La Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado celebró una vista pública para evaluar el cumplimiento de la Ley 143-2018 ante las interrupciones recientes en el servicio de agua potable.
La comisión, presidida por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, atendió la Resolución del Senado 543, que ordena estudiar la aplicación de la Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos Esenciales en Situaciones de Emergencia.
“Sabemos el reto enorme que tienen ustedes ante la emergencia y para eso estamos aquí, para ser la voz de ustedes y llevar ese mensaje, el reclamo, y que sea un servicio de calidad y continuo”, expresó Sánchez, autor de la medida, a ciudadanos, titulares y administradores de condominios presentes en la audiencia.
La investigación busca determinar si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) está cumpliendo con las disposiciones de la Ley 143-2018. También examina señalamientos sobre cargos facturados a abonados que no recibieron el servicio de manera continua.
La comisión analiza, además, casos de condominios abastecidos mediante camiones cisterna. Según los planteamientos presentados, el agua adquirida de manera privada pasa por los contadores de la AAA al llenar las cisternas de los edificios, por lo que podría quedar registrada como consumo facturable por la corporación pública.
AAA EVALÚA LOS AJUSTES
Edna Borges Rivera y William Thomson comparecieron en representación de la AAA. Borges indicó que la corporación pública se encuentra “identificando y evaluando los sectores perjudicados por la interrupción de servicios para ser debidamente atendidos con nuestros procesos”.
Explicó que la Ley 143-2018 dispone ajustes en las facturas cuando un servicio público esencial se interrumpe por más de 24 horas como consecuencia de un fenómeno atmosférico u otra emergencia declarada por el gobernador mediante orden ejecutiva.
“Una vez recibida la factura, los clientes tienen derecho a presentar objeción de facturas según establecido en la Ley 33-1985. Las disposiciones de la Ley Núm. 33 actualmente le garantizan al abonado que, en lo que se llevan a cabo los procedimientos y se dilucida su objeción, el servicio no podrá ser suspendido”, explicó Borges.
Sánchez solicitó a la AAA que entregue, en un plazo de cinco días laborables, un listado de los condominios a los que brinda servicio en Puerto Rico.
“Como presidente de la comisión, solicito y les quiero, de forma inequívoca, esa lista porque yo necesito saber a quiénes se les está dando servicio y quiénes no se está dando servicio. Ningún empleado público le puede restringir al Senado la función de trabajar y de verificar que todo el servicio se está dando con puntualidad en todo Puerto Rico”, sostuvo Sánchez.
El senador recordó que, durante una Comisión Total celebrada en junio, el presidente ejecutivo de la AAA se comprometió ante el Senado a atender los problemas de facturación señalados por varios condominios.
Sánchez explicó que algunos edificios tuvieron que contratar camiones cisterna para suplir sus tanques. Según el legislador, al pasar por las tuberías del edificio, esa agua activa los contadores de la AAA, aunque el suministro haya sido costeado de manera privada por los residentes.
Borges confirmó que la facturación se realiza mediante la lectura de los contadores y que el agua suministrada por camiones cisterna también puede quedar registrada al pasar por el sistema del edificio.
Añadió que la AAA evalúa los casos de abonados afectados y que podría realizar ajustes por deficiencias en el servicio, incluso en sectores que no fueron incluidos en la declaración oficial de emergencia.
Según explicó, las áreas operacionales deberán certificar los sectores afectados y la cantidad de días que permanecieron sin servicio antes de que puedan recalcularse las facturas.
Durante su turno, la senadora Migdalia Padilla Alvelo preguntó cuál era la posición oficial de la AAA sobre la aplicación de la ley.
Borges respondió que “el ajuste por servicio deficiente, a pesar de que sí tenemos que hacerlo por una declaración de emergencia, el procedimiento nos otorga el poder hacerlo como servicio deficiente, no importa que las personas no tuvieran lo de la emergencia; está dentro del procedimiento y nosotros normalmente lo trabajamos”.
La funcionaria añadió que “actualmente todavía no hemos trabajado lo que es los ajustes porque estábamos esperando la mayor normalización porque sabemos que hay zonas que tienen el problema todavía. Para entonces ser más justos y más claros con los días que le vamos a dar… Todo esto lo certifica el área operacional, que son los que cumplen el servicio y nos va a indicar los días. Nosotros hacemos los cálculos y actualmente estamos recibiendo la información para hacer los ajustes”.
