser sustituido por el servicio virtual”, indicó el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón.
La explotación financiera, el robo de identidad y el lavado de dinero son algunas de las amenazas a las que estaría expuesto este grupo, toda vez que los adultos de 60 años o más representan el 30% de la población de Puerto Rico, aseguró el deponente. Según un estudio desarrollado por “Bank Safe”, una iniciativa de AARP, los adultos mayores valoran más los servicios bancarios que implican interacción personal.
Sin embargo, el análisis reveló que casi un 63% de esta población efectúa operaciones bancarias en línea o a través de una aplicación móvil al menos una vez por semana, por lo que Acarón resaltó que la digitalización es una necesidad que debe implementarse en casos específicos.
A modo de ejemplo, mencionó el servicio de banca a domicilio -que ya ofrecen algunos bancos en Estados Unidos- dedicado a personas mayores de 70 años o clientes con discapacidad que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos por la institución bancaria.
El representante Ángel Morey Noble, autor de la medida, defendió la intención de facilitar los servicios bancarios a los adultos mayores que padecen de problemas en su movilidad y enfrentan dificultades para hacer transacciones presenciales. El legislador radicó el cuatrienio pasado un proyecto con el mismo fin que fue aprobado en la Cámara, pero no prosperó en el Senado.
“La intención legislativa es ayudar a los adultos mayores a que tengan mejor acceso. Esto viene a base de constituyentes que tienen sobre 80 años, que han tenido dificultades con sus hijos en hacer transacciones bancarias en las sucursales y, a la misma vez, tienen condiciones que les limitan su movilidad hacia la sucursal”, afirmó.
Por su parte, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Asociación de Bancos de Puerto Rico coincidieron en que la legislación abre la puerta a una diversidad de riesgos que abarcan desde el cierre de sucursales de instituciones medianas o pequeñas, hasta distintas modalidades de fraude bancario.
“Esto tiene un impacto económico desigual y (pone) en riesgo la estabilidad del sistema. No todas las instituciones financieras cuentan con la estructura tecnológica, ni con los recursos económicos, ni con el apetito de riesgo necesario para implementar plataformas que soporten la totalidad de sus servicios en línea”, puntualizó la subcomisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa.
La licenciada manifestó que la propuesta legislativa podría interpretarse como una “intromisión indebida en el libre mercado”, al tiempo que se opuso al “absolutismo” en el lenguaje. Rodríguez Villa informó que la agencia no descarta apoyar el proyecto con la condición de que sea enmendado para eliminar el mandato uniforme de digitalización total.
De igual forma, la presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, reiteró su rechazo al proyecto tras opinar que coloca a las instituciones bancarias en una situación de arriesgar su salud y solidez financiera. La licenciada también alertó que esta exigencia podría resultar “imposible y extremadamente costosa” particularmente para los bancos de mayor tamaño.
A la fecha, en Puerto Rico hay un total de nueve bancos comerciales, dijo Álvarez Rubio.
Aunque concordó en remover el elemento de obligatoriedad, la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) comentó que la implementación del proyecto debe ocurrir de forma gradual. En esta audiencia pública también participaron los representantes Lisie Burgos Muñiz, Emilio Carlo Acosta y Jerry Nieves Rosario.