El nombre de Donald Trump no estará en la papeleta este martes, pero buena parte de su presidencia sí.
Los electores en los 50 estados decidirán qué partido controlará las dos cámaras del Congreso durante los próximos dos años: el Partido Republicano, que hasta ahora ha acompañado al presidente en Washington, o el Partido Demócrata, que busca recuperar poder para frenar sus iniciativas y fiscalizar a su administración.
La contienda también ha puesto a Puerto Rico en el centro de una discusión que va más allá de la isla. El empresario y donante republicano Elon Musk advirtió que, si los demócratas llegan a controlar la presidencia y ambas cámaras del Congreso en 2028, podrían impulsar la estadidad para Puerto Rico y Washington D. C. con el propósito de ganar poder en el Senado.
Su planteamiento supone un desafío para la gobernadora Jenniffer González Colón. Republicana y defensora de la estadidad, la mandataria busca convencer a un presidente que se ha opuesto públicamente a admitir a Puerto Rico como estado, en parte por el mismo cálculo electoral que ahora plantea Musk.
UN REFERÉNDUM SOBRE TRUMP
El martes se elegirán los 435 miembros con voto de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores federales. También habrá elecciones para gobernaciones y otros cargos estatales y locales.
Los republicanos controlan actualmente ambas cámaras. Según Reuters, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños tanto en la Cámara como en el Senado para arrebatarles el control de cada cuerpo. El resultado no tiene que ser uniforme: cualquiera de los partidos podría ganar una cámara mientras el otro conserva la segunda.
Para Trump, conservar el Congreso facilitaría la aprobación de leyes y presupuestos favorables a su agenda. También mantendría las comisiones legislativas bajo dirección republicana durante la segunda mitad de su mandato.
Perder cualquiera de las cámaras no lo sacaría de la Casa Blanca ni eliminaría su poder ejecutivo. Pero sí podría complicar la aprobación de sus prioridades y obligarlo a negociar con una oposición fortalecida.
Si los demócratas ganan la Cámara, tendrían más capacidad para abrir investigaciones, solicitar documentos y llamar a funcionarios a declarar. Si ganan el Senado, además de influir en la legislación, podrían bloquear nominaciones presidenciales que requieren su consentimiento, incluidas las de jueces y altos funcionarios.
Trump conservaría el veto sobre la legislación que llegue a su escritorio. Así, incluso una victoria demócrata en ambas cámaras no equivaldría a una vía libre para aprobar sus propuestas.
LA APUESTA DEMÓCRATA
Para los demócratas, la elección ofrece la oportunidad de presentar una victoria como un límite a Trump y una plataforma para la contienda presidencial de 2028.
El partido ha buscado convertir el descontento con el presidente en votos para el Congreso, en un escenario en el que los precios, la economía y la gestión de su administración figuran entre las preocupaciones de los electores.
Pero ganar poder también traería responsabilidades. Si obtienen el control de alguna cámara, los demócratas tendrían que decidir cuándo confrontar a la Casa Blanca y cuándo negociar asuntos como el presupuesto y la continuidad de los programas federales.
La magnitud de su victoria —si la consiguen— será tan importante como el resultado mismo. Una mayoría estrecha ofrece capacidad de fiscalización y negociación, pero deja poco margen para mantener unido al partido en votaciones difíciles.
PUERTO RICO EN EL ARGUMENTO DE MUSK
La intervención de Musk añadió otra dimensión a la campaña.
El 30 de octubre, el empresario sostuvo en X que su mayor preocupación era que los demócratas ganaran la presidencia y ambas cámaras en 2028, y entonces convirtieran a Puerto Rico y Washington D. C. en estados para fortalecer su mayoría en el Senado.
Musk pidió votar por candidatos republicanos al Senado este martes como parte de una estrategia para impedir ese escenario en 2029. Su argumento, por tanto, no era que los resultados de esta semana convertirían automáticamente a Puerto Rico en estado, sino que podrían influir en la composición futura del Senado.
Si ambas jurisdicciones fueran admitidas como estados, cada una tendría derecho a elegir dos senadores. Serían cuatro escaños adicionales en total.
Pero cuatro nuevos senadores no significan automáticamente cuatro senadores demócratas. Musk plantea una predicción partidista, no un resultado garantizado.
Washington D. C. tiene un historial electoral marcadamente favorable a los demócratas. En Puerto Rico, en cambio, las elecciones locales se organizan principalmente alrededor de partidos definidos por sus posturas sobre el estatus, y entre sus dirigentes hay afiliados tanto al Partido Demócrata como al Republicano.
La propia González, quien milita en el Partido Republicano, ha rechazado la idea de que Puerto Rico sería necesariamente un estado demócrata y ha señalado la presencia de sectores conservadores en la isla.
