El Senado de Puerto Rico concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1096, que propone una nueva Ley del Poder Judicial y la derogación de la Ley de la Judicatura de 2003.
La medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, plantea cambios en la organización, administración y funcionamiento de la Rama Judicial, según informó el cuerpo legislativo en un comunicado del 22 de octubre.
Entre sus disposiciones figura la eliminación prospectiva de la categoría de juez municipal para uniformar la composición del Tribunal de Primera Instancia. El proyecto también reorganiza la estructura administrativa del Poder Judicial y reafirma el modelo de administración compartida entre el Tribunal Supremo y el juez presidente, de acuerdo con el resumen divulgado por el Senado.
La propuesta contempla la creación y reorganización de oficinas especializadas, la ampliación de las funciones de la Academia Judicial y el impulso de métodos alternos para la solución de conflictos. Además, incluye disposiciones sobre los programas de orientación ciudadana y acceso a la justicia.
Otros cambios atañen al Negociado de Traducciones, con el objetivo de agilizar la publicación en inglés de decisiones, reglamentos y resoluciones del Tribunal Supremo. El proyecto también incorpora enmiendas a la Ley Notarial.
Aprueban reducción de multa de AutoExpreso
Durante la misma sesión, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 1352, que propone reducir de 15 a 10 dólares la multa administrativa por cada infracción de AutoExpreso por falta de balance cuando el peaje no se pague dentro del término establecido.
La medida mantiene la obligación de pagar el peaje y dispone que se notifique al titular de la cuenta sobre el balance adeudado y la imposición de la multa mediante correo electrónico, correo postal u otros medios digitales autorizados.
El texto también dispone que el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación adopten o enmienden la reglamentación necesaria en un plazo no mayor de 120 días desde su aprobación como ley.