La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico rechazó una propuesta legislativa que busca enmendar el Código Municipal para ampliar el uso de alianzas público-privadas (APP) en funciones administrativas, al sostener que los municipios ya cuentan con esa facultad bajo la legislación vigente.
Durante una vista pública en el Capitolio, representantes de la organización argumentaron que la medida es redundante, debido a que, según indicaron, los municipios ya pueden establecer acuerdos con el sector privado sin necesidad de nuevas enmiendas.
“El propio Código Municipal ya permite este tipo de contratación. No vemos razón para legislar sobre algo que ya está contemplado”, expresó el asesor legislativo Jaime García.
Según la Asociación, varios municipios ya operan bajo esquemas de APP en servicios como recogido de basura, mantenimiento de áreas verdes, manejo de estacionamientos y administración de instalaciones públicas.
La propuesta legislativa, impulsada por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, busca aclarar que los alcaldes pueden integrar al sector privado en áreas como finanzas, recursos humanos y obras públicas. El legislador sostiene que existe una “laguna” en el Código Municipal que limita la expansión de estos modelos.
Los alcaldes discreparon de ese planteamiento e insistieron en que el marco legal vigente ya provee las herramientas necesarias.
Además del contenido del proyecto, representantes de la Asociación expresaron preocupación por la cantidad de enmiendas aprobadas al Código Municipal. De acuerdo con García, la ley ha sido enmendada en 37 ocasiones en poco más de cinco años.
En la vista, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas coincidió en que los municipios ya están facultados para participar en este tipo de acuerdos bajo la Ley 29-2009. No obstante, advirtió que cualquier cambio debe reconocer el rol rector de la agencia para garantizar uniformidad en los procesos.
Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) señaló que la medida no incluye un análisis de impacto fiscal, requisito establecido por ley. Mientras, el Departamento de Justicia recomendó revisar el lenguaje propuesto para evitar ambigüedades legales.
La medida generó diferencias de criterio sobre si es necesario enmendar el Código Municipal o si el marco legal actual ya permite este tipo de acuerdos sin cambios adicionales.