La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes examinó el Proyecto del Senado 11, una medida que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para eximir del pago de contribuciones sobre bienes muebles ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con una facturación anual menor de tres millones de dólares.
La audiencia pública fue presidida por el representante Luis Pérez Ortiz, quien indicó que la comisión continuará evaluando la propuesta como parte del trámite legislativo ordinario.
Durante los trabajos, el director ejecutivo interino del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Javier García Cintrón, expresó reservas sobre la medida al señalar que tendría el efecto de limitar la capacidad del CRIM y de los municipios para fiscalizar la actividad económica.
“El CRIM no puede endosar esta medida porque sería otro golpe a los ingresos municipales. De igual forma, se está trabajando en un proyecto de fijar la valoración del renglón por concepto de inventarios que puede atender la situación que se pretende implementar con esta medida. Concederle este tipo de exención implica segmentar y podría provocar que otras industrias soliciten el mismo beneficio”, sostuvo García Cintrón.
Aunque el funcionario indicó que favorece iniciativas que simplifiquen los procesos administrativos para pequeños y medianos empresarios y fomenten la actividad económica, subrayó que estas deben implementarse “salvaguardando los recursos fiscales de los municipios tan necesarios para atender las necesidades de las personas en las comunidades de Puerto Rico”.
A estas expresiones se unió el director asociado de Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el licenciado Elvin Rosado Morales, quien recomendó deferencia al Comité de Impuesto al Inventario, presidido por la secretaria de Estado Rosachely Rivera Santana, el cual evalúa actualmente alternativas relacionadas con la valoración de dicho impuesto junto a alcaldes y organizaciones comerciales.
“Consideramos que dicho comité debe poder evaluar esta pieza legislativa desde una perspectiva más amplia, ya que fue creado para ello. Entendemos prudente esperar por los comentarios y recomendaciones del referido comité y ver cómo ellos piensan que esta medida empata con las razones para el cual fue organizado dicho comité”, expresó Rosado Morales.
No obstante, advirtió que desde una perspectiva de gerencia gubernamental y manejo fiscal integral, la medida “tiende a debilitar la base contributiva municipal”. Indicó además que, según un análisis basado en datos del CRIM, la Junta de Supervisión y Administración Financiera y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el impacto potencial de la propuesta podría ascender a aproximadamente 89 millones de dólares.
Rosado Morales también señaló que el proyecto carece de fuentes de repago o financiamiento alterno que cumplan con el principio de neutralidad fiscal requerido por el Plan Fiscal vigente.
En la audiencia, la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la licenciada Verónica Rodríguez Irizarry, advirtió que la medida se sumaría a otras acciones recientes que han reducido los ingresos municipales, como la disminución del Fondo de Equiparación, el pago del “Pay to Go” y la Reforma de Salud, además de responsabilidades delegadas por el gobierno central.
Rodríguez Irizarry recordó que el Código Municipal establece que, previo a aprobar medidas de este tipo, se deben identificar y asignar recursos para compensar a los municipios afectados.
“Esta disposición del Código Municipal no se contempla en el proyecto”, afirmó.
Ante este panorama, el representante Pérez Ortiz indicó que la comisión dará espacio al comité multisectorial que evalúa la congelación del impuesto al inventario y otras medidas relacionadas, con el fin de que presenten alternativas que atiendan los distintos intereses involucrados.
En la vista pública participaron además los representantes Pedro Santiago Guzmán, Lisie Burgos Muñiz y Nellie Lebrón Robles.