La vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, la senadora Marissa “Marissita” Jiménez, encabezó una reunión con jefes de agencias y funcionarios del Gobierno para atender casos recientes de menores rescatados de entornos de maltrato en distintos municipios de Puerto Rico.
Al encuentro asistieron representantes de los departamentos de Educación, Familia, Justicia y Vivienda, así como el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, doctor Víctor M. Ramos Otero; la administradora de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), doctora Catherine Oliver; y representantes de la Policía de Puerto Rico. También participaron el portavoz alterno de la mayoría, Juan Oscar Morales, y los senadores Rafael “Rafy” Santos Ortiz, Wandy Soto Tolentino, Jamie Barlucea Rodríguez, Ángel Toledo López, Héctor Joaquín Sánchez, Wilmer Reyes Berríos y Brenda Pérez Soto.
Durante la reunión, las agencias presentaron información sobre los protocolos vigentes para la identificación, intervención y seguimiento de casos de maltrato infantil, así como los mecanismos de coordinación interagencial activados tras incidentes reportados en municipios como Canóvanas, Loíza, Toa Baja, Humacao y Gurabo. Los participantes discutieron la necesidad de fortalecer la comunicación entre dependencias, reforzar la detección temprana de señales de riesgo y mejorar el acompañamiento a las familias intervenidas.
En ese contexto, la subsecretaria de Asuntos Académicos del Departamento de Educación, Beverly Morro Vega, informó que durante el pasado año se confirmaron 192 casos de maltrato infantil, mientras que en el presente año se han reportado 305 casos confirmados. Indicó que, ante este panorama, la agencia ha estado reforzando reglamentos y procesos internos dirigidos a atender esta problemática.
“El objetivo de esta reunión no es echar culpas o adjudicar responsabilidades. Yo sé que es un tema que a todos nos importa. Agradezco a cada uno de los que se dieron cita y por el compromiso que como servidores públicos tienen especialmente con la niñez y la juventud puertorriqueña”, expresó la senadora Jiménez.
Por su parte, el senador Ángel Toledo López señaló que el propósito del encuentro fue evaluar la efectividad de los protocolos existentes y delinear estrategias de prevención.
“Aquí estamos realmente buscando alternativas para una comunidad vulnerable y que necesita un servicio directo de parte nuestra… Tenemos que buscar que las agencias del Ejecutivo actúen conjuntamente. No podemos seguir hablando de este tema como una posibilidad, debemos tomar acción y dar pasos proactivos”, indicó.
De igual forma, el senador Juan Oscar Morales sostuvo que la atención a estos casos no debe recaer únicamente en una sola agencia.
“Esto no es una responsabilidad única del Departamento de la Familia, esto es responsabilidad de todos como comunidad. El llamado es a crear conciencia y dirigirnos en un mismo norte”, expresó.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció continuar el intercambio de información entre las agencias, revisar los procesos de referido y respuesta inmediata en situaciones de alto riesgo y evaluar posibles ajustes administrativos o legislativos dirigidos a reforzar la protección de menores.
La vicepresidenta del Senado recordó que es autora de la Resolución del Senado 425, que ordena investigar los protocolos y procedimientos del Departamento de Educación relacionados con situaciones de maltrato, ausentismo escolar y condiciones que puedan poner en riesgo a estudiantes. Los hallazgos discutidos servirán de insumo para dicha investigación, que será atendida por las comisiones de Educación, Arte y Cultura, presidida por la senadora Brenda Pérez Soto, y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, presidida por la senadora Wandy Soto Tolentino.
En ese contexto, la senadora Soto Tolentino informó que comenzará los trabajos de investigación a la brevedad y explicó además el contenido del Proyecto del Senado 851, de su autoría, que propone establecer responsabilidad penal por delito grave para personas que, teniendo conocimiento o sospecha de agresión sexual contra un menor, incumplan con el deber de informar o interfieran con el proceso.
“No queremos utilizar este foro simplemente para proyectar quizás la tristeza que está ocurriendo con varios casos que han estado surgiendo en este tiempo… Y yo creo que proteger a la niña no es una opción, ya es una obligación moral y es humana. Tenemos más recursos que antes”, expresó la legisladora.
Por su parte, la senadora Pérez Soto indicó que su comisión ha investigado desde principios del cuatrienio casos de violencia en las escuelas y adelantó que las vistas públicas relacionadas con la Resolución 425 comenzarán en aproximadamente dos semanas.
El secretario de Salud informó que un proyecto de digitalización de expedientes permitirá anticipar la identificación de casos y mejorar la prestación de servicios, y anunció la creación de un proyecto piloto de adiestramiento para personal de salud en regiones con mayor incidencia de casos.
Finalmente, la senadora Jiménez indicó que dará seguimiento a los compromisos asumidos por las agencias y no descartó la celebración de reuniones adicionales para monitorear la implantación de las medidas acordadas.