La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Eddie Charbonier Chinea, inició la evaluación del presupuesto de gastos operacionales para el próximo año fiscal, proyectado en 13,180 millones de dólares, lo que representa un aumento de 85 millones en comparación con el presupuesto vigente.
Durante la vista, el componente fiscal del Gobierno de Puerto Rico —integrado por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF)— indicó que la propuesta incluye aumentos en áreas como el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).
Según se informó, se contemplan asignaciones adicionales de 20 millones de dólares para el DCR y 25 millones para el NPPR, dirigidas a atender la retención de personal y ajustes salariales.
El presupuesto también prioriza áreas como educación, salud, servicios a la familia, desarrollo económico, infraestructura y modernización gubernamental.
El director de la OGP, Orlando Rivera Berríos, indicó que la meta del gobierno es mantener el gasto en 12,892 millones de dólares, con el fin de reforzar la disciplina fiscal y crear reservas para proyectos de infraestructura y posibles variaciones en fondos federales.
A preguntas del representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez sobre el estado de los informes financieros, el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantojas Rodríguez, señaló que, con excepción del año fiscal 2022 —cuando se aprobó el Plan de Ajuste Fiscal—, el gobierno no ha incurrido en gastos mayores a sus ingresos.
El funcionario añadió que los estados financieros de los años fiscales 2023 y 2024 podrían emitirse a finales de marzo, y atribuyó el retraso a la falta del informe de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Por su parte, el asesor principal de la AAFAF, Luis Roberto Cruz, coincidió en que los informes financieros permitirán confirmar la situación fiscal del gobierno.
El representante Méndez Núñez indicó que la evaluación de una posible reforma contributiva debe considerar la disponibilidad de fondos y la capacidad de financiar proyectos de infraestructura.
“Yo preferiría, sinceramente, el que aprobemos la reforma, que es la rebaja en las tasas contributivas, porque eso significa certeza para el contribuyente. Eso es el cumplimiento de un compromiso”, expresó.
En cuanto a medidas de alivio contributivo aprobadas recientemente, Rivera Berríos señaló que se encuentran a la espera de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal para el desembolso de fondos.
Durante la vista, Charbonier Chinea cuestionó que el Ejecutivo no haya presentado aún el borrador del presupuesto sometido el 6 de marzo ante la Junta de Supervisión Fiscal, y solicitó su entrega para iniciar el análisis legislativo, previo a la fecha límite de aprobación del 5 de junio.
El presidente de la comisión también solicitó información sobre las reservas presupuestarias, que en el año fiscal en curso equivalen a un 5 %. Rivera Berríos indicó que se evalúa reducirlas a 2.5 % para el próximo ciclo fiscal.
Asimismo, se discutieron medidas para atender el llamado “Medicaid Cliff”. Según la OGP, se han realizado ajustes en el gasto y se han establecido reservas desde el año fiscal 2025 para mitigar posibles reducciones en fondos.
La próxima vista pública sobre el presupuesto está programada para el 23 de marzo, con la comparecencia de la Oficina del Contralor.