Varias organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la reciente decisión del Negociado de Energía relacionada con el proceso de revisión tarifaria y señalaron posibles irregularidades en el manejo de comentarios públicos e informes técnicos.
Las entidades —Comité Diálogo Ambiental, Inc.; El Puente de Williamsburg, Inc.; Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, Inc.; CAMBIO PR, Inc.; Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, Inc.; y Earthjustice— indicaron que la determinación incluye un aumento tarifario y plantearon preocupaciones sobre el proceso de participación ciudadana, particularmente en torno a documentos cuya exclusión fue solicitada por LUMA Energy.
Las organizaciones reconocieron que el Negociado redujo el aumento originalmente propuesto por LUMA Energy y Genera PR, y que no se trasladaron a los abonados costos de proyectos de capital con fondos federales disponibles. No obstante, señalaron que mantienen objeciones a otros aspectos de la decisión.
“El Negociado decidió imponer un aumento tarifario en un contexto de alta carga energética, que promueve una vez más un modelo de sistema eléctrico dependiente de combustibles fósiles, responsables de acelerar el calentamiento del Planeta. Ese modelo además no mejora la confiabilidad del servicio ni a corto ni a largo plazo, y continúa trasladando costos a una población que ya enfrenta serias dificultades para pagar su factura de electricidad”, expresaron.
Asimismo, plantearon preocupaciones sobre la estructura tarifaria. “Tenemos una preocupación muy particular por el diseño de la tarifa para las facturas de los clientes debido a que redistribuye costos y beneficios de forma desigual con un esquema que aplica un aumento del cargo fijo y una reducción del cargo por consumo”, indicaron.
De acuerdo con las organizaciones, este esquema podría beneficiar a ciertos abonados con consumo constante, pero impactar a quienes han reducido su consumo como estrategia para manejar gastos.
También señalaron que el Negociado no evaluó de forma crítica el uso de fondos por parte de LUMA Energy y Genera PR. “Los aumentos adoptados por el Negociado la semana pasada pudieron haberse evitado o reducirse aún más si se hubiera hecho un uso prudente y eficiente de los fondos públicos ya disponibles”, sostuvieron.
Las entidades indicaron además que la decisión menciona el riesgo de una “espiral de la muerte” en el sistema eléctrico, aunque, según señalaron, no se adoptaron medidas estructurales para atenderlo. Entre las propuestas que mencionaron se encuentran programas de pago vinculados al ingreso y mecanismos de protección para hogares vulnerables.
Asimismo, reiteraron su postura de que las propuestas tarifarias debieron ser rechazadas en su totalidad.
En otro aspecto, las organizaciones expresaron preocupación sobre el impulso a generación basada en gas metano y señalaron la existencia de sistemas solares residenciales en la isla. También manifestaron inquietudes sobre posibles conflictos de interés entre Genera PR y New Fortress Energy, así como sobre programas de manejo de vegetación.
Señalamientos sobre participación ciudadana
Las organizaciones denunciaron posibles fallas en el manejo del proceso de participación pública. Indicaron que la decisión final recoge comentarios presentados en vistas públicas realizadas en febrero, pero no detalla el tratamiento de otros comentarios e informes técnicos sometidos dentro del período oficial.
Según explicaron, no se incluyen en la determinación comentarios presentados el 6 de marzo de 2026, cuya exclusión fue solicitada por LUMA Energy, ni otros previamente sometidos.
Ante esta situación, informaron que enviaron una comunicación al Negociado para solicitar aclaraciones sobre el manejo de estos documentos y su inclusión en el expediente administrativo.
“La solicitud de LUMA fue un intento de imponer límites indebidos al contenido y alcance de la participación ciudadana, sin fundamento en la ley ni en los reglamentos aplicables porque no existe disposición legal alguna que restrinja la participación ciudadana a expresiones individuales o no técnicas ni que autorice la exclusión de comentarios públicos oportunamente sometidos conforme al proceso establecido por el propio Negociado”, señalaron.
“La ausencia de estos comentarios en el resumen de comentarios públicos y la falta de claridad sobre su incorporación y consideración dentro del expediente administrativo electrónico plantean serias interrogantes sobre el alcance real de la participación ciudadana en el proceso deliberativo del Negociado en pleno, que conserva la autoridad decisional final sobre el caso”, añadieron.
Las organizaciones indicaron que, según la decisión, participaron 961 personas y entidades durante las vistas públicas. Señalaron que el número podría ser mayor si se consideran todos los comentarios sometidos durante el período formal, que se extendió del 1 de febrero al 6 de marzo.
Finalmente, destacaron que el propio Negociado reconoció la participación ciudadana como un elemento relevante en su análisis, particularmente en lo relacionado con preocupaciones sobre la asequibilidad del servicio eléctrico.