El regreso de candidatos conservadores en varios países latinoamericanos plantea una pregunta incómoda: ¿se trata de un cambio ideológico profundo o de la factura que los electores están pasando a una izquierda que prometió transformar la política y ahora enfrenta cuestionamientos sobre sus resultados y su coherencia democrática?
Durante buena parte de los últimos años, América Latina vivió lo que muchos analistas denominaron una segunda “marea rosa”. Gobiernos de izquierda o centroizquierda llegaron al poder en México, Colombia, Brasil, Chile y Honduras impulsados por promesas de justicia social, combate a la corrupción y ruptura con las élites tradicionales.
Sin embargo, el mapa político de la región vuelve a desplazarse.
La llegada de Javier Milei al poder en Argentina marcó uno de los primeros grandes puntos de inflexión. Daniel Noboa consolidó posteriormente un proyecto de centroderecha en Ecuador y Colombia acaba de elegir a Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, cuando concluya el mandato de Gustavo Petro.
Más que una conversión colectiva hacia la derecha, estos resultados podrían reflejar un fenómeno recurrente en América Latina: cuando los gobiernos no cumplen las expectativas que ayudaron a crear, los electores buscan alternativas, aunque estas se encuentren en el extremo opuesto del espectro político.
No significa necesariamente que la derecha haya encontrado todas las respuestas. Significa, sobre todo, que una parte del electorado dejó de creer que la izquierda las tenía.
La democracia mientras gane mi candidato
Uno de los cambios más llamativos no ha sido solamente electoral, sino discursivo.
Durante décadas, numerosos movimientos progresistas denunciaron golpes de Estado, persecuciones políticas y cualquier intento de desconocer la voluntad popular. La defensa de la democracia representativa fue uno de sus principales argumentos frente a los regímenes autoritarios y a las derechas que cuestionaban resultados electorales desfavorables.
Hoy, algunos de esos movimientos enfrentan una prueba incómoda.
En Colombia, el Consejo Nacional Electoral confirmó oficialmente la victoria de Abelardo de la Espriella por un margen inferior a un punto porcentual. El organismo examinó decenas de miles de reclamaciones sin que estas modificaran el resultado final. Iván Cepeda reconoció su derrota, aunque el presidente saliente Gustavo Petro continuó cuestionando la legalidad del proceso y alegando irregularidades sin presentar pruebas concluyentes.
La tensión adquirió una dimensión adicional cuando Cepeda anunció que promovería una “desobediencia civil pacífica” si el presidente electo no cumplía varias condiciones antes de su toma de posesión. Entre ellas, renunciar a su nacionalidad estadounidense y aclarar sus relaciones con organismos de seguridad de Estados Unidos.
La convocatoria resulta particularmente significativa porque no se dirige contra medidas adoptadas por una administración ya en funciones. El gobierno de De la Espriella todavía no ha comenzado. Colombia continúa bajo la Presidencia de Gustavo Petro y la transferencia de poder está prevista para el 7 de agosto.
La pregunta no es si la desobediencia civil puede ser legítima. La historia demuestra que, en determinadas circunstancias, lo ha sido. La pregunta es si debe convertirse en una respuesta anticipada contra un gobierno democráticamente elegido que todavía no ha tenido oportunidad de gobernar.
La soberanía según el destinatario
Algo similar ocurre con el principio de no intervención.
México ha defendido históricamente la soberanía nacional y ha rechazado pronunciamientos externos sobre sus asuntos internos. Esa posición constituye una doctrina diplomática legítima y profundamente arraigada en su política exterior.
La dificultad aparece cuando dirigentes o estructuras partidistas vinculadas al oficialismo mexicano respaldan activamente movimientos ideológicamente afines en otros países, mientras consideran inaceptable que figuras extranjeras intervengan en la conversación política mexicana.
Un partido político no es jurídicamente lo mismo que un gobierno. Pero la frontera se vuelve menos nítida cuando se trata del partido gobernante, sus principales dirigentes y una administración que comparte públicamente afinidades políticas con esos movimientos.
Hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para afirmar que el Gobierno de México esté organizando o financiando disturbios en Colombia. Tampoco puede sostenerse responsablemente que Morena haya diseñado la estrategia de desobediencia civil anunciada por sectores colombianos.
Sí existe, sin embargo, una discusión legítima sobre la consistencia del discurso: la soberanía suele presentarse como un principio absoluto cuando las críticas entran a México, pero parece adquirir mayor flexibilidad cuando la solidaridad política sale hacia otros países.
El desgaste de gobernar
Sería un error atribuir el avance de la derecha únicamente a sus méritos.
En buena medida, el fenómeno responde al desgaste del ejercicio del poder. La inseguridad, el crecimiento económico insuficiente, las dificultades fiscales, la migración, la polarización y el incumplimiento de expectativas han erosionado la confianza en varios gobiernos progresistas, del mismo modo que antes ocurrió con administraciones conservadoras.
América Latina posee una larga tradición de votar contra quien gobierna más que a favor de quien aspira a reemplazarlo.
La diferencia es que, en esta ocasión, el desencanto parece acompañado por una percepción creciente de incoherencia entre el discurso y la práctica.
Movimientos que se presentaron como defensores de las instituciones cuestionan ahora los resultados cuando les son adversos. Gobiernos que condenan la intervención extranjera respaldan expresiones políticas fuera de sus fronteras. Dirigentes que describen la protesta como desestabilizadora cuando va dirigida contra ellos la reivindican cuando sirve a sus aliados.
No se trata de una conducta exclusiva de la izquierda.
Donald Trump desconoció su derrota electoral en Estados Unidos y Jair Bolsonaro sembró dudas sobre el sistema brasileño antes y después de perder la Presidencia. La tentación de aceptar la democracia solamente cuando produce el resultado deseado atraviesa distintas ideologías. Precisamente por eso resulta preocupante que sectores progresistas reproduzcan prácticas que durante años denunciaron en sus adversarios.
Más autocrítica, menos épica
Quizá el mayor desafío para la izquierda latinoamericana no sea la derecha.
Puede ser su dificultad para reconocer que una parte de la pérdida de apoyo responde a errores propios.
Toda fuerza política tiene derecho a organizar la oposición, convocar protestas pacíficas y cuestionar las decisiones del gobierno. Eso forma parte de una democracia funcional. Pero también debe aceptar que las urnas pueden favorecer al adversario sin que ello convierta automáticamente el resultado en ilegítimo.
La alternancia no constituye una falla del sistema. Es una de sus expresiones esenciales.
Si una victoria progresista representa la voluntad popular, una derrota progresista también debe ser interpretada como una decisión popular, no como prueba automática de manipulación, ignorancia o conspiración.
La derecha avanza en distintos puntos de América Latina, pero no necesariamente porque haya convencido a toda la región de la superioridad de sus ideas. En algunos casos, avanza porque la izquierda gobernante no consiguió ofrecer los resultados prometidos y porque parte de sus dirigentes parece más preparada para explicar sus derrotas que para asumir responsabilidad por ellas.
Tal vez la pregunta que hoy enfrenta la izquierda no sea por qué la derecha vuelve a crecer.
Tal vez deba preguntarse primero por qué tantos ciudadanos que alguna vez confiaron en ella decidieron buscar respuestas en otro lugar.