Varias agencias del gobierno expresaron su respaldo a un conjunto de proyectos legislativos dirigidos a regular el acceso de menores de edad a redes sociales y reforzar protecciones en el entorno digital.
Las iniciativas fueron discutidas en la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, presidida por Edgar Robles Rivera, como parte de un análisis sobre el uso de plataformas digitales por menores.
El Departamento de la Familia favoreció las medidas, que incluyen establecer los 16 años como edad mínima para acceder a redes sociales.
“Se entiende pertinente y meritorio adoptar cuantas medidas sean necesarias al un padre, madre o custodio determinar brindarle acceso al mundo digital a un menor de edad”, opinó la secretaria de la Familia, Suzanne Roig. “Esta población resulta ser la más indefensa ante el acecho de depredadores sexuales o personas mal intencionadas que se valen de estos medios”, abundó.
Los proyectos evaluados son el Proyecto de la Cámara 977, que propone requerir verificación de edad en tiendas de aplicaciones y consentimiento parental para menores de 18 años; el Proyecto de la Cámara 978, que establece un “deber de cuidado digital” para plataformas; y el Proyecto de la Cámara 1136, que fija la edad mínima de 16 años para el uso de redes sociales y contempla multas de hasta 20,000 dólares a proveedores.
“El propósito fundamental es crear una red de seguridad digital donde la responsabilidad legal recaiga exclusivamente en las plataformas y no en los menores o sus tutores”, afirmó el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez.
El Negociado de Telecomunicaciones (NET) respaldó las medidas y recomendó considerar posibles implicaciones constitucionales. Su presidente, Osvaldo Soto, sugirió incluir criterios relacionados con características de las plataformas, como reproducción automática de contenido, notificaciones y métricas interactivas.
Soto indicó que el NET cuenta con facultad para imponer multas administrativas de hasta 25,000 dólares por violaciones a leyes y reglamentos, y señaló que ha sostenido reuniones con representantes de plataformas digitales para evaluar mecanismos de cumplimiento con la Ley 185-2024.
Según explicó, algunas plataformas han considerado implementar herramientas de control parental, como notificaciones sobre contenido sensible o controles de acceso a cuentas de menores.
“Entiéndase, quién lo contacta; qué conversa; a qué grupos se une, etcétera. Así que nosotros estamos encaminados a seguir estas conversaciones con todas las plataformas”, expresó. “Esto no es una legislación nueva, y ellos han accedido a poner mecanismos de control”, añadió.
Por su parte, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social (CPTS) expresó oposición a las medidas al señalar que no están fundamentadas en evidencia suficiente y podrían tener efectos diferenciados en poblaciones vulnerables.
“Las respuestas que parten de la restricción, sin considerar las causas estructurales de la vulnerabilidad, sin consultar a las personas afectadas, y sin proveer alternativas reales, producen consecuencias no deseadas que recaen siempre con mayor peso sobre las poblaciones que ya cargan con las mayores desigualdades”, sostuvo la presidenta del CPTS, Lydael Vega.
El teniente Luis Maldonado, de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, indicó que la implementación de estas medidas requeriría recursos adicionales y estructuras de supervisión que actualmente no forman parte de la capacidad operacional de la agencia.
Asimismo, señaló que las regulaciones deben evitar responsabilizar a los padres por conductas que ocurren dentro de plataformas digitales.
Durante la vista, las representantes Estrella Martínez Soto y Lisie Burgos Muñiz plantearon reservas sobre las medidas y sugirieron evaluar su integración mediante enmiendas a la Ley 185.