El Gobierno estableció un estado de emergencia luego de que el Departamento de Salud determinara que el país enfrenta una epidemia de influenza. La medida se formalizó mediante una orden ejecutiva que autoriza la activación de mecanismos especiales para atender la situación relacionada con la salud pública.
La disposición delega en el secretario del Departamento de Salud la responsabilidad de dirigir y coordinar la respuesta gubernamental. También permite a las agencias pertinentes movilizar recursos y ejecutar acciones de forma expedita para atender las necesidades vinculadas a la emergencia declarada.
Durante la vigencia del estado de emergencia, el Departamento de Salud y otras dependencias quedan autorizados a utilizar procesos especiales para la adquisición de bienes y servicios necesarios. Asimismo, se establece la obligación de rendir informes sobre los gastos realizados y proyectados como parte de las gestiones relacionadas con esta situación.