El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier Chinea, informó que concederá un término de diez días calendario al Departamento de Hacienda (DH) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para entregar la información solicitada durante la primera vista pública relacionada con el proyecto de Reforma Contributiva, celebrada el pasado 14 de enero.
Durante los trabajos legislativos del día, Charbonier Chinea planteó una cuestión de privilegio personal en la que rechazó expresiones atribuidas al secretario de Asuntos Públicos, licenciado Jean Peña Payano, realizadas a un medio de comunicación en horas de la mañana, en las que se indicó que la información requerida había sido entregada desde el inicio de la evaluación del Proyecto de la Cámara 1014.
El legislador señaló que entendía que el funcionario hablaba en representación de la gobernadora y, de no ser así, instó a la Ejecutiva a que “lo desautorice”. Asimismo, indicó que no descartaba solicitar una reunión con la primera mandataria.
Charbonier Chinea reiteró que, en su rol como representante y presidente de la Comisión de Hacienda, tiene la facultad de solicitar información a los deponentes en vistas públicas y que, de no cumplirse con los términos establecidos, la comisión puede recurrir a los tribunales para requerir la entrega de la información necesaria para el ejercicio de sus funciones legislativas.
“Se le preguntó al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantojas Rodríguez, y al director de OGP, Orlando Rivera Berríos, y dijeron que en cinco días iban a producir la información que se les requirió. No estamos pidiendo nada que sea del otro mundo, es un informe económico, el desglose de las partidas de los ahorros que va a hacer el gobierno de Puerto Rico y, de igual forma, que nos detallen el impacto que recibiría el pueblo en el caso de la eliminación de la exención del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en el renglón de las placas solares y los autos híbridos”, expresó el presidente de la Comisión.
El legislador informó además que circuló entre los miembros de la comisión y los medios de comunicación los documentos recibidos en la noche del lunes por parte del DH y la OGP, en los que ambas agencias solicitaron una prórroga para someter la información requerida, así como la comunicación oficial de la comisión concediendo el término adicional de diez días calendario.
Asimismo, recordó a los funcionarios del Ejecutivo que “a mayor tiempo tarden en brindar la información, mayor tiempo toma la Cámara y el Senado en tomar su decisión, aquí nadie va a renunciar a su responsabilidad constitucional, que estén claros y aquí nadie está en contra de nadie, pero no creo que es una movida diplomática enviar a la senadora Nitza Morán, que no conoce sobre el tema y que no va a las vistas públicas de su propia comisión o el portavoz de asuntos públicos a realizar expresiones contra este representante”.
En el documento oficial de la comisión se indica que “se exhorta a ambas agencias a cumplir con este nuevo término, en atención a la importancia de la información requerida para la evaluación responsable y diligente de la medida legislativa en consideración”.
Posteriormente, depuso la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez, quien expresó su respaldo al proyecto como un primer paso hacia un sistema contributivo más ágil que fomente el ahorro entre los contribuyentes.
“El sistema contributivo de Puerto Rico necesita una evaluación exhaustiva que vaya desde la tributación sobre los ingresos de individuos y de las corporaciones para hacer un balance con los impuestos al consumo. Como parte de este ejercicio, es también importante considerar las contribuciones municipales que forman parte de dicho sistema contributivo”, señaló Ramírez Báez.
La líder empresarial añadió que, además de reducir las tasas estatutarias sobre los ingresos, debe examinarse la tasa efectiva de todos los componentes del sistema tributario, incluyendo individuos y negocios, lo que requeriría un examen minucioso del gasto tributario.
“Esta evaluación no solo proveería información valiosa para equilibrar el costo del sistema para todos los contribuyentes, sino que potencialmente podría identificar partidas que, en efecto, ayuden a mitigar el costo fiscal de reducciones de impuestos”, indicó.
Por otro lado, el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), licenciado Manuel Reyes Alfonso, respaldó mediante memorial escrito la iniciativa dirigida a reducir la carga contributiva de los individuos en Puerto Rico.
Reyes Alfonso expresó que “el reconocimiento de la necesidad de reducir la carga contributiva en nuestra jurisdicción, tanto a individuos como a corporaciones, es un paso importante en la dirección correcta”.
El deponente favoreció la reducción de la responsabilidad contributiva mediante la expansión de los topes contributivos y el aumento en la deducción por dependientes de $2,500 a $5,000. Además, describió como “novedades” el ajuste por inflación de las tasas contributivas, las exenciones de ingresos brutos y la vinculación de las exenciones personales a las determinaciones del Servicio de Rentas Internas federal.
El representante del sector alimentario coincidió en que los equipos solares deben mantener su exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
“La exención del IVU al equipo solar se aprobó para atender objetivos específicos de política pública que no se han resuelto, y que, en el caso de la energía eléctrica, afecta gravemente la vida de los ciudadanos y las operaciones comerciales. Eximir a los equipos solares pretende compensar al ciudadano por el enorme fracaso del gobierno en proveer un servicio eléctrico confiable a un costo razonable”, sostuvo.
Añadió que “en el caso de la industria que representamos debemos recordar que la energía se trata de un asunto de seguridad alimentaria, porque buena parte de los alimentos se pierden sin refrigeración”, al destacar la aprobación de la Ley 176 de 2025, que reconoce la cadena de abastos de alimentos como infraestructura crítica en situaciones de emergencia.
Finalmente, recomendó que, de no mantenerse la exención vigente, al menos los componentes de la cadena de infraestructura crítica puedan adquirir estos equipos sin penalidades, y exhortó a que la reducción contributiva se acompañe de un plan de desarrollo económico integral.
La Comisión de Hacienda informó que el próximo jueves, 29 de enero, comparecerán el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Comercios al Detal y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico.