El Senado de Puerto Rico aprobó este jueves, 12 de noviembre, un conjunto de medidas legislativas que incluyen propuestas para permitir que policías retirados trabajen en cuerpos municipales sin perder su pensión, establecer controles sobre determinados medicamentos compuestos y exigir advertencias sobre el uso de inteligencia artificial en actividades comerciales.
Las votaciones ocurrieron durante el último día de aprobación de medidas de la Cuarta Sesión Ordinaria. El cuerpo legislativo también atendió iniciativas relacionadas con el retiro de policías, los fondos federales, la protección de consumidores y el uso de energía nuclear.
Policías retirados podrían incorporarse a cuerpos municipales
Entre las medidas aprobadas figura el Proyecto del Senado 1595, presentado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, a petición de la Federación de Alcaldes.
La legislación propone crear el Programa VALOR, mediante el cual los municipios podrían incorporar a policías estatales retirados a sus cuerpos de seguridad sin que pierdan su pensión.
Para participar, los agentes deberán llevar al menos un año retirados, cumplir determinados requisitos de salud y aptitudes y no haberse retirado por incapacidad. La propuesta establece que los municipios asumirían la compensación correspondiente y que el servicio no generaría una segunda pensión.
El Senado también aprobó el Proyecto 1596, dirigido a restringir el traslado de policías municipales hacia otros cuerpos de seguridad antes de cumplir el período mínimo de servicio establecido.
Mayor regulación sobre medicamentos compuestos
En el área de salud, el Senado aprobó el Proyecto 1397, del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, que propone enmendar la Ley de Farmacia de Puerto Rico para regular medicamentos compuestos de alto riesgo y las farmacias no residentes que los distribuyen en la isla.
Según la exposición de motivos, la iniciativa responde a preocupaciones relacionadas con la distribución de estos productos, particularmente algunos utilizados para tratar la diabetes y la obesidad.
Las farmacias no residentes tendrían que registrarse ante la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública, organismo encargado de fiscalizar su cumplimiento.
Advertencias sobre inteligencia artificial
El Proyecto del Senado 1385, presentado por el senador Ángel Toledo López por petición, propone establecer obligaciones de transparencia para los comercios que utilicen inteligencia artificial.
La medida requeriría identificar determinados anuncios que incorporen personas generadas artificialmente o réplicas digitales. También contempla que las empresas informen a los consumidores cuando interactúen con sistemas de inteligencia artificial generativa en determinadas situaciones.
El Departamento de Asuntos del Consumidor tendría facultades para imponer sanciones por incumplimiento, luego de conceder el término de corrección dispuesto en la propuesta.
Otras medidas aprobadas
Entre las iniciativas avaladas también figura el Proyecto del Senado 1146, que propone crear un portal público para consultar oportunidades de financiamiento federal disponibles en Puerto Rico.
Asimismo, el Senado aprobó una medida para permitir que adultos mayores y personas con impedimentos designen voluntariamente un contacto financiero de confianza, al cual las instituciones puedan acudir ante posibles situaciones de explotación económica.
En materia energética, el cuerpo legislativo aprobó con enmiendas el Proyecto de la Cámara 1092, que propone incluir la energía nuclear entre las fuentes consideradas limpias y modificar las restricciones relacionadas con su producción en Puerto Rico.
Otra propuesta permitiría que los municipios faciliten instalaciones disponibles a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate y cuidado de animales.
El Senado también dio paso a medidas relacionadas con reclamaciones laborales, servicios de salud, protección de consumidores, centros de cuidado infantil y procedimientos administrativos.
La aprobación de estas medidas en el Senado no significa que todas hayan sido convertidas en ley. Su trámite posterior dependerá de la consideración legislativa correspondiente y, cuando proceda, de la evaluación del Ejecutivo.