El Frente en Defensa de las Pensiones exhortó a las agencias fiscales del gobierno de Puerto Rico a fijar su postura sobre el Proyecto de la Cámara 45 (PC 45), durante la segunda etapa de vistas públicas en la Cámara de Representantes.
La medida busca atender la pérdida del poder adquisitivo de más de 160 mil jubilados del gobierno central, la Judicatura y el magisterio.
Organizaciones que integran el Frente señalaron que la participación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es necesaria para el análisis técnico del proyecto. Estas agencias fueron citadas a comparecer en vistas públicas convocadas por la Comisión de los Sistemas de Retiro, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera.
“El país necesita escuchar la posición de las agencias fiscales sobre una medida que impacta directamente la vida de más de 160 mil jubilados que incluyen de gobierno central, judicatura y magisterio, la participación de estas agencias es clave para que este proceso avance con transparencia y responsabilidad”, indicó Susan Rivera Miranda, portavoz del Capítulo de Jubilados de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE).
De acuerdo con el Frente, datos presentados en vistas públicas y estudios previos estiman que la pérdida acumulada en el poder adquisitivo de las pensiones alcanza cerca de 40 %, como resultado del aumento en el costo de vida durante las últimas dos décadas.
El PC 45 propone un ajuste inicial de entre 7 % y 10 % en las pensiones, así como la implementación de aumentos automáticos anuales vinculados a la inflación, tomando como referencia el mecanismo federal COLA (Cost of Living Adjustment) del Seguro Social.
“El proyecto establece un mecanismo justo y probado para evitar que las pensiones continúen perdiendo valor año tras año. No actuar perpetúa una realidad que afecta la estabilidad económica de miles de familias en Puerto Rico”, señaló Joaquín Pérez Cruz, portavoz de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico (APGPR).
Las organizaciones también indicaron que el proyecto contempla fuentes de financiamiento mediante recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que ingresan al Fondo General.
“Los propios aumentos en el costo de vida han generado mayores recaudos para el gobierno. Es razonable que parte de esos recursos se utilicen para compensar la pérdida que han sufrido los pensionados como consumidores”, afirmó Nilda Laureano Rodríguez, portavoz de la Asociación de Profesionales Jubilados (APJ).
El Frente sostuvo que la medida tendría efectos económicos en la actividad local, al aumentar el consumo de este sector poblacional.
“Invertir en los pensionados es invertir en la economía del país. Cada dólar que se destina a esta población regresa a la economía local a través del consumo en nuestras comunidades”, añadió Laureano Rodríguez.
El Frente en Defensa de las Pensiones reiteró su expectativa de que las agencias fiscales presenten su evaluación durante esta fase del proceso legislativo.
“La discusión del PC 45 no puede seguir retrasándose. El país tiene ante sí la oportunidad de atender con seriedad y responsabilidad una situación que impacta a una de las poblaciones más vulnerables”, concluyó Pedro Pastrana Ortiz, del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).