Representantes de organizaciones y agencias gubernamentales comparecieron ante la Cámara de Representantes para discutir posibles políticas públicas dirigidas a facilitar la permanencia de adultos mayores en la fuerza laboral.
La vista pública fue celebrada por la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, como parte de una investigación sobre el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado laboral y posibles acomodos para trabajadores de mayor edad.
Durante la audiencia, José Acarón, director de AARP Puerto Rico, planteó la necesidad de fortalecer iniciativas de aprendizaje continuo o *lifelong learning* para facilitar la actualización profesional de trabajadores de edad avanzada.
“En una isla que envejece, con emigración juvenil sostenida y sin suficiente relevo generacional, el aprendizaje de por vida es la inversión más estratégica que puede hacer el país para mantener su productividad, sostenibilidad económica y dignidad laboral de su población”, afirmó Acarón.
El director de AARP señaló que, de acuerdo con estudios realizados por la organización, una proporción significativa de trabajadores de mayor edad enfrenta dificultades para acumular suficientes ahorros para su retiro.
Acarón sostuvo, además, que algunos adultos mayores continúan trabajando para complementar sus ingresos o apoyar económicamente a sus familias.
El portavoz indicó que el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuenta con la plataforma Aprendizaje para Toda la Vida, que ofrece adiestramientos y certificaciones de desarrollo profesional en línea, y propuso incorporar iniciativas similares dentro de una política pública de mayor alcance.
“Un retiro prematuro o forzado, sin la planificación financiera adecuada, no es un regalo ni una recompensa. Es una transición hacia la pobreza y la inseguridad económica”, advirtió Acarón, mientras recordó que el promedio de vida en Puerto Rico ha aumentado y, con ello, la expectativa de vida productiva.
Durante la audiencia también compareció Blanca Rivera Nieves, psicóloga industrial de 66 años, quien relató que fue jubilada a los 53 años luego de que su puesto fuera eliminado como parte de una consolidación corporativa.
Rivera Nieves alegó en su ponencia escrita que posteriormente enfrentó dificultades para conseguir empleo y atribuyó parte de esas experiencias a discrimen por edad.
Añadió que sus ahorros se agotaron luego de que sus gastos durante la última década superaran los $250,000 entre cobertura de salud, gastos del hogar y educación de su hija.
“Esto no es teoría: es mi realidad. Y es la realidad de miles de puertorriqueños que quieren trabajar, pueden trabajar y están siendo rechazados por prejuicio, no por incapacidad”, manifestó Rivera Nieves, quien indicó que actualmente mantiene dos empleos.
La audiencia se celebró en atención a la Resolución de la Cámara 706, presentada por petición de AARP Puerto Rico y bajo la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y del representante Ocasio Ramos.
La resolución ordena investigar el impacto del envejecimiento poblacional en el mercado laboral y evaluar posibles acomodos razonables para trabajadores de mayor edad.
“Resulta necesario brindar herramientas y recursos a la fuerza laboral y empresarial madura para que pueda mantenerse actualizada, activa y efectiva a lo largo de su trayectoria en el campo de trabajo”, reza la medida.
La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela, respaldó mediante un memorial explicativo el desarrollo de legislación dirigida a facilitar la accesibilidad y continuidad laboral de adultos mayores.
Por su parte, la directora de Asuntos Legales de la Procuraduría, Janice Maymí, recomendó crear guías de acomodo razonable por edad para patronos y establecer programas de mentoría para la transferencia de conocimiento.
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, expresó mediante una ponencia escrita su respaldo a los acomodos propuestos y recomendó evaluar incentivos para que los patronos establezcan programas de mentoría bidireccional.
Roig también propuso coordinar las iniciativas con programas gubernamentales que puedan orientar a los adultos mayores sobre el posible impacto de sus ingresos laborales en beneficios sujetos a criterios económicos.
“El envejecimiento poblacional no debe analizarse exclusivamente como un reto fiscal o de prestación de servicios. También representa una oportunidad para conservar capital humano, conocimiento especializado, experiencia institucional y capacidad productiva”, opinó Roig.
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) indicó en una ponencia escrita que el ordenamiento vigente contempla mecanismos que permiten contratar a personas pensionadas mediante servicios profesionales que no constituyen un empleo regular.
Mientras, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos detalló varios programas e iniciativas dirigidos a la reinserción o continuidad laboral de adultos mayores.
Entre estos mencionó el Programa para el Empleo Prioritario de Gerontos, dirigido a personas de edad avanzada que no han acumulado los créditos mínimos necesarios para tener derecho a una pensión del Seguro Social.
En la vista pública también participaron los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz, Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y José “Cheito” Hernández Concepción.