Tampoco hay certeza de que un eventual gobierno demócrata pudiera o quisiera completar la admisión de ambas jurisdicciones. Para Puerto Rico, cualquier cambio de estatus requeriría acción del Congreso. Además, una legislación enfrentaría los procedimientos y obstáculos políticos correspondientes, incluida la posibilidad de un veto presidencial mientras Trump permanezca en el cargo.
LA ENCRUCIJADA DE LA GOBERNADORA
Para González, las declaraciones de Musk ponen de manifiesto una tensión que lleva tiempo acompañando su estrategia en Washington.
La gobernadora es una figura republicana que defiende la estadidad como su principal aspiración política. Sin embargo, el presidente de su propio partido ha dicho que la admisión de Puerto Rico sería un «desastre», por entender que podría beneficiar electoralmente a los demócratas.
La relación de González con Trump ha cambiado con los años. Tras distanciarse de él luego del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, lo respaldó en 2024. Durante la convención republicana de ese año, lo describió como la mejor opción y dijo que buscaría servir de enlace para colocar a Puerto Rico en su agenda.
Como gobernadora, González ha sostenido que intentará persuadir a Trump sobre la estadidad. En octubre firmó una resolución que solicita al presidente y al Congreso la admisión de Puerto Rico como estado. También ha dicho que buscará apoyo entre republicanos y demócratas después de las elecciones.
El dilema es evidente: una victoria republicana podría conservar para González contactos importantes en el Congreso, pero también mantendría el poder en un partido cuyos líderes más influyentes han expresado oposición a su principal objetivo político.
Una victoria demócrata, por otro lado, podría colocar en puestos de mayor influencia a legisladores más receptivos a una consulta de estatus o a propuestas relacionadas con la estadidad. Pero eso no garantiza que el asunto se convierta en prioridad ni elimina la oposición de Trump mientras siga en la presidencia.
MÁS ALLÁ DEL ESTATUS: LA SALUD EN JUEGO
Para los residentes de Puerto Rico, una de las consecuencias más inmediatas de la nueva composición del Congreso podría estar en la negociación de fondos de salud.
Puerto Rico opera su programa Medicaid bajo una estructura distinta a la de los estados, con un límite a la financiación federal. La tasa de aportación federal del 76 % autorizada actualmente se extiende hasta el 30 de septiembre de 2027, por lo que el próximo Congreso tendrá que atender qué ocurrirá después.
La negociación es importante para el financiamiento del Plan Vital. Una reducción significativa de la aportación federal podría obligar al gobierno local a buscar más recursos y enfrentar decisiones difíciles sobre el programa. Pero ese desenlace no es automático: dependerá de lo que apruebe el Congreso y firme el presidente.
Un Congreso dividido podría abrir espacios para negociar fondos dentro de acuerdos más amplios. También podría dificultarlos si las disputas partidistas retrasan la aprobación de medidas presupuestarias.
Y hay una complicación práctica: si cambian los presidentes de comisiones y los legisladores que atienden los asuntos de Puerto Rico, el gobierno tendrá que cultivar nuevas relaciones y explicar nuevamente sus prioridades.
UNA DECISIÓN SIN VOTO EN LA ISLA
Los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico se verán afectados por las decisiones del próximo Congreso, pero no votan este martes por senadores ni por un representante con voto final en la Cámara federal.
El comisionado residente, Pablo José Hernández, fue elegido en 2024 para un término de cuatro años y no está en la papeleta de este martes. Los puertorriqueños que residen en alguno de los estados, en cambio, pueden votar allí si cumplen los requisitos electorales correspondientes.
Esa diferencia también atraviesa el debate sobre el estatus. En el plebiscito local de 2024, la estadidad obtuvo el 58.61 % de los votos válidos por las tres opciones incluidas. La papeleta no incluyó el estatus territorial actual y los votos en blanco y nulos se contabilizaron aparte, elementos que forman parte de la disputa política sobre cómo interpretar el resultado.
Para quienes favorecen la estadidad, la controversia de esta semana ilustra el problema que buscan resolver: que el acceso de los residentes a la representación federal dependa de cálculos partidistas ajenos a la isla. Para quienes defienden otras fórmulas, el debate también evidencia la necesidad de resolver la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos.
El martes no decidirá por sí solo el futuro político de la isla. Sí decidirá quiénes ocuparán posiciones de poder cuando lleguen al Congreso asuntos que afectan directamente a sus residentes: desde el financiamiento de la salud hasta cualquier propuesta sobre su estatus.
Y, para González, el resultado será una prueba de cuánto espacio existe para impulsar la estadidad en un Washington donde algunos de los aliados nacionales de su partido la presentan como una amenaza electoral.