La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó varios proyectos de ley relacionados con asuntos contributivos, electorales y de seguridad pública.
Entre las medidas firmadas se encuentra el Proyecto de la Cámara 505 (PC 505), identificado como Medida de Administración 51. La legislación introduce cambios a los beneficios contributivos aplicables a inversionistas bajo la Ley 60 de Puerto Rico.
La medida fue promulgada como la Ley 38-2026. Según el texto aprobado, la legislación ajusta la tasa contributiva aplicable a futuros Individuos Residentes Inversionistas, establece requisitos de residencia previa y extiende la vigencia del programa.
“Hoy convierto en ley este Proyecto 505 que aumenta esa tasa contributiva de las ganancias netas de capital, intereses y dividendos para futuros individuos residentes inversionistas de Puerto Rico a un 4%. Este beneficio que impactará al pueblo de Puerto Rico lo tenemos computado para que se vea reflejado en la reducción de contribuciones para los individuos”, expresó la gobernadora.
La ley también dispone que los beneficios contributivos podrán extenderse hasta el año 2055, siempre que los beneficiarios acrediten haber adquirido una propiedad en Puerto Rico como residencia principal.
Como parte de la agenda legislativa, la gobernadora también convirtió en la Ley 39-2026 el Proyecto del Senado 717 (PS 717), de autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de coautoría de los senadores Juan Oscar Morales, Wilmer Reyes, Jeison Rosa, Jamie Barlucea, Luis D. Colón, Héctor Joaquín Sánchez y Rafael Santos.
La legislación introduce enmiendas a la normativa electoral vigente. Entre otras disposiciones, establece reglas para el cierre del registro electoral, modifica procesos administrativos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones y regula el acceso al voto adelantado y ausente. Además, incorpora una modalidad de voto adelantado para personas de 50 años o más y establece una distribución de responsabilidades entre unidades administrativas de la Comisión Estatal de Elecciones.
En materia de seguridad pública, la mandataria firmó el Proyecto de la Cámara 543 (PC 543), de autoría del representante José “Che” Pérez, convertido en la Ley 40-2026. La legislación tipifica como delito grave el incumplimiento de órdenes de protección emitidas a favor de víctimas de violencia sexual y establece penas de hasta tres años de reclusión.
“Esto es importante porque hemos visto que, aunque muchas logran obtener una orden de protección, se ha registrado un mayor incumplimiento por parte de los agresores. Al establecer esto como un delito grave, buscamos disuadir estas conductas y proteger a las víctimas”, indicó González Colón.
Asimismo, la gobernadora firmó el Proyecto de la Cámara 317, de autoría del representante Luis “Junior” Pérez, ahora Ley 41-2026. La medida enmienda disposiciones de seguridad acuática para prohibir que personas entre 18 y 20 años que operen embarcaciones o “jet skis” consuman alcohol, con el objetivo de reducir incidentes en el mar.