El exasesor médico de la Casa Blanca Anthony Fauci se acogió repetidamente a la Quinta Enmienda durante una audiencia del Senado y se negó a responder preguntas sobre su actuación durante la pandemia de COVID-19.
La decisión permite a una persona evitar declaraciones que puedan ser utilizadas en su contra en un proceso penal. Aunque invocar esa protección constitucional no representa una admisión de culpabilidad, la imagen de Fauci guardando silencio ante el Congreso intensificó una controversia que lleva años enfrentándolo con sectores del Partido Republicano.
La audiencia fue convocada por el senador Rand Paul, quien acusa al antiguo funcionario de no haber sido completamente transparente en comparecencias anteriores sobre las investigaciones financiadas por Estados Unidos en China y sobre las discusiones internas en torno al posible origen del coronavirus.
Fauci explicó que seguía la recomendación de sus abogados. Sostuvo que Paul pretendía llevarlo a formular alguna declaración que pudiera utilizarse para acusarlo de perjurio, pese a que ya ha respondido en otras ocasiones preguntas relacionadas con el manejo de la pandemia.
El científico no limitó su silencio a los asuntos más controvertidos. También rehusó responder preguntas sencillas formuladas por legisladores republicanos, una estrategia dirigida a evitar cualquier excepción que pudiera debilitar su protección legal.
Paul reaccionó anunciando que el comité podría votar para declarar a Fauci en desacato al Congreso. Sin embargo, existen dudas jurídicas sobre el alcance de esa amenaza, entre otras razones por el indulto preventivo que recibió del expresidente Joe Biden antes de abandonar el poder.
Una disputa política con posibles consecuencias legales
El enfrentamiento entre ambos se remonta a los años más críticos de la pandemia. Paul sostiene que Fauci engañó al Congreso sobre la relación entre los Institutos Nacionales de Salud y ciertas investigaciones con coronavirus realizadas en Wuhan. Fauci ha negado esas acusaciones y afirma que se ha tergiversado el tipo de trabajos financiados por el gobierno estadounidense.
La publicación reciente de documentos personales y comunicaciones internas de Fauci reactivó el conflicto. Los republicanos argumentan que algunos de esos materiales contrastan con sus declaraciones públicas, mientras sus defensores consideran que la investigación busca desacreditarlo y convertir desacuerdos científicos en posibles delitos.
Para Fauci, responder supone el riesgo de que cualquier diferencia entre su testimonio actual y declaraciones anteriores sea presentada como una mentira deliberada. Para sus adversarios, su silencio refuerza la impresión de que aún existen preguntas sin contestar sobre las decisiones tomadas durante la pandemia.
Esa tensión explica por qué la audiencia probablemente tendrá un efecto político mayor que jurídico. Los republicanos podrán presentar la invocación de la Quinta Enmienda como prueba de opacidad. Los demócratas, en cambio, sostendrán que Fauci está utilizando una protección constitucional ante una investigación cuyo resultado consideran predeterminado.
Cinco años después de la etapa más crítica de la pandemia, el debate ya no se limita al origen del virus o a la eficacia de las medidas sanitarias. También gira alrededor de la responsabilidad de los funcionarios, los límites de las investigaciones legislativas y la dificultad de separar la búsqueda de respuestas de la revancha política.