La Asociación de REALTORS® de Puerto Rico expresó preocupación ante la ausencia de reglamentación para la implementación de la Ley 102-2025, conocida como la Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico, y advirtió que su puesta en vigor sin reglamentos ni enmiendas podría tener un impacto adverso en la protección del consumidor.
La Ley 102-2025 fue firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón el 1 de agosto de 2025 con el propósito de facilitar la movilidad laboral mediante el reconocimiento de licencias profesionales y ocupacionales emitidas en otras jurisdicciones de Estados Unidos. No obstante, hasta el momento no se ha informado oficialmente la aprobación de los reglamentos ni de las enmiendas que, según se indicó al momento de la firma, resultan necesarias para su ejecución.
Al firmarse la medida, la propia Oficina de la Gobernadora reconoció la necesidad de enmiendas sustantivas para fortalecer el estatuto, incluyendo la adopción de reglamentos específicos para cada Junta Examinadora, programas de orientación a patronos y profesionales, sistemas de métricas para evaluar su impacto, acuerdos interestatales de reciprocidad, requisitos de residencia, educación continua sobre las leyes de Puerto Rico y un enfoque prioritario en sectores críticos como la salud.
La legislación dispone que el Departamento de Estado, las Juntas Examinadoras y diversas agencias administrativas adopten reglamentos para establecer los procedimientos relacionados con solicitudes, evaluaciones, licencias provisionales, certificaciones gubernamentales, tarifas, jurisdicción disciplinaria y convalidación de experiencia laboral.
En ese contexto, la Asociación de REALTORS® de Puerto Rico reiteró su solicitud formal de excluir a los corredores de bienes raíces del alcance de la Ley 102-2025, petición que ha sido presentada tanto ante la Asamblea Legislativa como ante la Gobernadora.
La organización señaló que la profesión inmobiliaria en Estados Unidos se rige por marcos regulatorios distintos en cada jurisdicción, con requisitos particulares de educación, experiencia, exámenes y supervisión, por lo que la aplicación de un reconocimiento automático de licencias en Puerto Rico podría afectar los mecanismos de protección al consumidor.
Asimismo, la entidad hizo un llamado a la Gobernadora para que se priorice la aprobación de los reglamentos pendientes, se sometan las enmiendas anunciadas y se atienda la solicitud de exclusión del sector inmobiliario antes de la implementación de la ley. De igual forma, la presidenta de la Asociación agradeció a la Gobernadora, a su equipo legislativo y al liderato de Cámara y Senado por el espacio de diálogo concedido para atender este asunto.
“Desde la Asociación de REALTORS® de Puerto Rico confiamos en que la Gobernadora actuará con sensibilidad y responsabilidad hacia todos los sectores profesionales de Puerto Rico. Reconocemos la intención legislativa de la Ley 102, pero reiteramos que su implementación requiere un reglamento claro, justo y bien estructurado que tome en consideración las particularidades y los niveles de riesgo de cada profesión. Tenemos fe en que las enmiendas recomendadas por los distintos gremios serán acogidas, siempre en el mejor interés del bienestar del consumidor, la seguridad pública y el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó Kristina Fábregas, presidenta de la Asociación de REALTORS® de Puerto Rico.