La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, continuó hoy las vistas públicas para evaluar el Proyecto del Senado 912, medida que forma parte de la segunda fase de la Reforma Contributiva y que propone enmiendas al Código de Rentas Internas.
“Esto no está escrito en piedra, vamos a evaluar todas las recomendaciones, vamos a escuchar todo lo que nos tengan que aportar… Quiero dejar claro que aquí no ha venido nadie que esté en contra de hacerle justicia a la clase trabajadora, todos han estado de acuerdo”, expresó la senadora Padilla Alvelo.
Durante la vista, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, representada por Omar Mues, expresó su respaldo general al proyecto al reconocer como positivo el alivio contributivo a individuos trabajadores y la reducción de tasas que aumentan el ingreso disponible. No obstante, advirtió que el sistema contributivo vigente continúa siendo oneroso y poco competitivo para el sector de la construcción, lo que desalienta la inversión y limita el desarrollo de proyectos de vivienda e infraestructura.
“Entendemos que se debe lograr con urgencia una reducción importante en las tasas contributivas aplicables a los negocios o empresas, para aliviar la carga tributaria de las entidades que contribuyen diariamente al progreso de Puerto Rico mediante la generación de empleos y actividad económica. Aunque reconocemos que esto no es parte de esta segunda fase, hacemos un llamado a actuar con agilidad y considerar una tercera fase que incluya un alivio contributivo sustancial a los sectores productivos”, sentenció Mues.
El representante de los constructores indicó que entre un 25 % y 30 % del costo final de una vivienda nueva corresponde a impuestos, arbitrios y cargos gubernamentales estatales y municipales, lo que encarece el acceso a vivienda formal. Señaló que los arbitrios de construcción, las contribuciones adelantadas y la falta de uniformidad municipal han provocado que numerosos proyectos resulten inviables o financieramente poco atractivos.
Asimismo, expresó preocupaciones sobre disposiciones del proyecto que eliminan exenciones contributivas vinculadas a equipos de energía solar y a vehículos eléctricos o híbridos, al considerar que estos cambios encarecen alternativas energéticas y representan un retroceso en la política pública. También objetó nuevas obligaciones informativas relacionadas con cargos bancarios y procesamiento de pagos, por entender que aumentan los costos de hacer negocios.
Por su parte, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, representada por su vicepresidenta ejecutiva, la licenciada Karen Mojica Franceschi, coincidió en que la medida debe evaluarse como parte de un proceso integral de reforma contributiva. Respaldó la reducción de tasas para individuos, pero advirtió que el proyecto conlleva un costo fiscal estimado de alrededor de $500 millones, financiado en parte mediante la redistribución de cargas contributivas hacia un segmento reducido de contribuyentes.
“El alivio contributivo a los individuos trabajadores les deja más dinero en sus bolsillos, lo que impacta positivamente la economía, ya que esos recursos se traducen en consumo, pago de deudas o ahorro”, sostuvo Mojica Franceschi. No obstante, alertó que el financiamiento del proyecto “redistribuye la carga contributiva hacia renglones que aparentan ser los sectores productivos, lo que podría desacelerar el desarrollo económico de Puerto Rico”.
La vicepresidenta ejecutiva expresó oposición a la eliminación de la exención del IVU a equipos solares, baterías y vehículos eléctricos, al entender que la medida podría afectar la competitividad, aumentar costos operacionales y debilitar la resiliencia energética. Reiteró además la necesidad de avanzar hacia un sistema contributivo más simplificado, centralizado y uniforme, particularmente en el IVU y la patente municipal.
De igual forma, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), la doctora Sonia Navarro, respaldó el objetivo de reducir la carga contributiva a los individuos, al señalar que un mayor ingreso disponible tiene un impacto directo en la actividad económica del sector. No obstante, advirtió que los restaurantes continúan enfrentando altos costos operacionales asociados a contribuciones, patentes municipales, IVU, energía y cumplimiento regulatorio, por lo que exhortó a que la reforma se evalúe de manera integral.
Ante estos planteamientos, la senadora Padilla Alvelo indicó que se consideran otros esfuerzos legislativos dirigidos a atender áreas adicionales del sistema contributivo. “Hay que recordar que estamos en la segunda fase de esta Reforma. Esto no quiere decir que esto se vaya a quedar aquí. Vienen otras fases que posiblemente en este momento no la estamos atendiendo y que aquí la razón de hacerle el Proyecto del Senado 912 es hacerle justicia contributiva a la clase media trabajadora”, indicó.
En esa misma línea, la senadora Nitza Moran Trinidad sostuvo que la evaluación del proyecto forma parte de un proceso legislativo continuo. “Estamos aquí en un proceso legislativo serio, de envergadura, de cambio contributivo y que estamos buscando hacer justicia, no solamente a los individuos en el término contributivo, sino quizás una próxima reforma contributiva que tenga que ver con las instituciones a nivel corporativo”, añadió.
Por otro lado, en representación de la Puerto Rico Association of Realtors, Vanessa Rivera señaló que el mercado inmobiliario enfrenta retos relacionados con la asequibilidad de la vivienda debido al impacto acumulado de impuestos, arbitrios y costos regulatorios. Advirtió que estos factores limitan el acceso a vivienda, particularmente para compradores primerizos y familias trabajadoras.
Finalmente, la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la licenciada Margaret Ramírez Báez, exhortó a que cualquier reforma se implemente con cautela fiscal y estabilidad en los recaudos. “Aunque el P. del S. 912 representa un paso dirigido a aliviar la carga contributiva de individuos, no sustituye la imperativa necesidad de una revisión integral del sistema contributivo. Cualquier decisión sobre su financiamiento, alcance o expansión futura debe formar parte de una política tributaria consistente con los objetivos económicos y sociales de Puerto Rico”, concluyó.