El zar de Energía, Josué Colón, reiteró bajo juramento ante la Cámara de Representantes que el contrato de generación temporera con Power Expectations no produjo desembolsos de fondos públicos estatales ni federales y sostuvo que el capital y el riesgo de desarrollo recaían sobre el proponente.
El también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) declaró que la única obligación económica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) consistía en pagar por la energía despachada, generada y entregada, conforme al contrato de compraventa y operación adjudicado mediante la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO.
Colón indicó además que, bajo los términos del acuerdo, estimado en hasta $5,900 millones, la AEE no estaba obligada a comprar la generación y que la inversión gubernamental en el proyecto era de “cero dólares”, debido a que los pagos solo se producirían si las unidades entraban en operación y generaban energía.
“La estructura del contrato hacía imposible la malversación de fondos o el fraude. Nunca existió la posibilidad de un tumbe, porque solamente se iba a pagar por la energía despachada y a un costo mucho menor que lo que pagamos por la energía pico y reserva”, pronunció el funcionario.
La comparecencia de Colón ocurrió durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Víctor Parés Otero, que investiga el proceso de contratación con Power Expectations.
El asunto también ha derivado en una demanda presentada por Power Expectations en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y coincide con la renuncia de la directora ejecutiva de la AEE, Mary Zapata.
Según Colón, el acuerdo contemplaba hasta 800 megavatios de generación temporera a un costo de 22 centavos por kilovatio-hora y “hubiese significado un alivio para nuestros consumidores”.
La Junta de Supervisión Fiscal revocó el 14 de agosto su aprobación al contrato y posteriormente la AEE canceló el acuerdo, en medio de cuestionamientos relacionados con el proceso de contratación.
La Comisión de Gobierno inició una pesquisa sobre la adjudicación del contrato y sobre señalamientos realizados por Enchanted Rock relacionados con presuntas firmas falsificadas, asuntos corporativos y alegaciones de falta de transparencia.
Además, legisladores del Congreso de Estados Unidos solicitaron documentos e información sobre el proceso de contratación mediante una comunicación dirigida a Colón.
Durante la audiencia, Colón confirmó que fue entrevistado “hace unos días” por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia, luego de que refiriera el caso a las autoridades. El funcionario insistió en que el proceso se llevó a cabo conforme a derecho.
“Da la impresión a la ciudadanía que hubo funcionarios del gobierno que permitieron que se firmara un contrato que podía dar un tumbe, y eso es falso. Punto… Cien por ciento falso. En ningún momento eso podía pasar, ni bajo ningún escenario posible”, insistió Colón a preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz.
Por su parte, Parés Otero indicó que la Comisión evaluará posibles enmiendas dirigidas a atender lo que describió como “posibles vacíos” en las leyes energéticas relacionados con los procesos de subasta delegados a entidades privadas y que, a su juicio, se encuentran “fuera del control del gobierno”.
“Si en este proceso investigativo que estamos llevando a cabo encontramos algo que esté fuera de ley, algo que se haya amedrentado, no vacilaremos en radicarlo y enviarlo a las autoridades pertinentes”, indicó el legislador.
Citarán a abogado de la AAPP y otros funcionarios
Parés Otero citó al licenciado Juan González Galarza, abogado principal de la AAPP, a una vista ejecutiva pautada para el martes, 8 de septiembre, con el fin de responder preguntas de la Comisión relacionadas con su participación en el proceso de contratación.
Los portavoces Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño, y Héctor Ferrer Santiago, del Partido Popular Democrático, solicitaron que González Galarza fuera interrogado en una vista pública, al sostener que no corresponde aplicar el privilegio abogado-cliente.
Parés Otero rechazó la moción.
El presidente de la Comisión adelantó además que se celebrará una próxima vista pública con la comparecencia de la saliente directora ejecutiva de la AEE, Mary Zapata, y del director ejecutivo de 3PPO, Osvaldo Carlo, luego de que la Comisión examine la documentación entregada en respuesta a sus requerimientos de información.
En la vista pública participaron cerca de 20 representantes de las distintas delegaciones políticas de la Cámara.