El Senado de Puerto Rico aprobó varias medidas legislativas relacionadas con regulación financiera, salud mental, servicios sociales y cambios al Código Penal.
Entre las iniciativas aprobadas se encuentra el Proyecto del Senado 856, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que enmienda el Capítulo 44 del Código de Seguros de Puerto Rico para fortalecer la supervisión financiera de la industria y atemperar la legislación local a estándares regulatorios de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).
La medida incorpora nuevas herramientas de fiscalización para las estructuras corporativas o holding companies dentro de la industria de seguros. Entre las enmiendas se incluyen nuevas definiciones relacionadas con el cálculo de capital de grupo, el marco de pruebas de resistencia de liquidez de la NAIC y criterios para determinar qué aseguradoras deben someterse a estas evaluaciones regulatorias.
Además, dispone que la persona que ejerza control final sobre un asegurador que opere en Puerto Rico deberá presentar anualmente un informe de riesgo empresarial que identifique posibles riesgos dentro de la estructura corporativa que puedan afectar la solvencia o liquidez de la aseguradora. Dicho informe deberá presentarse ante el comisionado del estado principal que supervise el grupo asegurador.
La legislación también requiere la presentación de un Cálculo de Capital de Grupo (Group Capital Calculation) y establece la realización de pruebas de resistencia de liquidez para identificar posibles riesgos financieros dentro de los grupos corporativos de seguros.
Asimismo, autoriza al Comisionado de Seguros a exigir depósitos o fianzas cuando determine que un asegurador enfrenta una condición financiera adversa y establece que los registros y datos de una aseguradora en poder de entidades afiliadas continúen siendo propiedad del asegurador y permanezcan accesibles para fines regulatorios.
Cambios a la Ley de Salud Mental
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 994, que enmienda disposiciones de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico para armonizarla con el Código Penal de Puerto Rico de 2012.
La medida establece que la hospitalización o tratamiento psiquiátrico involuntario solo podrá ordenarse cuando existan criterios clínicos claros, incluyendo situaciones en las que una persona represente un peligro inminente para sí misma, para otras personas o para la propiedad, y cuando carezca de capacidad para tomar decisiones o controlar su conducta.
Además, dispone que la hospitalización de una persona sin cumplir con estos criterios conllevará sanciones conforme al Código Penal. El proyecto también requiere que el tribunal evalúe evidencia específica de conducta reciente y determine que no existen alternativas menos restrictivas antes de ordenar tratamiento psiquiátrico compulsorio.
Programa para adultos con neurodivergencia
Por otra parte, el Senado aprobó la Resolución Conjunta del Senado 125, que ordena al Departamento de la Familia diseñar e implementar un programa piloto dirigido a adultos con neurodivergencia.
La resolución establece que el programa deberá atender al menos a 50 adultos mayores de 21 años con condiciones como autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), dislexia, dispraxia o síndrome de Tourette.
Entre los servicios contemplados se incluyen orientación educativa y laboral, programas de recreación, adiestramiento en destrezas de vida independiente, cuidado diurno, manejo de casos, servicios de salud y apoyo a las familias.
Otras medidas aprobadas
El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 872, del senador Ángel Toledo López, que enmienda disposiciones de la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para actualizar referencias legales y aumentar de $36,000 a $100,000 el umbral de contratos que requieren aprobación de la Junta de Directores del Instituto.
Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 884, presentado por la senadora Roxanna Soto Aguilú, que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para requerir que la agencia incluya en su informe anual información detallada sobre querellas pendientes, embargos emitidos y cantidades recuperadas mediante procesos de cobro.
Además, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 1045, del senador Wilmer Reyes Berríos, que enmienda el Código Penal para disponer que, en casos de reincidencia agravada, se aumente en 30 años la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.
“Aquellas personas que asaltan una vez, asaltan dos veces, tres veces…Qué otra oportunidad le vamos a dar si se nota claramente que está violando el sistema, jugando con el sistema y no le interesa la seguridad. Eso es lo que busca este proyecto, velar por la seguridad de nuestra gente humilde, de aquel trabajador que va día a día a trabajar a echar su negocio para adelante, y siempre hay un sinvergüenza que está buscando cómo asaltar una, dos, tres veces. A ese hay que mandarle un mensaje contundente de que no vamos a tolerar esa conducta más en la sociedad”, indicó Reyes Berrios.
Asimismo, el senador Toledo López expresó su respaldo a la medida.
“El proyecto pretende atender una situación de verdadera gravedad en una sociedad que necesita protección. Se trata de una persona que tiene el valor de cometer un delito grave que, sabiéndolo, cumple y comete otro delito grave y sabiéndolo comete uno tercero. Pues se trata de un delincuente habitual”.
Medidas provenientes de la Cámara
Entre las medidas aprobadas provenientes de la Cámara de Representantes se encuentra el Proyecto de la Cámara 736, que designa a la Administración de Sistemas de Retiro como la entidad encargada de desarrollar el programa voluntario de ahorro para el retiro dirigido a empleados del sector privado.
También se aprobó el Proyecto de la Cámara 771, que enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito para aumentar de $50,000 a $150,000 el capital accionario mínimo requerido para que una nueva cooperativa pueda comenzar operaciones.
Asimismo, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 834, que establece como política pública que los hogares sustitutos, establecimientos residenciales y hogares de crianza bajo la supervisión del Departamento de la Familia sean considerados instalaciones prioritarias para el restablecimiento de servicios esenciales tras emergencias o desastres.
Finalmente, se dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 244, que asigna $30,000 al Municipio de Luquillo para la construcción y mejoras de un muro de gaviones en la quebrada Juan Martín, con el fin de proteger una residencia cercana al área.