La Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por el senador de mayoría Ángel Toledo López, celebró una audiencia pública para evaluar el Proyecto del Senado 914, una medida de administración que propone enmiendas a la Ley 54-1989, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.
La propuesta busca actualizar definiciones, reforzar las órdenes de protección y establecer cambios en el sistema de penalidades, con el objetivo de fortalecer la respuesta del sistema de justicia ante estos delitos.
“Yo creo fielmente en proteger a la víctima cien por ciento. Me atrevo a asegurar que todos los que estamos aquí creemos en exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo. Porque cuando escribimos un proyecto de ley, sabemos que esto tiene implicaciones reales en cómo se practica el derecho en los tribunales de Puerto Rico”, expresó Toledo.
Durante la audiencia participó el licenciado Nelson Vélez, en representación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), quien indicó que la agencia respalda la medida con varias enmiendas.
Entre las recomendaciones, la OPM propuso ampliar la definición de “vigilancia” para incluir rastreo, seguimiento digital, recopilación de información y el uso de tecnología o inteligencia artificial. También sugirió modificar el requisito de que la víctima exprese bajo juramento en corte abierta su derecho a una orden de protección, para permitir alternativas como comparecencia remota, declaración escrita o constancia del Ministerio Público, con el fin de evitar riesgos adicionales o revictimización.
Asimismo, recomendó que cuando la víctima tenga la custodia de menores, el tribunal pueda ordenar pensión alimentaria al agresor junto con la orden de protección y con la misma vigencia.
Por parte del Departamento de Justicia (DJ), la licenciada Tanya García Ibarra y la fiscal Ileana Santos Colón indicaron que favorecen la medida con enmiendas.
“Resulta meritorio destacar que el P. del S. 914 constituye una iniciativa legislativa de alto valor público, que evidencia una respuesta seria, integral y actualizada a las manifestaciones contemporáneas de la violencia doméstica. La medida no solo moderniza y robustece el andamiaje jurídico vigente, sino que atiende con sensibilidad y rigor fenómenos que históricamente han enfrentado dificultades probatorias y procesales”, señaló García.
Entre las recomendaciones del DJ se encuentra permitir que el tribunal pueda emitir órdenes de protección en cualquier etapa del proceso judicial si surge la necesidad de proteger a la víctima.
También propusieron aclarar disposiciones relacionadas con evaluaciones del Departamento de la Familia cuando menores, adultos mayores o personas con impedimentos hayan presenciado o percibido actos de violencia doméstica.
En cuanto al programa de desvío, el DJ recomendó limitar su disponibilidad en casos de delitos graves de violencia doméstica, excluir los casos de agresión sexual en la relación de pareja y permitirlo en casos de apropiación de bienes solo si existe restitución.
La teniente Ivette Rivera Velázquez, en representación de la Policía de Puerto Rico, indicó que la agencia respalda la medida con recomendaciones adicionales.
“La Policía expresa respaldo general al proyecto, al entender que fortalece la política pública del Estado para atender la violencia doméstica como un problema serio de seguridad pública y de derechos humanos”.
Entre las sugerencias, la Policía propuso incluir una definición amplia del término “amenaza”, que abarque declaraciones o actos que indiquen intención de causar daño a la víctima, a familiares o terceros, así como amenazas contra bienes o mascotas.
Además, recomendó incorporar en la ley la definición de violencia en el noviazgo para atender casos que ocurren fuera del matrimonio o sin convivencia entre las partes.
Durante la audiencia, el senador de minoría Adrián González Costa planteó interrogantes sobre la extensión de órdenes de protección por parte del tribunal.
“En ese contexto, el hecho de que ella se acerque o llame o esté relacionándose con la parte peticionada, ella no violenta la orden, se está poniendo en peligro. Por eso es bien importante que el juez mantenga informada de la vigencia de la orden y que esa orden, él tomó la decisión de darla por el tiempo que extendió”, explicó Rivera.
También participó la licenciada Nicole Báez Ortiz, en representación del Departamento de la Familia.
“Las enmiendas propuestas en el PS 914 son necesarias para atemperar la Ley 54 a los tiempos actuales. Las penas son proporcionales a los delitos y sirven de disuasivo para aquellas personas que vayan a cometer actos de violencia doméstica. La gravedad de la conducta de violencia doméstica es algo que este Gobierno no atiende livianamente, sino que se ataja como el mal social que representa”, indicó.
Por su parte, representantes de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) respaldaron la medida sujeto a varias enmiendas técnicas y sustantivas para mejorar la claridad jurídica y su armonía con otras leyes.
En contraste, las licenciadas Alejandra Belmar Jiménez, Yahaira Colón y Paola Javona, de la Sociedad para Asistencia Legal, expresaron su oposición al proyecto.
“Hacemos la salvedad que el proyecto, tal y como fue presentado, no contempla el texto vigente de la Ley 54, porque fue enmendada en el 2025, razón por la cual hay que revisar cada uno de los incisos de conformidad a las enmiendas propuestas. Partiendo de esa aclaración nos estamos oponiendo a todas las enmiendas que están contempladas en el mismo”, dijo Colón.
La deponente también cuestionó el enfoque punitivo de la propuesta.
“La Ley 54, lamentablemente, a 37 años de su adopción, debemos preguntarnos si se han prevenido los asuntos de violencia doméstica y cómo. Nos parece altamente preocupante que se propongan diversas enmiendas, pero no hay ni tan siquiera una justificación estadística que justifique cada una de ellas”, añadió.