El Departamento de Educación (DE) expresó este jueves su oposición a una propuesta legislativa que obligaría el uso de mochilas transparentes en las escuelas públicas como medida de seguridad, al advertir sobre posibles implicaciones socioeconómicas y eventuales violaciones a derechos constitucionales de los estudiantes.
Durante una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes, presidida por Ensol Rodríguez Torres, varias agencias públicas señalaron que el Proyecto de la Cámara 1144 podría afectar derechos como la intimidad, la libertad de expresión y la protección contra registros irrazonables.
“La implementación de un requisito de esta naturaleza requiere evaluar cuidadosamente diversos factores. Entre ellos, su efectividad real como mecanismo de seguridad, así como su impacto económico, social y emocional sobre la comunidad escolar”, indicó el secretario de Educación, Eliezer Ramos, en una ponencia escrita.
El funcionario señaló que, aunque reconoce la intención de promover entornos escolares seguros, la medida requiere un análisis “más amplio” para garantizar que responda a principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad.
Asimismo, advirtió que el proyecto requeriría enmiendas para evitar cargas económicas indebidas a las familias y definir si la responsabilidad de adquirir las mochilas recaería en los padres o encargados, o si el Estado asumiría ese costo mediante asignaciones presupuestarias al DE.
El Proyecto de la Cámara 1144 fue radicado el 18 de febrero por el representante Rodríguez Torres junto a los legisladores Ramón Torres Cruz y Félix Pacheco Burgos. Según sus autores, la medida busca establecer una política pública preventiva para reducir el riesgo de incidentes violentos en los planteles escolares.
De acuerdo con los proponentes, el uso de mochilas transparentes permitiría detectar visualmente armas, objetos peligrosos, cigarrillos electrónicos y sustancias controladas, tras incidentes recientes reportados en distintos municipios.
“Lo que es el tráfico de sustancias, el tráfico de armas y el tráfico de vapes está pasando en las escuelas y, lamentablemente, el Departamento de Educación no tiene el número real de las estadísticas de esto. Por eso surge el proyecto”, manifestó Rodríguez Torres, al criticar la ausencia de cifras actualizadas en la agencia y mencionar casos en escuelas de su distrito que, según alegó, no se reportaron.
Datos del Departamento de Educación indican que durante el año escolar 2022-2023 se registraron 23 incidentes relacionados con armas, 67 casos vinculados al uso o posesión de drogas y 351 eventos clasificados como violencia escolar en el sistema público.
Otros casos reportados en 2025 documentan la ocupación de armas blancas dentro de escuelas y un incidente en el que un menor llevó una pistola calibre 9 milímetros en su bulto escolar, lo que provocó la intervención de las autoridades y el inicio de procesos judiciales.
El presidente de la comisión legislativa, Rodríguez Torres, indicó que evaluará las preocupaciones planteadas durante la vista pública y no descartó emitir un informe negativo o retirar la medida del trámite legislativo si concluye que su aprobación no sería viable.
Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón solicitó el retiro del proyecto al considerar que contiene elementos punitivos y potencialmente discriminatorios. A su juicio, el sistema público de enseñanza requiere atender otras prioridades, como la reparación de columnas cortas y el acceso a servicios para estudiantes de educación especial.
“El mensaje que le estamos enviando con este proyecto de ley es que tienes que demostrarle al gobierno, al país, a la Policía, a Educación, de que tú no violas la ley. Lo tienes que demostrar todos los días, desde la escuela elemental, hasta la escuela superior”, expresó el legislador.
Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, sugirió evaluar alternativas menos intrusivas para la intimidad de los estudiantes antes de implantar el requisito de mochilas transparentes de forma generalizada. También recomendó considerar un proyecto piloto en algún plantel o distrito escolar.
Aunque Justicia identificó posibles vulneraciones de derechos, la agencia indicó en su memorial explicativo que no encontró impedimentos legales que impidan la aprobación del proyecto.
La Policía de Puerto Rico, por su parte, otorgó deferencia a los comentarios presentados por las agencias concernidas.
En la audiencia pública también participaron las representantes Tatiana Pérez Ramírez, Lisie Burgos Muñiz y Yashira Lebrón Rodríguez, vicepresidenta de la Cámara de Representantes.