La Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, evaluó el Proyecto de la Cámara 1160, una medida que propone excluir la actividad agrícola del requisito del Permiso Único —adscrito a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)— y simplificar el proceso de certificación de agricultor bona fide.
Según el proyecto, los predios o estructuras destinados exclusivamente a la actividad agrícola, operados por agricultores bona fide, quedarían exentos de este requisito. En su lugar, la certificación emitida por el Departamento de Agricultura (DA) sería suficiente para el uso de terrenos y la obtención de servicios esenciales, como agua y energía eléctrica.
El representante Colón Rodríguez, autor de la medida, expresó al inicio de la vista pública que este no es “un proyecto de controversia. Es una medida en el que queremos acercar a los agricultores de modo que ellos conozcan cuáles son los beneficios dentro de esta actividad económica”.
Durante la audiencia, la licenciada Alma Acevedo Ojeda, abogada senior de OGPe, indicó que la agencia no tiene objeciones a la medida, al considerar que “representa una oportunidad de atemperar la ley que reforma el proceso de obtención de permisos, a las realidades específicas del sector agropecuario”.
“Entendemos que la naturaleza particular de la agricultura justifica un trato diferente que reconozca sus características operacionales”, añadió.
Asimismo, sostuvo que “el utilizar la Certificación de Agricultor Bonafide como sustituto del Permiso Único y delegar dicha función al Departamento de Agricultura, asegura que la evaluación se realice con el conocimiento técnico adecuado, complementando así la estructura existente”.
No obstante, recomendó “que se establezca expresamente que no se requerirá ningún documento o autorización adicional emitida por la OGPe para la conexión de dichos servicios básicos”, a fin de evitar duplicidad de trámites.
El representante Colón Rodríguez respaldó ese señalamiento al indicar que “los agricultores bonafide han tenido que pasar por el proceso de obtener muchos de estos documentos, para la obtención del certificado, por lo que exigirles en otra agencia la presentación de por lo menos un 80 por ciento de los documentos que presentan en el DA, es ser repetitivo”.
Acevedo Ojeda también sugirió que se aclare si las certificaciones requeridas por agencias como el Departamento de Salud (DS), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se tramitarán a través del portal de OGPe o mediante los sistemas de cada entidad.
Por su parte, el subsecretario del Departamento de Agricultura, Jorge Quiles Maldonado, indicó que la agencia “favorece la intención legislativa de facilitar proyectos agrícolas y eliminar cargas burocráticas que no adelanten en fin público sustantivo”.
“Sin embargo, por tratarse de una medida que también incide sobre permisos e infraestructura para utilidades públicas, el DA no cuenta con el peritaje técnico necesario para endosar, por sí solo, el alcance de las disposiciones relacionadas con la electricidad y agua”, añadió. Además, enfatizó que la certificación debe limitarse específicamente a actividades agrícolas.
“Por ello, el DA no objeta la medida, siempre que se obtenga y evalúe el insumo de OGPe, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y que el texto final preserve las competencias técnicas y reglamentarias de esas entidades”, sostuvo.
El funcionario también recomendó “una redacción aclaratoria para precisar que la certificación de agricultor bona fide acredita el carácter agrícola bona fide de la actividad y puede servir como documento base para la tramitación correspondiente, pero no releva del cumplimiento con los requisitos técnicos, operacionales, de salud, seguridad, construcción, interconexión o disponibilidad de servicio que OGPe, la AEE, la AAA o cualquier otra entidad competente”.
El presidente de la comisión informó que solicitará memoriales escritos a las agencias concernidas para conocer sus posiciones. Asimismo, indicó que se requerirá información sobre la cantidad de certificaciones pendientes, con el objetivo de sumarlas a los 2,772 agricultores bona fide que ya cuentan con estos beneficios contributivos.
En la vista pública participaron además los representantes Luis “Josean” Jiménez Torres, Swanny Vargas Laureano y Lisie Burgos Muñiz.