Pequeños y medianos comerciantes, así como emprendedores en Puerto Rico, cuentan con nuevas alternativas de financiamiento tras la entrada en vigor de la Ley 15–2026, una medida que permite a las cooperativas de ahorro y crédito ofrecer líneas y tarjetas de crédito comerciales tanto a socios como a personas y entidades no socias con fines de lucro, bajo criterios de evaluación de riesgo.
La legislación fue coautorizada por el representante Emilio Carlo Acosta, junto a los representantes Carlos Johnny Méndez Núñez y Christian Muriel Sánchez, y establece un marco para ampliar el acceso al crédito comercial a través del sistema cooperativo.
En ese contexto, Carlo Acosta indicó que “esta ley provee herramientas concretas para que comerciantes y emprendedores puedan acceder a financiamiento a través de las cooperativas, que históricamente han sido un pilar económico en muchas de nuestras comunidades. Es una medida que promueve desarrollo económico responsable y amplía oportunidades sin comprometer la estabilidad del sistema cooperativo”.
El legislador explicó que uno de los cambios introducidos por la ley es que estos productos financieros podrán respaldarse mediante garantías personales debidamente evaluadas, y no únicamente mediante colateral líquido, lo que —según señaló— facilita el acceso a capital para comerciantes y emprendedores con negocios viables que buscan sostener, expandir o fortalecer sus operaciones.
Asimismo, Carlo Acosta destacó que “la ley también establece que cada cooperativa deberá fijar sus límites de exposición crediticia conforme a su política interna de manejo de riesgo, garantizando prácticas prudentes y alineadas con la solidez financiera de cada institución cooperativa”.
El representante por Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán añadió que la medida busca reforzar el rol de las cooperativas de ahorro y crédito en el desarrollo económico local, particularmente en un escenario en el que la banca tradicional ha limitado su exposición al crédito comercial.
Para concluir, el legislador precisó que la Ley 15–2026 entró en vigor de manera inmediata tras su aprobación, lo que permite a las cooperativas implementar estos productos conforme a lo dispuesto en la ley y a la reglamentación aplicable.