La Junta de Supervisión Fiscal sostiene que Puerto Rico está entrando en una nueva etapa: una en la que el presupuesto dejará de ser un ejercicio anual para atender crisis y comenzará a utilizarse como una herramienta de planificación a largo plazo.
El planteamiento suena alentador. También encierra una pregunta incómoda: ¿por qué fue necesaria una entidad impuesta por el Congreso de Estados Unidos para adoptar prácticas fiscales que debieron formar parte de la administración pública desde hace décadas?
El presupuesto consolidado para el año fiscal 2027 asciende a unos $33,571 millones, de los cuales aproximadamente $13,180 millones corresponden al Fondo General. Es el segundo presupuesto consecutivo que, según la Junta, fue desarrollado conjuntamente con la administración de Jenniffer González Colón y la Asamblea Legislativa.
Pero el aspecto más importante no está necesariamente en cuánto dinero se asigna, sino en las estructuras que se intentan crear para evitar que Puerto Rico repita los errores que contribuyeron a su colapso financiero.
Las medidas incluyen un fondo de estabilización para enfrentar emergencias o contracciones económicas, un fondo separado para proyectos de infraestructura y un plan financiero de cinco años que deberá divulgar sus proyecciones, métodos y supuestos.
El fondo de estabilización tendría como objetivo acumular una reserva equivalente al 13.5% del gasto anual del Fondo General. Según la Junta, durante el año fiscal 2026 se separaron $729 millones y, posteriormente, se añadiría cada año una cantidad equivalente al 1.4% del gasto hasta alcanzar la meta en 2032.
La idea no es revolucionaria. Precisamente ese es el problema.
Separar dinero durante los años favorables, distinguir los gastos operacionales de las inversiones de capital y proyectar los ingresos y desembolsos más allá del próximo ciclo electoral son prácticas habituales en numerosas jurisdicciones. En Puerto Rico, sin embargo, la improvisación presupuestaria, la sobreestimación de recaudos y el uso de deuda para cubrir déficits se convirtieron durante años en parte del funcionamiento ordinario del gobierno.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos identificó entre las causas de la crisis unas prácticas deficientes de administración financiera, agencias que gastaban más de lo autorizado y decisiones políticas como tomar dinero prestado para balancear presupuestos y posponer la atención de las obligaciones de los sistemas de retiro.
La prolongada contracción económica también tuvo un peso importante. Por tanto, sería simplista atribuir toda la crisis exclusivamente a políticos irresponsables. Pero las dificultades económicas tampoco justifican que se aprobaran presupuestos apoyados en ingresos demasiado optimistas, que se ocultara la gravedad de los déficits o que se utilizara el endeudamiento para aplazar decisiones impopulares.
Una transformación todavía sobre el papel
El plan financiero de cinco años obligaría al gobierno a publicar un escenario base y otro que contemple un deterioro de las condiciones económicas. Esto permitiría comparar las proyecciones con los resultados reales y evaluar si cada administración cumplió sus promesas.
También se propone centralizar información que actualmente se encuentra dispersa entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. La fragmentación ha dificultado conocer con precisión cuánto dinero tiene el gobierno, cuánto ha comprometido y cuánto puede gastar.
No obstante, aprobar leyes y comprar sistemas tecnológicos no equivale a transformar una cultura institucional.
Puerto Rico tiene una larga historia de reformas anunciadas que pierden fuerza cuando cambia la administración, aparecen presiones electorales o algún sector reclama una excepción. La verdadera prueba llegará cuando el gobierno enfrente una reducción de recaudos y tenga que decidir entre respetar las reservas o utilizarlas para evitar una decisión políticamente costosa.
También deberá demostrar que el fondo de capital no se convierte en otra fuente de asignaciones discrecionales y que los planes de cinco años no se modifican continuamente para acomodar los deseos de quien ocupe La Fortaleza.
La Junta tampoco puede declararse vencedora
La Junta presenta estas medidas como parte del camino hacia la recuperación de acceso a los mercados y el eventual fin de su mandato. Sin embargo, su permanencia, una década después de la aprobación de la Ley PROMESA, obliga a moderar cualquier celebración.
La entidad logró imponer controles presupuestarios y dirigir la reestructuración de gran parte de la deuda pública. Pero su gestión también ha sido cuestionada por sus costos, el uso intensivo de consultores, su carácter no electo y el impacto de algunas medidas fiscales sobre los servicios públicos. La crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, además, continúa sin una solución definitiva.
PROMESA establece que la Junta terminará cuando Puerto Rico recupere acceso razonable a los mercados de crédito y complete al menos cuatro años fiscales consecutivos con presupuestos preparados bajo determinadas normas contables, sin gastar más de lo recaudado.
Ese requisito no se cumple simplemente certificando un presupuesto. Los resultados deberán comprobarse mediante estados financieros auditados, una tarea en la que el gobierno ha acumulado históricamente retrasos significativos.
Por eso, la transformación anunciada es un avance institucional, pero todavía no una victoria. La disciplina fiscal no consiste únicamente en que las cuentas cuadren mientras una entidad externa conserva la autoridad para intervenir. Consiste en que el propio gobierno sea capaz de mantenerlas en orden cuando nadie lo obliga.
El verdadero éxito no será que la Junta entregue finalmente las llaves. Será que Puerto Rico demuestre que no necesita que vuelvan a quitárselas.
* Para la redacción de este artículo se utilizó parcialmente un modelo de inteligencia artificial con fines de investigación.