La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) identificó deficiencias en los controles, la supervisión y la fiscalización de los procesos de apuestas hípicas administrados por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, según un informe oficial.
El examen reveló falta de documentación formal sobre la autorización del Sistema Electrónico de Apuestas (SEA) y de su operador, ausencia de auditorías periódicas y debilidades en los controles relacionados con el pago de premios.
De acuerdo con el informe, la Comisión no presentó evidencia que acredite la aprobación formal, separada y vigente del sistema y de su operador desde 2011, conforme a la reglamentación aplicable. La normativa vigente requiere que ambos sean evaluados y autorizados mediante procedimientos independientes.
El SEA es el sistema tecnológico utilizado para procesar, registrar y contabilizar las apuestas en carreras de caballos, con el propósito de garantizar la integridad y transparencia de las transacciones en la industria hípica regulada.
El informe también señala deficiencias en la supervisión del sistema, entre ellas la ausencia de auditorías periódicas y limitaciones en el acceso independiente por parte de la Comisión. Según la OIG, la entidad no cuenta con herramientas que le permitan validar de forma autónoma la información generada por el sistema ni auditar sus operaciones, lo que restringe su capacidad de supervisión continua.
Asimismo, durante el proceso de evaluación no se evidenció participación directa del personal técnico en la revisión del funcionamiento del sistema, lo que podría representar riesgos en términos de control, transparencia y fiscalización.
En comparación con otros sistemas regulados bajo el Reglamento 8944, la OIG indicó que la Comisión solo dispone de funciones básicas de inspección en el caso del SEA, sin acceso a herramientas o informes que permitan validar la información del sistema o del operador. En contraste, sí se documentaron procesos de autorización para sistemas como el Sistema de Videojuegos Electrónicos (SVJE) y el Sistema de Apuestas por cuentas de depósito (ADW). Ante esto, la OIG recomendó emitir autorizaciones independientes tanto para el proveedor como para el operador del SEA.
En cuanto al pago de premios, el informe identificó debilidades en los controles internos y en la trazabilidad de las transacciones. Entre los hallazgos, se señala que no se requiere la verificación de identidad del reclamante, salvo en casos específicos, lo que limita la confirmación del beneficiario legítimo. Además, no se mantienen registros formales sobre reclamaciones relacionadas con boletos mutilados, de validez dudosa o perdidos.
El informe también identifica áreas de mejora en la administración del Fondo de Crianza y Mejoramiento, incluyendo la ausencia de una estructura administrativa formal y de mecanismos adecuados de control y conciliación.
Como parte de sus recomendaciones, la OIG planteó fortalecer los controles internos, revisar y actualizar la reglamentación vigente, mejorar los procesos de supervisión tecnológica, establecer mecanismos formales de documentación y reforzar la capacitación del personal. También sugirió evaluar la infraestructura tecnológica disponible para apoyar las funciones de supervisión de la Comisión.
Por su parte, la gerencia de la Comisión de Juegos indicó en sus comentarios que, en varios de los aspectos señalados, la normativa vigente no establece de forma expresa la obligación de emitir autorizaciones independientes, realizar auditorías periódicas ni mantener ciertos registros específicos. Añadió que algunos mecanismos de supervisión responden a la discreción administrativa de la Comisión o a procesos operacionales del proveedor y del operador del sistema.
No obstante, la OIG concluyó que estos planteamientos no alteran los hallazgos identificados y sostuvo que las deficiencias representan debilidades en los controles internos, la fiscalización y la trazabilidad de las operaciones, lo que expone a riesgos operativos y administrativos las transacciones bajo supervisión de la Comisión. Los resultados están contenidos en el informe OIG-E-26-004, que incluye los hallazgos y la respuesta de la gerencia.
La OIG informó que colaborará con la Comisión de Juegos en la implementación de las acciones correctivas. Además, exhortó a la ciudadanía a denunciar irregularidades en el uso de fondos públicos a través de su línea confidencial, correo electrónico y portal oficial.