Un estudio presentado este martes por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) y su Fundación identificó distorsiones en el sistema contributivo que, según sus autores, afectan a las familias de ingresos medios, encarecen la operación de empresas y pueden desalentar la inversión. El informe propone evaluar una reforma integral, en lugar de modificar los impuestos de manera aislada.
El análisis, titulado Radiografía estructural del sistema contributivo de Puerto Rico y sus principales distorsiones económicas, fue preparado por ABEXUS y el economista Edwin Ríos. Examina la interacción entre contribuciones sobre ingresos, Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), arbitrios, impuestos municipales, créditos y regímenes especiales.
Entre sus hallazgos, el estudio calcula que la tasa efectiva de contribución sobre ingresos aumenta de 2.9 % a 12.6 % en los grupos con ingresos entre $30,000 y $100,000, mientras que entre los contribuyentes de mayores ingresos se sitúa alrededor de 19 % a 20 %. Estas tasas efectivas, que reflejan la proporción del ingreso destinada al impuesto, no equivalen a las tasas marginales establecidas en la ley, cuyo máximo es de 33 %.
Los autores también estiman que el 42.7 % de los recaudos del IVU procede de compras realizadas por empresas para sus operaciones. Argumentan que esa carga puede acumularse en la cadena productiva y trasladarse parcialmente al consumidor. Bajo el escenario utilizado en el estudio, el efecto sobre precios podría representar una carga equivalente a 12.7 %, superior al IVU de 11.5 % que figura en el recibo. Se trata de una estimación del estudio, no de un cambio anunciado en la tasa oficial.
La Fundación del CCPA advirtió, además, que las familias con ingresos anuales de entre $40,000 y $60,000 enfrentan simultáneamente contribuciones sobre ingresos y tributos al consumo, mientras reciben menos beneficios del Crédito por Trabajo. El estudio cuestiona también las diferencias contributivas entre empresas sujetas al régimen regular y aquellas cobijadas por incentivos, así como el efecto de las patentes municipales y del impuesto sobre inventarios.
Al examinar las tendencias demográficas, el informe presenta un escenario condicionado que proyecta unos 213,000 empleos menos para 2045 y una posible reducción de aproximadamente $843 millones anuales en recaudos combinados de contribución sobre ingresos e IVU, expresados en dólares de 2025. La proyección depende de que continúen las tendencias consideradas por los investigadores.
El presidente del CCPA, Gerardo Torres, planteó que cualquier reforma debe simplificar el cumplimiento, reducir diferencias injustificadas entre actividades económicas comparables y considerar la capacidad de pago de los contribuyentes. Entre las recomendaciones del informe figuran ajustes por inflación, revisión de incentivos y una evaluación conjunta de los distintos impuestos para evitar que las modificaciones beneficien a unos sectores mientras desplazan la carga hacia otros.