La Comisión de Educación de la Cámara de Representantes inició la evaluación del Proyecto del Senado 224, que propone establecer un término máximo de un año para que un empleado del Departamento de Educación permanezca bajo una medida cautelar, como aislamiento o traslado temporero de su área de trabajo.
La medida, según su exposición de motivos, busca garantizar el derecho al debido proceso de ley del personal docente.
El análisis se llevó a cabo al amparo de la Resolución de la Cámara 122, que autoriza investigaciones sobre la administración y la docencia en el Departamento de Educación.
Actualmente, el reglamento de la agencia permite la separación temporal de docentes como medida preventiva, pero no establece un límite de duración. Según se discutió en la vista pública, esta ausencia ha provocado que algunos maestros permanezcan fuera de sus funciones por más de un año y, en casos extremos, por más de cinco años sin adjudicación de sus casos.
Durante la audiencia comparecieron docentes bajo medidas cautelares, quienes describieron el proceso como “punitivo” y “hostil”.
Carlos Rodríguez, maestro de educación física en la escuela elemental María Libertad Gómez en Utuado, expresó que “en la práctica actual del Departamento de Educación, la imposición de una medida cautelar tiene el efecto real de convertirla en una suspensión sumaria de facto. Aunque en teoría el remedio provisional debería consistir en una reubicación temporera, en la práctica no se permite al empleado desempeñar función alguna”.
Rodríguez indicó que, tras la radicación de una orden de protección en su contra por alegado acecho —posteriormente desestimada por los tribunales—, fue recluido durante cinco días en un hospital psiquiátrico. Señaló además que la medida cautelar fue solicitada por la directora de su escuela, Ileana Oquendo Rivera, luego de que él presentara una querella por “un patrón de hostigamiento laboral”.
“Hoy, luego de transcurrido 15 meses, el DE no ha atendido ni notificado formalmente el resultado de dicha querella. La Carta Circular contempla la adopción de medidas provisionales para proteger al querellante de posibles actos de represalias, particularmente cuando el querellado es el supervisor directo”, añadió.
El docente recomendó que los casos se resuelvan en un término de 90 días.
Por su parte, la maestra de educación especial Taimí Figueroa Villalba sostuvo que la aplicación de estas medidas sin notificación inmediata de sus fundamentos “carece de presunción de inocencia”.
“Aunque la agencia demostró las alegaciones, la responsabilidad de demostrar mi inocencia recayó sobre mí y cuando finalmente la DE no puede sostener las imputaciones, el desenlace casi nunca reconoce el daño causado”, expresó.
Figueroa Villalba indicó que permaneció un año y siete meses bajo medida cautelar, periodo durante el cual debía reportarse a la Oficina Regional Educativa de Arecibo sin recibir tareas ni información sobre su caso. “La ausencia de tareas, la amenaza de consecuencias mayores y la prolongación injustificada del proceso, afectan la identidad profesional, la autoestima, la salud emocional, el estado anímico y la vida familiar de la persona afectada”, afirmó.
A estos testimonios se sumó el del maestro Cecil Lewis Matías, quien indicó que lleva dos años bajo medida cautelar. “Mi salud física, emocional y financiera ha sido seriamente afectada, tanto por las actuaciones individuales como por la ausencia de una reglamentación adecuada y balanceada para la utilización de este mecanismo”, sostuvo.
La Asociación de Maestros, representada por su vicepresidente Raúl González, expresó respaldo a que se atiendan los casos prolongados, aunque advirtió que el término de un año podría ser insuficiente. “No obstante, dudamos que el periodo de un año sea suficiente para que se garantice una investigación adecuada y exhaustiva, considerando la falta de personal que hay en las agencias gubernamentales y la cantidad excesiva de querellas que recibe la División Legal del DE”, indicó.
Organizaciones como EDUCAMOS y UNETE también participaron de la audiencia.
Durante la vista, la representante Lisie Burgos Muñiz calificó el trato denunciado por los docentes como “un castigo cruel e inusitado”.
Por parte del Departamento de Educación, la directora de Política Pública, Lcda. Saraí Ruiz Maisonet, indicó que la agencia favorece la medida. “Por entender que ello promueve la eficiencia administrativa y la protección del debido proceso de ley. El término de un año propuesto en la medida resulta razonable, particularmente al contemplar excepciones por justa causa o fuerza mayor”.
No obstante, advirtió que las enmiendas a la Ley de Reforma Educativa deben realizarse sin comprometer los procesos investigativos ni la capacidad del Departamento para atender casos complejos.
A preguntas de la presidenta de la comisión, la representante Tatiana Pérez Ramírez, la directora de la Unidad de Investigación de Querellas Administrativas, Lcda. Frances Ginés Aldahondo, informó que actualmente hay nueve investigadores para atender casos a nivel isla.
Según datos presentados en la audiencia, existen 126 casos activos de medidas cautelares y 1,800 bajo procesos disciplinarios.
Ruiz Maisonet reconoció que la situación representa “un reto” para la agencia y señaló que se evalúan medidas dentro del Plan de Clasificación y Retribución, así como el reclutamiento de personal legal.
Durante la vista también se discutió el acceso al Programa de Ayuda al Empleado (PAE), cuyos servicios se concentran en San Juan, lo que limita su alcance para empleados en otras regiones.
La representante Pérez Ramírez calificó esta situación como “alarmante y preocupante” y señaló la necesidad de ampliar recursos en salud mental para el personal docente. “Sabemos la situación que enfrenta Puerto Rico con la salud mental, al igual que el magisterio, por los retos y las dificultades que también atraviesan. Así que yo creo que disponer de más recursos es necesario”, expresó.
En la audiencia participaron además los representantes Joe “Joito” Colón Rodríguez, Reinaldo “Rey” Figueroa y Denis Márquez Lebrón.