Entidades del sector energético y representantes del sector privado reiteraron su rechazo al impuesto de 11.5 % propuesto a los sistemas solares en el proyecto de reforma contributiva, al advertir que la medida encarecería el acceso a energía renovable y afectaría a familias de ingresos bajos y moderados.
La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, por sus siglas en inglés) alertó que eliminar la exención al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los sistemas solares frenaría la adquisición de estas instalaciones por parte de más de la mitad de los clientes de medición neta en Puerto Rico.
El director de Política Pública de SESA, Javier Rúa, compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Eddie Charbonier Chinea, para reclamar que se mantenga la exención vigente en el Código de Rentas Internas, al señalar que la industria ha generado más de $6,000 millones en inversión privada.
“Añadirle más de 3,000 dólares al costo de un sistema solar promedio que esa misma clase media y sectores menos pudientes adquieren, e incluso subirle el pago mensual de arrendamiento solar a esas mismas familias, niega y neutraliza cualquier alivio contributivo”, manifestó Rúa durante la vista pública del Proyecto de la Cámara 1014, que formaliza la reforma contributiva de la gobernadora Jenniffer González.
Según datos de SESA, actualmente existen alrededor de 200,000 hogares con sistemas solares que generan 1,400 megavatios (MW) a la red eléctrica. Para la entidad, los sistemas con baterías constituyen un servicio esencial ante la fragilidad del sistema eléctrico.
“La energía solar en Puerto Rico salva vidas y economías individuales”, enfatizó Rúa. “Las 200,000 familias que han instalado sistemas solares en sus techos y baterías en sus garajes literalmente han estado reconstruyendo la red eléctrica para el bien de todos”, agregó.
SESA estimó que, de aprobarse el impuesto, el costo de un sistema promedio con placas y baterías aumentaría de $30,000 a más de $33,400. En el caso de los arrendamientos solares, que representan el 74 % de los clientes, un pago mensual típico de $200 se incrementaría en unos $23, lo que equivale a más de $5,000 durante un contrato de 20 años.
Por su parte, el representante Charbonier Chinea reiteró que la Cámara no aprobará nuevos impuestos y aseguró que el proyecto será enmendado para eliminar tanto el impuesto a los sistemas solares como el arbitrio de importación a vehículos híbridos o eléctricos. Indicó además que su meta es rendir un informe para la consideración del pleno en o antes del 1 de febrero.
No obstante, el legislador subrayó la urgencia de recibir información requerida al componente fiscal del Ejecutivo, la cual debía entregarse el jueves 22 de enero. De no recibirla, adelantó que la Comisión de Hacienda acudirá a los tribunales para hacer cumplir la orden legislativa.
“La información que le pedimos a los secretarios es sumamente importante, porque eso nos va a llevar a identificar finalmente el número y las partidas que hacen falta”, puntualizó Charbonier Chinea. “No comunicarse con las comisiones legislativas atrasa el proceso, y yo creo que todos queremos terminar esto lo antes posible”, añadió.
El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, sostuvo que eliminar la exención del IVU a los sistemas solares representaría cerca de $18 millones en ingresos adicionales para el fisco. Sin embargo, la Asociación de Industriales argumentó que esa cantidad puede obtenerse del presupuesto del Fondo General, que asciende a $13,095 millones.
La organización advirtió que la medida afectaría negativamente al sector comercial e industrial al elevar costos de inversión y desalentar la adopción de tecnologías que reducen gastos operacionales.
“Industrias que están planificando o ya ejecutan proyectos de energía solar podrían tener que revisar sus presupuestos e incluso posponer inversiones, ya que los costos pueden aumentar notablemente”, señaló Denisse Flores, miembro de la Junta de Gobierno de la entidad.
A su vez, la Asociación de Constructores instó a que en la próxima fase de la reforma contributiva se revise el modelo de arbitrios aplicados al desarrollo de proyectos de construcción. El abogado Rafael del Valle solicitó uniformar la estructura de costos, al considerar que los cargos actuales encarecen el desarrollo de vivienda.
“Solicitamos que se actúe con prontitud para reducir estos cargos y contribuciones si deseamos fomentar que más proyectos formales puedan desarrollarse para atender la necesidad acumulada de vivienda de nuestros jóvenes profesionales”, expresó.
Charbonier Chinea informó que la Comisión de Hacienda celebrará una nueva vista pública el lunes, con la comparecencia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Bancos.
