LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO aprobó el primer informe parcial de la Comisión de Gobierno sobre el fallido contrato de generación temporera con el consorcio Power Expectations y acordó referir a autoridades estatales y federales a funcionarios y personas vinculadas con su adjudicación, según informó el cuerpo legislativo el jueves, 5 de noviembre.
El informe, de unas 120 páginas, incluye señalamientos sobre posibles omisiones de información, conflictos de intereses y contradicciones aparentes en testimonios. Los referidos mencionan al zar de Energía, Josué Colón; a la exdirectora de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata; y al presidente de la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO), Osvaldo Carlo Linares. Los referidos no constituyen determinaciones de culpabilidad.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, sostuvo durante el debate que el documento identifica discrepancias entre declaraciones bajo juramento y la evidencia recopilada. Señaló que el informe estará disponible para consulta pública en la página de la Cámara.
El cuerpo legislativo también remitió información relacionada con Power Expectations y sus representantes a agencias estatales y al FBI, ante alegaciones de fraude, extorsión y presunto uso de firmas falsificadas de ERock Inc. Estas son alegaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.
Durante el debate, los representantes del Partido Popular Democrático Héctor Ferrer Santiago y Ramón Torres Cruz reclamaron la renuncia de Colón y plantearon que las denuncias se presenten inicialmente ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
El informe también plantea señalamientos sobre Juan González Galarza por servicios prestados simultáneamente a la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la oficina del zar de Energía. Según la comisión, la 3PPO tuvo responsabilidad principal en el proceso al reiniciar la competencia sin constancia de aprobación, recomendar negociaciones con el proponente de menor puntuación y firmar el contrato pese a conocer señalamientos de fraude.
Entre las recomendaciones del informe figura cancelar el contrato con Regulatory Compliance Services Corp. para la administración de la 3PPO, encauzar futuras adquisiciones de energía bajo el Reglamento Conjunto 8815 de 2016 y delimitar las funciones del zar de Energía y del director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
Los hallazgos descritos corresponden a una investigación legislativa parcial y no a una sentencia judicial.