WASHINGTON, D.C.— Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su opinión acerca de que deberían retirar las licencias de transmisión a cadenas televisivas críticas de su gestión volvieron a poner en el centro del debate el alcance de la libertad de expresión y los límites del poder político frente a la prensa.
El mandatario expresó que algunos medios mantienen una cobertura sistemáticamente negativa sobre su administración y el movimiento MAGA, lo que, a su juicio, equivale a desinformación. En ese contexto, sugirió que dichas cadenas no deberían conservar sus licencias de transmisión, aunque no anunció acciones concretas ni mecanismos para llevar a cabo esa idea.
En Estados Unidos, la Corte Suprema ha sido históricamente enfática en la defensa del derecho a la libre expresión y de una prensa independiente, incluso —y especialmente— cuando la cobertura resulta crítica del poder político. La jurisprudencia del máximo tribunal ha establecido que el gobierno no puede sancionar ni restringir a los medios por el contenido editorial de sus informaciones, salvo en circunstancias extremadamente limitadas.
Si bien las palabras del presidente pueden interpretarse como una expresión retórica o figurada, y aunque resulta improbable que tengan efectos prácticos inmediatos dentro del marco legal vigente, este tipo de planteamientos debe tratarse con cautela. Vincular la crítica periodística con la desinformación, sin una base objetiva, puede acercarse peligrosamente a una lógica de censura y generar un efecto inhibidor sobre el trabajo de la prensa.
Este tipo de tensiones no es exclusivo de Estados Unidos. En otros países y territorios de la región se han registrado episodios similares. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió en noviembre de 2025 que lo que describió como una línea editorial basada en ataques y afirmaciones falsas por parte de TV Azteca podría afectar negativamente la situación financiera de la televisora, al desalentar a los anunciantes de mantener su inversión en el canal. Por su parte, el propietario de la emisora, Ricardo Salinas Pliego, calificó esas declaraciones como una amenaza y un llamado al boicot. En Puerto Rico, aunque la gobernadora no tiene autoridad sobre las licencias de difusión, sectores del periodismo han denunciado intentos de condicionar la pauta de anuncios gubernamentales como una forma de influir en el contenido editorial.
En todos estos casos, el denominador común es el riesgo de que el poder político utilice herramientas económicas o retóricas para moldear la cobertura mediática. Aunque tales acciones no siempre se traduzcan en medidas formales, el solo hecho de plantearlas públicamente puede erosionar principios fundamentales del sistema democrático.
El episodio subraya la importancia de distinguir entre información crítica y desinformación, así como de preservar un entorno en el que los medios puedan fiscalizar al poder sin temor a represalias, directas o indirectas.
* Para la redacción de este artículo se utilizó parcialmente un modelo de inteligencia artificial con fines de investigación. La imagen que lo acompaña fue creada mediante inteligencia artificial.