Representantes de empleados federales solicitaron a la Asamblea Legislativa respaldar el Proyecto del Senado 844, una medida que propone establecer prórrogas automáticas en obligaciones financieras durante cierres del gobierno federal.
La petición se realizó durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Víctor Parés Otero.
Katherine Montañez, vicepresidenta de la National Treasury Employees Union (NTEU), señaló que la medida busca crear un mecanismo de protección para empleados federales afectados por cierres del gobierno, como el ocurrido el pasado año, que se extendió por 43 días.
Montañez indicó que la legislación “crearía una estructura de protección uniforme y garantizada”, la cual brindaría protección contra el corte de servicios esenciales, moratorias automáticas en obligaciones financieras, prohibición de reportes negativos al crédito y acceso a asistencia nutricional y desempleo.
“Esto no es un favor, es justicia básica, esta medida colocaría a Puerto Rico como la primera jurisdicción en establecer protecciones integrales y automáticas para empleados federales durante cierre gubernamentales”, expresó la deponente.
La funcionaria sindical también se dirigió a representantes de instituciones financieras y proveedores de servicios esenciales.
“Esta ley no les pide que regalen servicios, ni que condonen la deuda. Les pide que concedan tiempo, con reglas claras ante una crisis fuera del control del trabajador. El cierre de gobierno va a volver a ocurrir. Este proyecto no es su enemigo. Es una herramienta de estabilidad y manejo de riesgo”.
Montañez, empleada federal del Internal Revenue Service (IRS), indicó que durante el cierre de octubre pasado se afectaron alrededor de 10,500 empleados federales en Puerto Rico. De ese total, unos 8,500 quedaron sin trabajo temporalmente y aproximadamente 2,000 continuaron laborando sin recibir paga.
Por su parte, Ulises Sánchez, presidente del capítulo 193 de la NTEU, describió la situación de los empleados federales que deben trabajar sin salario durante un cierre gubernamental.
Según explicó, al estar “técnicamente trabajando”, estos empleados no pueden solicitar seguro por desempleo ni acceder a algunos programas de asistencia, mientras continúan obligados a cumplir con sus funciones laborales.
Sánchez sostuvo que la medida tendría un impacto más amplio en la economía local.
“Esta propuesta no solo nos protege a nosotros, protege a toda la economía de Puerto Rico. Cuando más de 10,500 empleados federales pierden sus ingresos simultáneamente, el impacto se siente en todos los sectores, supermercados, gasolineras, comercios, bancos y cooperativas”.
Añadió que la legislación también brindaría mayor certeza a las instituciones financieras al establecer un marco uniforme para manejar las obligaciones de los empleados afectados por un cierre gubernamental.
Objeciones de reguladores y banca
Durante la vista pública, la comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), licenciada Mónica Rodríguez Villa, indicó que la agencia no endosa la medida.
Según explicó, existen mecanismos federales administrados por el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) que establecen procedimientos para la modificación o suspensión de préstamos hipotecarios y de consumo.
Rodríguez Villa argumentó que agencias federales y entidades patrocinadas por el gobierno, como el Department of Housing and Urban Development (HUD), la Administración Federal de Vivienda, Fannie Mae y Freddie Mac, cuentan con reglas específicas para la modificación de préstamos.
Indicó que “una ley estatal no puede obligar a alterar los términos financieros de préstamos regulados federalmente sin generar un conflicto de campo ocupado”.
La funcionaria añadió que la medida, aunque persigue un objetivo social legítimo, podría generar incompatibilidades con el marco regulatorio vigente y riesgos para la estabilidad de las instituciones financieras supervisadas por la OCIF.
También advirtió que disposiciones como la activación automática de moratorias, la prohibición de acumular intereses o cargos y las limitaciones al reporte crediticio podrían entrar en conflicto con leyes federales como el Truth in Lending Act, el Real Estate Settlement Procedures Act y el Fair Credit Reporting Act.
A estas preocupaciones se sumó la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, licenciada Zoimé Álvarez Rubio, quien calificó la medida como “excesivo, irrazonable e innecesario”.
Álvarez Rubio sostuvo que, en situaciones recientes de emergencia como el huracán María, la pandemia y el cierre federal de octubre de 2025, la banca ha ofrecido asistencia a clientes afectados sin necesidad de legislación específica.
Según indicó, desde el cierre del gobierno federal los bancos miembros de la asociación han orientado a 650 clientes sobre asuntos hipotecarios, de los cuales 166 recibieron asistencia financiera. En el caso de productos de consumo, se orientó a 1,023 personas y 594 recibieron ayuda.
La portavoz de la banca añadió que no se oponen a que el gobierno provea asistencia a empleados federales a través de agencias públicas, pero expresó reservas sobre imponer obligaciones a instituciones financieras privadas.
También advirtió que establecer moratorias automáticas de 90 días podría aumentar el riesgo de morosidad en el sistema financiero.
Las expresiones de la Asociación de Bancos fueron respaldadas por Carlos Del Valle Laboy, presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios de Puerto Rico.
Continuará discusión legislativa
Durante la ronda de preguntas, el representante José “Cheíto” Hernández Concepción indicó que la medida debe continuar su evaluación para afinar posibles mecanismos de ayuda.
Por su parte, el representante Ángel Fourquet Cordero sugirió considerar enmiendas para que las moratorias se otorguen mediante determinación judicial tras presentarse la necesidad, similar a modelos utilizados en jurisdicciones como Delaware.
El presidente de la comisión, el representante Víctor Parés Otero, indicó que la discusión de la medida podría continuar con la participación de agencias de servicios esenciales y otros deponentes.
En la vista pública también participaron los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Lisie Burgos Muñiz.