El presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, David Rodríguez Ortiz, expresó respaldo con reservas al Proyecto de la Cámara 1014, que propone enmiendas al Código de Rentas Internas de 2011 relacionadas con la carga contributiva individual, la simplificación del sistema y ajustes por inflación.
Durante una vista pública de la Comisión de Hacienda, presidida por el representante Eddie Charbonier Chinea, Rodríguez Ortiz indicó que “el Colegio de CPA, en esencia está de acuerdo con los aspectos generales de este proyecto y las enmiendas que presenta, siempre que se consideren los comentarios que aquí esbozaremos y entendemos que resulta un primer paso en el camino hacia una reforma contributiva integrada”.
Añadió que “la aprobación de estas medidas no debe marcar el final del análisis, sino reforzar la necesidad de continuar los esfuerzos de evaluación desde una perspectiva holística del sistema contributivo y fiscal puertorriqueño”.
El presidente del Colegio sostuvo que la propuesta debe “implementar cambios estructurales que permitan una redistribución más equitativa de la carga contributiva, sin desalentar la inversión, la creación de empleo, ni el desarrollo económico. Un sistema contributivo justo no solo recauda, sino que orienta conductas y envía señales claras sobre las prioridades del país”.
No obstante, advirtió que el proyecto “puede poner a Puerto Rico en desventaja competitiva al compararlo con otras jurisdicciones, ya que la misma tiene el efecto de incrementar la tasa efectiva marginal”. Explicó que actualmente los contribuyentes con ingresos de $100,000 o menos pueden descontar un ocho por ciento de su responsabilidad contributiva, mientras que quienes devengan más de esa cantidad pueden descontar un cinco por ciento.
Con la medida en discusión, la tasa marginal máxima aumentaría de 31.5 por ciento a 33 por ciento, lo que, según expresó, tiene el efecto económico de “ponernos en desventaja, si los inversionistas eligen invertir en jurisdicciones con una tasa máxima marginal menor”.
“Por ello, el Colegio de CPA entiende que este aspecto debe ponderarse cuidadosamente dentro del análisis integral de la reforma. La redistribución de la carga contributiva debe balancearse con la necesidad de fomentar el desarrollo económico sostenible. Si bien aliviar la clase trabajadora y a la clase media es una meta legítima y necesaria, ese alivio no debe lograrse a expensas de erosionar la base de contribuyentes de altos ingresos que además de aportar una porción significativa del recaudo, suelen ser motores de inversión, creación de empleo y actividad empresarial”, sostuvo.
Rodríguez Ortiz recomendó además ampliar el alcance de la reforma para que incluya corporaciones y entidades relacionadas, de modo que “no se generen nuevas inequidades o distorsiones en el sistema”.
Por su parte, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta y principal oficial ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, coincidió con los principios de la medida al señalar que “se dirigen a simplificar el sistema contributivo, reducir la carga del sistema sobre la clase media, establecer ajustes por inflación y fomentan la inversión y el desarrollo de capital”. También recomendó diferir por un periodo de 45 a 60 días el vencimiento de los documentos informativos vinculados a la reforma.
Ante estos planteamientos, el representante Charbonier Chinea informó que se propone enmendar la medida para que aplique al ciclo contributivo que comienza en febrero, mediante un cambio en la fecha límite para la radicación de planillas, que podría extenderse hasta dos semanas después del 15 de abril.
“Tenemos que ponerle fecha, no lo puedo dejar abierto que llegue el 10 de junio como la fecha límite, pero eso lo vamos a estar evaluando; lo importante es que una vez que culminemos el proceso legislativo a fin de este mes, ya el 1 de febrero estamos fuera”, expresó.
El legislador indicó además que, para completar el análisis, es necesario recibir información solicitada al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantojas Rodríguez, y al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos. De no recibirse antes del mediodía del martes 27 de enero, se procedería a invocar el Código Político para requerirla mediante una moción judicial.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, señaló que aunque se busca que la reforma aplique en el próximo ciclo contributivo, la medida será evaluada a fondo y requerirá datos adicionales del Poder Ejecutivo. Indicó que, para cumplir con la fecha del 15 de abril, la aprobación tendría que concretarse a mediados de febrero y que, de extenderse el proceso, “será necesario extender 15 días adicionales para ese cumplimiento”.
Durante la vista también depuso el contador público autorizado y licenciado Kenneth Rivera Robles, quien favoreció el principio de equidad del proyecto, pero subrayó la necesidad de atender criterios de simplicidad y neutralidad económica. Recomendó aclarar si el crédito de ocho por ciento para personas con ingresos menores de $100,000 sería eliminado y enfatizó que el texto legal debe ser transparente respecto al cumplimiento con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.
La Comisión de Hacienda continuará el proceso de vistas públicas con la participación de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos y la Cámara de Comercio de Puerto Rico.