Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que los aumentos propuestos en la tarifa base de energía eléctrica podrían provocar que más clientes se desconecten del sistema, lo que, según indicaron, reduciría los recaudos y agravaría la situación del sistema energético.
Las organizaciones señalaron que los incrementos afectarían en mayor medida a clientes de bajos y medianos ingresos, así como a quienes cuentan con sistemas solares y almacenamiento acogidos al programa de medición neta. Según sus estimados, el cambio tarifario podría representar un aumento aproximado de hasta $40 mensuales en la factura de electricidad.
Representantes del Comité Diálogo Ambiental, El Puente, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida presentaron comentarios ante el Negociado de Energía en los que solicitaron que se rechacen las solicitudes de revisión tarifaria presentadas por las empresas LUMA y Genera.
“La propuesta de diseño de la tarifa de LUMA duplicaría el cargo fijo, un aumento sin precedentes que impactaría desproporcionadamente a los clientes de bajo consumo y aceleraría la desconexión de la red”, expusieron las organizaciones en comentarios públicos ante el Negociado.
Las entidades indicaron que, durante el contrainterrogatorio en las vistas evidenciarias del caso de revisión tarifaria, un testigo experto de LUMA reconoció que alrededor de 400,000 clientes de bajo consumo o que han instalado sistemas solares o mejoras de eficiencia energética podrían experimentar aumentos de entre 70 % y 90 % como resultado del cargo fijo propuesto. Añadieron que el testigo no identificó precedentes en la última década de aumentos similares aprobados por reguladores.
En sus comentarios, las organizaciones señalaron que las propuestas tarifarias carecen de un análisis económico detallado y no consideran que miles de clientes ya han reducido o abandonado su dependencia del sistema eléctrico. Indicaron que actualmente cerca de 4,000 personas instalan sistemas solares cada mes y que algunos clientes comerciales operan con generación propia.
Las organizaciones también plantearon que los aumentos propuestos tendrían un impacto mayor en hogares de ingresos bajos y moderados. Según expresaron, esto podría ampliar desigualdades en el acceso a la electricidad.
Asimismo, señalaron que el sistema eléctrico registra altos niveles de interrupciones en el servicio, lo que, a su juicio, evidencia problemas en la confiabilidad del sistema.
“Un aumento tarifario significativo sólo aceleraría esta tendencia y, por ende, reduciría los ingresos recaudados, lo cual volvería inviable la estructura tarifaria propuesta… Ante un escenario donde los sistemas solares y de almacenamiento proveen un servicio más barato, confiable y resistente que la red centralizada actual, las propuestas de LUMA y Genera solo lograría que más clientes abandonen el sistema”, sostuvieron.
Las organizaciones indicaron además que, durante el proceso regulatorio, las empresas operadoras no demostraron que los aumentos propuestos sean “justos y razonables”, según el estándar requerido. También plantearon que los cambios tarifarios podrían aumentar la dependencia del gas importado y promover infraestructura incompatible con la meta legal de alcanzar 100 % de energía renovable para 2050.
Otro de los señalamientos presentados se relaciona con el sistema de medición y facturación. Según indicaron, LUMA reconoció durante el proceso que algunos medidores no registran el consumo de forma adecuada y que en ciertos casos se utilizan facturas manuales o estimadas.
“Las inconsistencias entre los testimonios y lo presentado en sus informes demuestran que no han corregido los problemas que dicen haber resuelto”, señalaron en los comentarios.
Las organizaciones también alegaron que las empresas no han demostrado una gestión adecuada de algunos fondos federales disponibles para proyectos del sistema eléctrico.
“LUMA utiliza una clasificación interna llamada ‘matriz de esperanza’ para determinar qué proyectos pueden recibir fondos federales, pero admite que esta categorización no se basa en análisis técnico alguno y que descarta proyectos antes de que FEMA evalúe su elegibilidad… Genera clasifica como altamente financiables varios proyectos, pero aun así los incluye en el requerimiento de ingresos bajo el argumento de que los fondos no están obligados, lo que resulta en que los abonados paguen por adelantado obras que probablemente recibirán reembolso federal”, revelaron en los comentarios públicos.
Los grupos también señalaron que el expediente del proceso tarifario contiene señalamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con especificaciones técnicas y procesos regulatorios.
“Dado que LUMA y Genera no han cumplido con su carga de prueba y sus propuestas contravienen los mandatos legales de costo mínimo, transparencia y asequibilidad, el Negociado debe rechazar en su totalidad los aumentos solicitados y desestimar ambas peticiones, o en la alternativa, adoptar medidas que reduzcan la carga energética del País y aseguren protecciones efectivas para los consumidores”, puntualizaron las organizaciones.
Como alternativa, los grupos propusieron la adopción de un Programa de Pago por Porcentaje de Ingresos, un modelo utilizado en otras jurisdicciones que fija un límite a la factura eléctrica según los ingresos del hogar. La recomendación fue presentada por el Dr. Agustín Irizarry Rivera en un informe comisionado por las cinco organizaciones.
El pasado 6 de marzo venció el plazo para presentar comentarios públicos ante el Negociado de Energía, que actualmente evalúa las propuestas de aumento tarifario presentadas por las empresas operadoras del sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica.