El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, radicó una medida legislativa dirigida a enmendar el Código Penal de Puerto Rico con el fin de tipificar de forma específica los delitos cibernéticos y atender conductas delictivas cometidas mediante el uso de tecnología.
La propuesta legislativa plantea la creación de un nuevo Título VI, dedicado exclusivamente a los Delitos Cibernéticos, que incluiría más de 70 artículos para definir y penalizar diversas conductas delictivas cometidas a través de sistemas tecnológicos. “La tecnología se ha convertido en uno de los principales soportes de nuestro mundo, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de criminalidad que amenazan la seguridad, privacidad y patrimonio de nuestra ciudadanía”, expresó el senador Ríos.
Según datos citados en la exposición de motivos, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) reportó que en 2019 las víctimas de delitos cibernéticos en Puerto Rico registraron pérdidas aproximadas de $7.7 millones, con 839 personas afectadas. Además, se indica que Puerto Rico figura entre los mercados con mayor incidencia de ciberataques en el Caribe, región donde se contabilizan millones de intentos de ataque anualmente. El documento también hace referencia a incidentes recientes que han afectado sistemas gubernamentales, incluyendo ataques reportados en diciembre de 2025 contra agencias como el Departamento de Educación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
La medida propone estructurar los delitos cibernéticos en seis capítulos que abarcan, entre otros, delitos informáticos, delitos sexuales cometidos mediante tecnología, delitos contra la intimidad, la identidad y la persona, así como delitos económicos y colectivos. Entre las conductas tipificadas se encuentran el acceso indebido a sistemas informáticos, sabotaje informático, pornografía infantil, acecho cibernético, extorsión informática conocida como “ransomware”, divulgación no consentida de material íntimo, usurpación de identidad, estafa informática, clonación de tarjetas y pánico económico o financiero.
El proyecto contempla penalidades agravadas cuando los delitos involucren sistemas gubernamentales, funcionarios públicos o menores de edad, con penas que podrían oscilar entre uno y quince años de reclusión, dependiendo de la naturaleza y gravedad del delito.
“Esta Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar la vida, propiedad y seguridad de todos los miembros de nuestra sociedad”, afirmó el senador. “Con esta medida cumplimos con ese deber adaptando nuestras leyes a las realidades del siglo XXI y devolviendo a la ciudadanía la seguridad jurídica que tanto merece en el mundo digital”, añadió.
De ser aprobada, la legislación entraría en vigor 180 días después de su adopción y aplicaría únicamente a conductas cometidas con posterioridad a su vigencia. El legislador exhortó a la Asamblea Legislativa a evaluar la medida con prontitud.