PRODUCTORES RESPALDAN PROHIBICIÓN DEL PROMOTER FEE EN VISTA LEGISLATIVA

El Colegio de Productores de Espectáculos (COPEP), representado por el licenciado Roberto Sueiro Del Valle, favoreció dos medidas legislativas dirigidas a prohibir el cobro del denominado promoter fee y a regular la devolución de cargos al consumidor tras la cancelación de espectáculos públicos.

Durante una vista pública de la Comisión de Asuntos del Consumidor, presidida por el representante Edgar Robles Rivera, se evaluó el Proyecto de la Cámara 1031, de los representantes Jorge Navarro Suárez y Robles Rivera, que propone crear la “Ley de Transparencia en la Venta de Boletos de Espectáculos Públicos” y enmendar la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra de 2016, para prohibir el cobro separado del promoter fee.

También se atendió el Proyecto de la Cámara 429, de la representante Lourdes Ramos Rivera, que dispone la devolución al consumidor de la totalidad de los cargos, incluidos los cargos por servicios y el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), cuando un espectáculo es cancelado por el promotor o el artista.

Sueiro Del Valle solicitó que se declaren ilegales los cargos accesorios y señaló preocupaciones sobre prácticas en la venta de boletos. “Mi ruego es que declaren todos estos cargos ilegales, lo primero que hay que regular en este país es acabar con el monopolio de Ticketera… esta eliminación abre el mercado a la competencia”, expresó. Añadió que “mientras exista el monopolio Ticketera va a hacer lo que le dé la gana con los precios”.

Asimismo, sostuvo que podrían imponerse nuevos cargos en el futuro y afirmó: “Todo va a tener un cargo y cada uno tratará de elucubrar una justificación… pero todo esto son inventos para meterse chavos al bolsillo”. A preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz, indicó que la prohibición del promoter fee no afectaría a la industria y que los costos deberán negociarse con los artistas.

El deponente también planteó señalamientos sobre cargos en facilidades administradas por la Administración del Distrito de Convenciones y reiteró que el COPEP apoya la devolución total de lo pagado ante cancelaciones. “COPEP siempre ha estado de acuerdo con que ante una cancelación de un evento se le devuelva la totalidad de lo pagado al consumidor”, afirmó.

En cuanto al manejo del IVU, Sueiro Del Valle sostuvo que, en la práctica, se devuelve el costo del boleto y el impuesto, pero no otros cargos, mientras se solicita un crédito contributivo. “No se sabe dónde está ese dinero”, denunció. Sobre este punto, la representante Ramos Rivera expresó que ello “podría constituir un robo a mano armada al Departamento de Hacienda y una violación de ley”.

Los productores Rolando Santa Báez y Josantonio Mellado González respaldaron ambas medidas. Santa Báez describió el promoter fee como “un engaño al consumidor” y afirmó que “trasladar esos costos al público no es mercado libre, es un abuso normalizado”. Mellado González indicó que la eliminación del cargo busca “proteger al consumidor y promover mayor transparencia”, y recomendó permitir una retención “razonable” por gastos del servicio en casos de cancelación.

Por el Departamento de Hacienda, el licenciado José Chaves Ortiz, secretario auxiliar de Asuntos Legales, señaló la posible existencia de una laguna jurídica respecto a la devolución de cargos y el IVU. “Me parece que hay un vacío, una laguna jurídica que ustedes están intentando atender con estas medidas”, expresó, y afirmó que siempre que se devuelve el importe del boleto debe devolverse el impuesto.

En representación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el licenciado Reymerick Aponte López indicó que el reglamento para la Ley de Transparencia en el Recibo de Compra de 2016 continúa bajo estudio. A su vez, el licenciado Gabriel Sicardó Ocasio informó que sigue bajo escrutinio la orden ejecutiva que prohíbe el promoter fee, detenida hasta el 30 de junio.

Las compañías expendedoras de boletos, representadas por la Asociación de Productores y Profesionales del Entretenimiento de Puerto Rico, sometieron un memorial escrito en el que reconocen la intención de proteger al consumidor, pero advirtieron sobre posibles efectos adversos para la industria.

A la vista pública también comparecieron los representantes Sergio Estévez, Estrella Martínez y Adriana Gutiérrez Colón.