La Comisión de lo Jurídico del Senado, presidida por el senador Ángel Toledo López, evaluó el Proyecto del Senado 1096, presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que propone una reforma al sistema judicial mediante la creación de una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico.
La medida plantea la reorganización del sistema judicial, la actualización de normas administrativas y cambios en la estructura de los tribunales, incluyendo la derogación de la actual Ley de la Judicatura de 2003.
Durante la vista pública, deponentes del sector judicial y legal coincidieron en la necesidad de revisar el marco vigente, aunque expresaron diferencias sobre algunos aspectos del diseño propuesto.
El licenciado Roberto Rodríguez Casillas, en representación de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, respaldó la revisión de la ley vigente.
“La vigente Ley de la Judicatura debe ser atemperada a los tiempos modernos y a las necesidades del sistema”, expresó, al tiempo que indicó que la reforma debe permitir “la agilidad de los procesos y [garantizar] la adecuada administración de la justicia mediante prácticas democráticas”.
Entre las disposiciones discutidas figura la eliminación de la categoría de jueces municipales, integrando a estos al Tribunal de Primera Instancia bajo la clasificación de jueces superiores, así como el establecimiento de términos judiciales de 16 años.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales, Amircal Gerena Román, señaló que la propuesta representa un esfuerzo de actualización del sistema, aunque subrayó la importancia del recurso humano.
“Para que cualquier legislación vinculada a la judicatura sea exitosa es necesario atender los reclamos y necesidades de los empleados judiciales. Son ellos quienes permiten el funcionamiento continuo de las labores de los tribunales del país. Sin embargo, a pesar de esto, los empleados llevan años laborando y ejerciendo sus funciones sin la remuneración justa, sin los recursos necesarios y en ocasiones, en espacios en pésimas condiciones”.
No obstante, el director administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, planteó reservas sobre el modelo de coadministración propuesto.
En su ponencia, indicó que la Constitución establece una separación entre funciones administrativas dentro del Poder Judicial y que el modelo vigente responde a ese diseño.
El portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández, también expresó preocupaciones.
“Estoy claro desde el inicio en que se presentó el proyecto, estoy muy claro de que la constitución es específica con este tema. El cambio que se propone si la mayoría del Senado quiere hacerlo, tiene una única vía que es una enmienda constitucional”, añadió.
El senador Toledo López indicó que la Asamblea Legislativa tiene facultad para organizar el sistema judicial, siempre que no contravenga la Constitución.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga, planteó que la propuesta requiere un proceso amplio de discusión pública.
“La magnitud de la reforma propuesta exige, por imperativo democrático, un proceso de discusión amplia, robusta y participativa”, sostuvo.
El proyecto también contempla la creación de un patronato para atender infraestructura judicial, la reorganización del sistema en un distrito único, la traducción al inglés de decisiones del Tribunal Supremo y la creación de salas especializadas para distintos tipos de casos.
Asimismo, incluye disposiciones sobre disciplina judicial, administración de tribunales, acceso a la justicia y manejo de recursos dentro del sistema.