Borges señaló que la AAA espera comenzar a procesar los ajustes a partir de agosto.
La senadora Nitza Morán Trinidad expresó preocupación por la aplicación de la ley y preguntó por el procedimiento disponible para presentar reclamaciones.
Borges indicó que “van a las oficinas, se le genera una orden de servicio, y para hacer esa orden se trabaja toda la reclamación. Puede llamar al centro telefónico, enviar algún comunicado o acercarse a alguna de nuestras facilidades”.
PROCURADOR DEL CIUDADANO EXPONE ALTERNATIVAS
Rolando Meléndez y Maricarmen Rivera comparecieron en representación de la Oficina del Procurador del Ciudadano.
Meléndez explicó que la oficina mantiene desde 2017 el Programa de Acción Inmediata para la Sostenibilidad de los Servicios Básicos Esenciales (PAISSBE), que atiende situaciones relacionadas con interrupciones y deficiencias en servicios como agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones.
“El PAISSBE atiende de manera continua casos relacionados con interrupciones, averías, trabajos de reparación, situaciones operacionales, daños a la infraestructura, bajas presiones, interrupciones prolongadas y otras circunstancias que impactan la prestación del servicio recibido por la ciudadanía. Estas gestiones permiten identificar patrones recurrentes que afectan la continuidad, confiabilidad y calidad de los servicios básicos esenciales, aún en ausencia de una declaración oficial de emergencia”, dijo Meléndez.
El funcionario sostuvo que los abonados de la AAA cuentan con mecanismos para solicitar ajustes en sus facturas.
“La AAA también está facultada reglamentariamente para hacerlo por su cuenta. El PAISSBE en ocasiones ha rendido ejemplos de lenguaje de cartas a los abonados, con su justificación reglamentaria, para que sean estos los que reclamen dichos derechos directamente a la AAA”, señaló.
Ante preguntas sobre las campañas de orientación, Meléndez indicó que la oficina recibe una asignación aproximada de $20,000 anuales para esos propósitos. Añadió que han recurrido a medios regionales y a visitas a alcaldes para divulgar información.
RESIDENTES RELATAN INTERRUPCIONES Y GASTOS
Varios residentes y administradores de condominios comparecieron para describir los efectos de las interrupciones y solicitar ajustes en las facturas.
Ana Valdrés Molini, de 77 años y residente del condominio Los Pinos, en Carolina, indicó que estuvo sin servicio de agua desde el 30 de mayo hasta el 11 de junio. Señaló que cuida a una persona encamada y cuestionó el procedimiento para presentar reclamaciones.
“Esto se trata de la protección de un derecho a la dignidad del ser humano y al bienestar público”, expresó Valdrés Molini.
La deponente afirmó que el proceso de reclamación es burocrático y que “el reglamento no está atemperado a la Ley de Condominio”.
Ignacio Veloz, administrador de varios condominios en Isla Verde, indicó que algunos edificios han utilizado más de $50,000 de sus fondos de reserva para afrontar la situación.
“En el pasado estuvimos sin agua y la Autoridad no trabajó el crédito”, dijo Veloz.
Añadió que algunos condominios estuvieron sujetos a racionamiento, mientras otros no contaban con los recursos necesarios para llenar sus cisternas.
Marcos Rosado, administrador de tres condominios en Isla Verde, declaró que “muchas personas no comprenden la magnitud del problema”.
Rosado informó que los tres edificios comprenden 532 apartamentos, en los que residen cerca de 2,000 personas, y que han gastado $82,000 para afrontar las interrupciones.
Andrés Álvarez, administrador de propiedades en Isla Verde, presentó ejemplos de aumentos en facturas de la AAA. Según declaró, algunas facturas que usualmente eran de $50 aumentaron a más de $800, pese a las interrupciones en el servicio.
Al concluir, Sánchez expresó que “no se está viendo la magnitud de esta situación y esto es mucho más que no llegar el agua. Aquí hay unos gastos que han incurrido ustedes, unas figuras importantes que tienen que sumarse aquí a resolver esta situación”.