La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, sostuvo este miércoles ante la Cámara de Representantes que la revocación del atleta Luis “Tuto” Bermúdez como abanderado de la delegación puertorriqueña se basó en una evaluación de un caso previo relacionado con una orden de protección en su contra.
Rosario reconoció que tuvo conocimiento de la situación en 2018, tras ser notificada por el propio Bermúdez. Sin embargo, indicó que los integrantes del Comité Ejecutivo y del pleno del Copur no recordaron el caso cuando designaron a los abanderados el 17 de junio de 2026.
Durante una vista pública de la Comisión de Recreación y Deportes, presidida por el representante Luis Jiménez Torres, Rosario señaló que las determinaciones de hechos recogidas en una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 2019 fueron consideradas “potencialmente incompatibles” con la distinción otorgada a Bermúdez.
“El estándar para ostentar la distinción de abanderado no depende de si hubo una condena penal o si prosperó un proceso civil, sino de si la persona designada es portadora adecuada de los valores del olimpismo y de los principios recogidos en la Constitución del Copur”, aseguró Rosario.
La presidenta del Copur indicó que Bermúdez y la Federación de Tiro tuvieron un plazo de cuatro días para reaccionar, pero no respondieron. Posteriormente, el Comité Ejecutivo se reunió el 22 de junio y dejó sin efecto la designación del atleta como abanderado masculino.
Rosario informó que convocó una reunión extraordinaria el 1 de julio para someter la determinación a la consideración del pleno del Copur, que ratificó la revocación.
“La decisión del Copur no constituye una adjudicación de culpabilidad ni de inocencia. El Copur no es un tribunal, y la designación original del 17 de junio fue legítima y de buena fe, adoptada con la información disponible en ese momento”, reafirmó Rosario.
La investigación legislativa surge de la Resolución de la Cámara 735, que ordena examinar los procesos de evaluación y designación de los abanderados del Copur. La medida, presentada por Jiménez Torres y el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, también busca determinar si Bermúdez contó con las garantías procesales correspondientes.
“La transparencia en la toma de decisiones de un organismo que representa a Puerto Rico en el ámbito internacional, y que recibe y administra fondos públicos, constituye un asunto de interés público. Corresponde examinar si el Copur cuenta con protocolos claros, justos y uniformes para atender este tipo de situaciones”, expresó Jiménez Torres.
Como parte de su comparecencia, Rosario entregó a la Comisión las minutas de la reunión extraordinaria, las resoluciones emitidas, una copia de la sentencia judicial relacionada con Bermúdez, el Reglamento de Delegaciones y el Protocolo de Prevención contra el Acoso y Hostigamiento Sexual.
INVESTIGAN ALEGACIONES DE MALTRATO EN LA FEDERACIÓN DE CANOTAJE
Durante la misma vista pública, la presidenta de la Federación Puertorriqueña de Canotaje, Ana Hernández, compareció ante la Comisión para responder preguntas sobre alegaciones de maltrato atribuidas al exdirector técnico de la organización y que presuntamente involucraron a atletas menores de edad.
Hernández confirmó que el exentrenador renunció a su cargo el 6 de julio mediante una carta en la que afirmó sentirse limitado para realizar su labor de preparación física y emocional de los deportistas. Añadió que la Junta Directiva de la Federación investigará los señalamientos.
Las alegaciones dieron paso a la Resolución de la Cámara 738, que ordena investigar denuncias sobre presuntos actos de violencia física, emocional y verbal durante los entrenamientos.
“Para formar atletas de alto rendimiento, tiene que haber una disciplina y se tiene que ser estricto. Pero una cosa es que haya disciplina y otra cosa es que se falte el respeto”, manifestó el representante José Aponte Hernández, autor de la medida. “Aquí hay planteamientos de menores de que fueron agredidos físicamente”, recalcó.
Hernández sostuvo que la Junta Directiva no recibió querellas formales sobre presuntas agresiones físicas por parte del exentrenador. No obstante, confirmó que recibió una comunicación firmada por atletas, exatletas y padres con quejas sobre el trato ofrecido entre 2016 y 2019.
“El alto rendimiento es exigente y no es para todos. Aunque algunos atletas y padres no concuerden, esta es una realidad que requiere disciplina más allá de opiniones o diferencias en la forma en que comunica o se entiende entre una y la otra parte”, puntualizó Hernández.
La presidenta de la Federación informó, además, que la organización se propone desarrollar un protocolo para regular los entrenamientos, tras los cuestionamientos sobre la ausencia de mecanismos internos para proteger a los atletas.
Por su parte, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz, informó mediante una ponencia escrita que la agencia iniciará un procedimiento administrativo relacionado con el exentrenador, al amparo del Reglamento 7690 y del Reglamento 9179 de Protección al Menor.
Antes de concluir la audiencia, Rosario reiteró que los señalamientos deben investigarse y exhortó a presentar las querellas oportunamente. Hernández, por su parte, se puso a disposición de la Comisión para facilitar la información y los contactos relacionados con el caso que estuvieran al alcance de la Federación.
Jiménez Torres indicó que la Comisión solicitará esa información.
En la vista pública también participaron los representantes José “Conny” Varela Fernández y Jorge “Georgie” Navarro Suárez.