La Asociación de Alcaldes respaldó el Proyecto de la Cámara 1000, que propone establecer un procedimiento de expropiación sumaria para propiedades que no cumplen con los requisitos para ser declaradas estorbos públicos y cuyos dueños no aparecen en los registros.
La medida busca atender el número de propiedades abandonadas cuyo mantenimiento recae actualmente sobre los municipios.
El respaldo fue expresado durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.
La directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Lcda. Verónica Rodríguez Irizarry, indicó que la medida —de la autoría de la representante Tatiana Pérez Ramírez— provee herramientas para que los municipios, en colaboración con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Registro Inmobiliario Digital del Gobierno de Puerto Rico, puedan identificar a los dueños registrales de propiedades abandonadas y, de no encontrarlos, permitir que estas pasen a manos de los ayuntamientos.
“El proyecto establece un balance adecuado entre la protección de los derechos de posibles titulares y la necesidad apremiante de dotar a los municipios de herramientas legales efectivas para intervenir, ante el abandono y deterioro de propiedades que afectan la seguridad, el desarrollo urbano y la calidad de vida de nuestras comunidades”, afirmó Rodríguez Irizarry.
A preguntas del presidente de la comisión, la funcionaria indicó que las necesidades varían entre municipios.
“Cada municipio tiene un interés apremiante distinto en la utilización de las propiedades, algunos necesitan en el casco urbano más estacionamientos para impulsar el crecimiento económico de la zona, otros necesitan viviendas, pero esta medida contribuye a que los gobiernos municipales puedan establecer el plan de trabajo adecuado a las necesidades de su población”, expresó.
Rodríguez Irizarry añadió que diversos estudios analizados por la organización apuntan al envejecimiento poblacional y la necesidad de desarrollar viviendas y facilidades accesibles para adultos mayores en los cascos urbanos.
Por su parte, Evelyn Moya, directora de la Oficina para Asuntos de Seguridad Pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP), avaló la inclusión en la medida de un “Fondo Perpetuo de Emergencias y Desastres”, que recibiría el producto de la venta de propiedades que pasen a manos municipales.
Según explicó, el fondo permitiría a los municipios contar con recursos para responder a emergencias, ante cambios en las políticas de financiamiento federal para desastres.
“Recomendamos que este fondo sea un requisito para los municipios ya que hay que tomar en cuenta que en los últimos años de María para acá la política pública del Departamento de Seguridad Nacional y FEMA ha ido cambiando, lo vimos con FEMA, que tuvimos que responder primero como jurisdicción para después si teníamos ayuda de FEMA, la cual si buscamos la historia en Fiona fue bien limitada”, expresó Moya.
“A esto se suma la nueva política del actual presidente de los Estados Unidos, que ha sido más enfática en que el apoyo que ellos dan va a seguir siendo eso, apoyo”, añadió.
Moya sostuvo que, según un informe preliminar, la aportación del gobierno federal —que antes cubría el 100 % de los gastos— podría reducirse hasta un 75 %.
Durante la vista pública también participó la Asociación de Realtors, representada por Ramón Molina y Milton Serrano, miembros de su comité legislativo. Ambos expresaron respaldo a la medida y destacaron la importancia de identificar la titularidad de las propiedades.
Los representantes de la organización señalaron que estas propiedades “no deben ser utilizadas para crear empresas municipales que compitan con los comercios del pueblo, sino que se conviertan en vehículos para promover desarrollos y usos que atiendan las necesidades de vivienda y actividad económica en los municipios”.
La autora del proyecto, la representante Tatiana Pérez Ramírez, sostuvo que la medida también busca atender el problema de acceso a vivienda para jóvenes profesionales.
“Jóvenes que se están graduando de las mejores universidades en Puerto Rico, que son talento local, que pueden aportar a Puerto Rico, pero tienen que mudarse a los Estados Unidos ya que no encuentran vivienda asequible”, expresó.
Añadió que “en varios años nos vamos a quedar sin profesionales, sin talento y sin juventud, por eso tenemos que garantizarle al menos una vivienda o a un joven empresario un lugar donde emprender con su pequeño negocio”.
Por su parte, el representante Sergio Estévez Vélez recomendó que el Departamento de Vivienda comparta con los municipios la lista de propiedades declaradas estorbos públicos para facilitar la identificación de aquellas sin dueño registral.
El presidente de la comisión, Pérez Ortiz, expresó su respaldo a la medida al señalar que “podemos repoblar los cascos urbanos y apoyar el desarrollo económico de los municipios”.
A los trabajos de la vista pública también se integró el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán.