Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil urgió al Negociado de Energía de Puerto Rico a denegar la solicitud de aumento en la tarifa básica presentada por LUMA Energy, al considerar que el alza, que podría representar hasta $40 mensuales, impondría una carga significativa a residentes, comercios e instituciones en el país.
El planteamiento fue presentado por el Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, quienes argumentaron que no se debe trasladar a los abonados el costo de deficiencias operacionales ni de planificación del operador.
En comentarios públicos sometidos el 18 de diciembre, las organizaciones señalaron que el ente regulador debe evaluar si el proceso de privatización ha cumplido con los objetivos de mejorar la calidad del servicio y reducir los costos. “El Negociado debe evaluar si el proceso de privatización ha cumplido el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir los costos de la tarifa, particularmente ante las reiteradas deficiencias en la coordinación entre Luma, Genera y la AEE”, expresaron.
Añadieron que de las vistas evidenciarias surge que, pese a la disponibilidad de fondos federales para modernizar la red eléctrica, el operador ha mostrado deficiencias en su gestión. “…Surge del récord de las vistas evidenciarias, particularmente de empleados de Luma, que a pesar de la disponibilidad de fondos federales para modernizar la red eléctrica y cubrir proyectos que Luma propone sufragar con dinero de los abonados, la empresa ha demostrado una falta sistemática de planificación y manejo de la gestión de dichos fondos”, indicaron. A su juicio, el operador carece de procesos claros y presenta deficiencias administrativas.
Las organizaciones expresaron además preocupación por hallazgos relacionados con un aumento en apagones, fallas operativas persistentes, incrementos en gastos e ineficiencias que afectan a los clientes y retrasan proyectos esenciales, además de limitar el acceso a fondos federales y erosionar la confianza ciudadana.
También denunciaron que Luma propone que los abonados prepaguen costos de trabajos y mantenimiento que, según alegan, podrían cubrirse con fondos federales, lo que podría resultar en una doble compensación. “Esto es éticamente inaceptable y contrario al deber de Luma de proveer un servicio asequible, eficiente y confiable”, señalaron. En ese contexto, exhortaron al Negociado a rechazar cualquier intento de trasladar esos costos a los clientes y a exigir el uso máximo de fondos federales antes de aprobar aumentos tarifarios.
El grupo objetó además una propuesta del operador para eliminar la supervisión del Negociado sobre enmiendas presupuestarias y reasignaciones superiores al cinco por ciento de cualquier partida, al considerar que permitiría alterar presupuestos previamente aprobados. Indicaron que tanto Luma como Genera PR han mostrado patrones de ineficiencia y sobrecostos, por lo que una reducción en los controles podría facilitar desvíos de fondos y justificar aumentos tarifarios.
Asimismo, rechazaron solicitudes para reducir los informes trimestrales y limitar análisis y seguimiento de datos, al sostener que tales medidas debilitarían los procesos de fiscalización y monitoreo. “Fue precisamente la falta de fiscalización y monitoreo uno de los factores que contribuyó al mal manejo y a reformas fallidas en el pasado”, puntualizaron.
Las organizaciones solicitaron que el Negociado incorpore criterios para priorizar proyectos financiados con fondos federales o con aportaciones de los clientes, alineados con la Política Pública Energética de Puerto Rico, que establece el objetivo de alcanzar un 100 % de generación renovable para el año 2050.
También se opusieron a cualquier retroceso en el cierre de las Unidades 7 al 10 de la Central Termoeléctrica de San Juan, al señalar que reactivarlas implicaría una inversión estimada en $125 millones. Añadieron que la estructura administrativa de Genera genera un conflicto de interés al beneficiarse de la compra de gas metano, mientras se retrasa la transición a fuentes renovables.
Las organizaciones objetaron además que el Negociado contemple realizar solo cinco vistas públicas sobre el tema, excluyendo regiones como el sureste, el centro, el oeste y las islas municipio de Vieques y Culebra. Las vistas están programadas para la primera semana de febrero en Vega Alta, Cidra, Fajardo, San Juan, de forma presencial y virtual, y Yauco.
Finalmente, exhortaron a la ciudadanía a participar en las vistas públicas y a someter comentarios en o antes del 6 de marzo, fecha límite establecida por el Negociado.